Juicio al Procés: crónica anunciada de un Golpe de Estado

Lo que ocurrió en Cataluña entre Marzo de 2015 y Octubre de 2017, fue la Crónica de una Rebelión, la Crónica de un Golpe de Estado anunciado. Es la tesis político-jurídica-literaria a la que ha llegado el fiscal Javier Zaragoza, después de casi cuatro meses de juicio, que se encuentra en su fase final para la sentencia, que será elaborada por el presidente del Tribunal, Manuel Marchena, y que se hará pública después del verano.

Con el recurso jurídico-literario de García Marques, el fiscal Zaragoza ha querido dejar claro lo que era realmente el “Procés: La sustitución de un orden jurídico por otro por medios ilegales. Esto es lo que pretendían. Derogar, suspender total o parcialmente la Constitución y declarar la independencia de una parte del territorio nacional, un auténtico golpe de estado”, algo penado como Rebelión según el articulo 472 del Código Penal.

Desde el principio de su intervención Zaragoza ha querido dejar claro que quienes se sientan en el banquillo no están siendo juzgados están por la criminalización de la disidencia política. “No se persiguen ideas políticas, ni proyectos políticos no compatibles con el orden constitucional. La razón es, ni más ni menos, que haber intentado liquidar la Constitución de 1978, un instrumento básico de nuestra convivencia. Haber atacado gravemente el orden constitucional mediante procedimientos ilegales”, en el que desempaña un papel fundamental (“maquinista” de este Proceso, ha dicho) el vicepresidente de la Generalitat, Oriol Junqueras para el que se pide 25 años de prisión.

Según Zaragoza, hubo violencia, y esa violencia se empleó “como instrumento para favorecer la independencia”. El tipo delictivo de rebelión, aclaraba, “no necesita ni violencia grave ni violencia armada” “No hacen falta armas ni militares”. La Fiscalía considera que lo ocurrido en Cataluña entre septiembre y octubre de 2017 fue “excepcional” y, como tal, justifica y merece una respuesta jurídica contundente. “Se movilizaron 6.000 policías, esto no es normal. El Rey tuvo que dar un discurso de enorme calado, que tampoco  es normal. Y se usó el artículo 155 de la Constitución, que no se usa para un simple acto contra el orden público. Estas circunstancias excepcionales, demuestran que lo que se dio era un ataque contra el orden constitucional, no contra el orden público, por eso no puede ser una sedición”.

Este es el cuerpo acusatorio principal, complementado por los fiscales Jaime Moreno, que en un momento determinado deslizó una critica a la inacción del gobierno de Mariano Rajoy, Consuelo Madrigal, y Fidel Cadena, que han desarrollado la tesis de que estamos ante un delito de Rebelión y no la de sedición, porque lo que hubo en Cataluña fue una “insurrección”. ”No puede ser una sedición, crimen contra el orden público: fue un ataque contra el orden constitucional y Oriol Junqueras fue el “motor principal de la Rebelión”, en la que participaron, entre otros, Jordi Sánchez, Jordi Cuixart (dueño y señores del orden público y cívico en Barcelona), Joaquim Forn, que controló a los Mossos, y la expresidenta del Parlament Carmen Forcadell, que desobedeció repetidamente las ordenes del Tribunal Constitucional.

Las peticiones de la Fiscalía y la dureza de las intervenciones, cuando desde ayer había corrido en círculos judiciales, la tesis de que se iba a rebajar las penas en un escenario más benévolo para los procesados, ha causado una gran impresión en Cataluña y en la Generalitat, donde el presidente Quim Torra se ha reunido con los representantes de la Asamblea Nacional de Cataluña (ANC) y Omnium Cultural que le han pedido una reacción ”amplia y contundente”, recordándole que “la clave del éxito del 1 de Octubre fue la unidad estratégica y de acción que se consiguió”.

Los responsables políticos de esos dos movimientos que forman parte de la movilización del independentismo, no han querido presionar al Presidente de la Generalitat, que acaba de cumplir un año al frente del Govern, un Govern que al igual que el Parlament están paralizados, para que convoque elecciones autonómicas, algo que parece que dejarán para cuando se haga pública la sentencia después del verano