Batet le devuelve la decisión del futuro de los presos a Marchena

Si el pasado Lunes este cronista se refería a esta XIII Legislatura como la Legislatura de las Sorpresas (ver republica.com Nuevas Cortes: la Legislatura de las Sorpresas), hoy debería añadir que este Nuevo Parlamento comienza no sólo bajo el signo de la sorpresa, sino también especialmente tras el Esperpento de ayer Martes con los juramentos y promesas -muchas de estas, verdaderas provocaciones con invocaciones a la República catalana, al Referéndum del 1-O, e incluso a los llamados presos políticos- la Legislatura de los conflictos. Por las distintas fórmulas utilizadas por los diputados para jurar o prometer la Constitución, y sobre todo, por el comportamiento de la Sala Penal del Supremo que ha traspasado el problema de qué hacer con los políticos procesados y pendientes de sentencia a la Mesa del Congreso de los Diputados indicándoles, incluso, el artículo del Reglamento de la Cámara que deben aplicar.

Ya en la Diputación Permanente del Congreso, el órgano que funciona con el Parlamento disuelto, en lo que fue su última reunión, se manifestaron las reticencias de sus miembros a esa decisión del Supremo, que parecía con la excusa de que no querían intervenir en el Gobierno de la Cámara, un intento de quitarse un problema de encima, cuando se inicia la etapa final del Juicio del 1-O, con los testimonios finales y las conclusiones.

Es el gran desafío que tiene pendiente el presidente del Tribunal Manuel Marchena. Por eso ha querido dejar el tema atado y bien atado, al recordar que “continúan concurriendo” las razones por las que están encarcelados (el riesgo de fuga y de reiteración delictiva), “con especial fuerza si valoramos el momento del juicio en que nos encontramos”. La vista oral está en su recta final, y tanto la Sala como el propio Marchena no quiere contemplar siquiera la posibilidad de que cualquiera de los cinco acusados que han obtenido escaño, sigan el camino de la huida como el expresidente de la Generalitat Carles Puigdemont, frustrando en su recta final el juicio que comenzó el pasado 12 de Febrero. Algo que constituiría además de un autentico escándalo, un peligro de que todo el juicio no haya servido de nada.

De este modo, la Sala de lo Penal del Supremo, ha hecho llegar a las Cortes el correspondiente auto en el que se deniega la libertad provisional de Oriol Junqueras, Rull, Turull, y Sánchez, así como la negativa a solicitar el suplicatorio, como piden las defensas, por estar el juicio oral muy avanzado, para pedir a la Mesa del Parlamento que sea el órgano encargado de la suspensión de las funciones de los cuatro diputados que ayer prometieron (¿) la Constitución después de recoger sus actas. En el auto se especifica que la Mesa debe aplicar el articulo 21.2 del Reglamento de la Cámara, en el que se especifica que un diputado quedará suspendido cuando se haya concedido el suplicatorio (algo que no se hará, según estima la Sala), haya sido procesado y se haya decretado su prisión provisional. Es evidente que el Supremo cree que los Diputados deben ser suspendidos, pero que no es el órgano que debe hacerlo, porque lo contrario sería una intromisión en las facultades de la Mesa.

Esa es la reticencia que tanto los miembros de la Diputación Permanente, como la recién formada Mesa del nuevo Parlamento, han manifestado. Hoy la presidenta del Congreso Meritxell Batet, ha querido quitarse el problema de encima y le ha devuelto la pelota al Supremo, pidiendo que aclare cuál es la situación en que deben quedar los diputados presos, añadiendo que “la función jurisdiccional corresponde al poder judicial, que es quien ha determinado en que situación quedan las personas en prisión preventiva.

Al mismo tiempo, y no se sabe por qué, la Fiscalía han entrado de pronto en este debate jurídico-político, y ha pedido al Supremo que ordene a las Cortes suspender de forma “inmediata” a los dirigentes independentistas presos. En un escrito registrado en el alto Triunal, la Fiscalía considera que el Congreso debe aplicar la Ley de Enjuiciamiento Criminal que prevé la suspensión de funciones de los cargos públicos procesados por rebelión que estén en prisión preventiva. Argumenta el Ministerio Público que este precepto es de “obligado cumplimiento” y el Supremo debe comunicarlo así a las Cámaras para que suspenda a Junqueras, Turull, Rull y Sánchez, que obtuvieron escaño en el Congreso, y a Raúl Romea como senador.

Un conflicto sobre el que se pronunciaran los grupos políticos este Jueves en la reunión de la Mesa, que se celebrara a las doce y media, en un clima tenso porque la oposición (Ciudadanos, PP y Vox) creen que la suspensión debió llevarse a cabo de forma inmediata el mismo Martes, tal como ordena el Supremo. Con una gran responsabilidad y un gran sentido de la oportunidad, Unidas Podemos ya han anunciado que no descartan votar en contra de la suspensión.