La interminable crisis del BBVA puede terminar en intervención

La imputación del BBVA por posibles delitos de cohecho, revelación de secretos y corrupción en los negocios por parte del juez de la Audiencia Nacional Manuel García Castellón, atendiendo a la solicitud de la fiscalía anticorrupción y rechazando que la entidad financiera pueda ejercer de acusación particular, es un paso más en el futuro de su expresidente Francisco González (FG), de su presidente actual, Carlos Torres, y del propio Banco, que puede terminar en una intervención.

Sobre todo cuando se ha conocido parte del auto de la imputación del que se deduce que personas de la cúpula del BBVA pidieron contratar al excomisario Villarejo sin necesidad de sortear mecanismo alguno de vigilancia interna para evitar comportamientos irregulares, sino por la mera voluntad de contar con sus servicios de espionaje. Analizando esta interpretación del juez de la Audiencia Nacional, sorprende que ha manejado el Banco con todos los poderes durante 18 años, sin que se moviera nada que él no supiera, que él se entero del tema Villarejo y sus relaciones con el Banco a través del excomisario de la policía Judicial Julio Corrochano, su jefe de seguridad, por los periódicos el año pasado, algo realmente insólito.

Estos días de agosto, después de que el juez de la Audiencia Nacional García Castellón aplazase el 29 de julio el levantamiento del secreto del caso, están sirviendo para que el nuevo presidente del BBVA Carlos Torres, designado por Francisco González, recapacite sobre su estrategia por el escándalo de las relaciones del Banco con el excomisario José Villarejo, que se ha convertido en un auténtico culebrón, que tiene preocupados al Banco de España, a la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV) e, incluso, y es lo más grave, para el sistema, al BCE (Banco Central Europeo).

No se espera que durante este mes de agosto el juez de la Audiencia Nacional que lleva el caso practique nuevas diligencias, después de que cinco de los más importantes ejecutivos del Banco, imputados por el juez García Castellón, prestasen declaración en la Audiencia Nacional, aunque todos se acogieron a su derecho a no declarar por consejo, han dicho desde la cúpula del Banco. Los cinco directivos de los nueve imputados que siguen en activo son: Ignacio Pérez Caballero, director de Red de Banca Comercial en BBVA España; Javier Malagón Navas, responsable de Control y Finanzas; Inés Díaz Ochagavía, directora de Seguridad Corporativa; y Nazario Campo Campuzano, jefe de equipo de Seguridad.

Hasta ahora, el investigado (imputado) de mayor relevancia es Ángel Cano, que fue CEO desde 2009 a 2015, años después de los espionajes realizados a políticos, empresarios y periodistas para salvar la presidencia del BBVA, que ostentaba, Francisco González, amenazada por Sacyr y su presidente Luis  del Rivero e intereses de La Moncloa, hasta donde llegó el espionaje de Villarejo, contratado por FG y su Jefe de Seguridad Julio Corrochano, que llegaron a grabar conversaciones de la vicepresidenta de entonces, la todopoderosa María Teresa Fernández de la Vega. El caso del BBVA afecta a las profundidades de la política, ya que el cargo de González como presidente de la entidad, que asumió en el año 2000, se debe al apoyo que le brindó el entonces presidente del Gobierno José́ Marina Aznar.

Posteriormente, el Gobierno socialista del presidente Zapatero, que asumió el cargo en 2004, veía el BBVA, que surgió de la fusión de varios bancos impuesta por Aznar unos pocos años antes, como un bastión del PP. Por lo tanto, apoyó al conglomerado madrileño de construcción Sacyr, en su intento por apoderarse del BBVA. En consecuencia, el jefe del BBVA, González, encargó a la agencia de detectives de Villarejo, que reuniera material incriminatorio contra los responsables políticos de esta operación. Esto incluida información sobre infidelidades y preferencias sexuales.

Durante todo este año se han ido filtrando informaciones de grabaciones comprometedoras que parecían que respondían más a la actuación de una banda de delincuentes que a los responsables de un gran banco. Todos estos episodios han sido seguidas con preocupación por el Banco Central Europeo que ha  presionado para que se aclare cuanto antes todos los extremos de este escándalo que puede afectar a la credibilidad del sistema financiero español. La falta de transparencia e iniciativa del nuevo presidente, Carlos Torres, puede tener consecuencias inmediatas si la Audiencia Nacional condena no solo a los directivos del BBVA, sino a la propia entidad como persona jurídica. Hasta el año 2015 no se podía condenar a una empresa pero a partir de la reforma del Código Penal de ese año, es posible.

Si se llega a dar ese paso será inevitable la intervención del Banco de España. Hace unos días el periódico ‘Expansión’ daba cuenta de que la Fiscalía del Estado estaba estudiando ya, imputar al BBVA y a su Consejo de Administración. Desde republica.com el pasado 17 de julio se aseguraba que esa situación, podría provocar la intervención del BBVA por el Banco de España, para nombrar nuevos administradores ante el riesgo de fuga de inversores y depositantes de esa entidad. Por causa de un escándalo que no deja de crecer y sobre el que el Banco Central Europeo (BCE) ha empezado a hacer sonar las alarmas pidiendo a sus actuales gestores máxima claridad, diligencia y velocidad en aportar a la Justicia los datos sobre el escándalo.