Juicio al golpe del 1-O, en pleno vendaval político y electoral

En medio de una gran tensión política en Cataluña por lo que muchos creen que ha comenzado a juzgarse a la democracia y a la libertad de los catalanes, y, en Madrid, por la inminente devolución al Gobierno de forma definitiva de los Presupuestos Generales del Estado, y la que parece inminente disolución de las Cortes Generales en pleno vendaval político entre gobierno y oposición, que desembocará en una convocatoria de elecciones, ha comenzado, en el Tribunal Supremo, el juicio contra los máximos responsables de los gravísimos sucesos que condujeron, tras la aprobación en el Parlamento catalán, con ausencia de la oposición, de unas Leyes de desconexión con España que dieron lugar a un Referéndum ilegal y a una Declaración Unilateral de Independencia de Cataluña de España.

Esa primera jornada judicial, con manifestaciones en las calles de Barcelona y concentraciones en numerosos pueblos y ciudades de Cataluña en protesta por lo que llaman “el juicio de la vergüenza” , ha servido para que los abogados defensores de los principales encausados, entre los que se encuentra el vicepresidente de la Generalitat Oriol Junqueras, expusiesen sus argumentos de por qué el juicio puede terminar en una nulidad, en tanto no se han respetado los derechos de defensa de los procesados, porque además se han vulnerado todos los derechos reconocidos en la misma Constitución y se ha hecho una causa general contra el independentismo catalán.

Muy cerca de allí y también en medio de una gran tensión política y enfrentamiento de la Ministra de Hacienda con la oposición, especialmente con Albert Rivera y Pablo Casado, comenzaba el debate en el Parlamento de las seis enmiendas a la totalidad presentadas por Partido Popular, Ciudadanos, Foro Asturias, Coalición Canaria y dos de los partidos que votaron la moción de censura que permitió la llegada de Pedro Sánchez a la Moncloa: el PDeCat y Esquerra Republicana de Cataluña que parece que no están dispuestos a retirar esas enmiendas para permitir por lo menos, la posibilidad de debatir los Presupuestos. Todo parece decidido y solo se espera que tras la votación de este miercoles el Presidente del Gobierno anuncie elecciones generales para el 24 de abril (última fecha que se baraja) o el 26 de mayo con un superdomingo electoral con comicios municipales, autonómicos, europeos y generales . O aguantar hasta el otoño, que también, conociendo a Sánchez es posible.

Hoy gran parte de la prensa mundial está pendiente de lo que ocurre en España en dos escenarios: el Tribunal Supremo y el Congreso de los Diputados, dónde, de alguna forma, se decide, el futuro del Gobierno socialista de Pedro Sánchez, apoyado hasta ahora, por los independentistas catalanes, el futuro de ese independentismo que hoy ha salido de nuevo a la calle para apoyar a sus líderes juzgados en Madrid y el futuro político del país, a través de unas nuevas elecciones generales que serán convocadas en los próximos días tras la disolución de las actuales Cortes Generales, ante lo que el periódico alemán Frankfurter Allegemaine Zeitung llama “Bloqueo español” .

Cuando Pedro Sánchez derrocó el pasado mes de junio al gobierno conservador de Rajoy – cuenta el FAZ – prometió la pronta celebracióń de nuevas elecciones. Desde entonces, su gobierno minoritario apenas ha logrado nada. Ahora, tambiéń su Presupuesto amenaza con fracasar. En junio fue un acierto poner fin a la legislatura del PP, lastrado por un escándalo de corrupción. Ahora es hora de que Sánchez cumpla con su promesa. “Con 84 de 350 diputados no se puede gobernar de manera fiable la cuarta economía de la UE”. Pero España necesita una situación clara, hasta ahora, los políticos españoles prefieren agudizar la confrontación en lugar de osar algo nuevo. Si no aprenden, las elecciones tampoco servirán de nada. “Entonces continuará el bloqueo paralizador español, que dura ya demasiado tiempo”.

Parte de ese bloqueo es responsabilidad de la situación de Cataluña , según se encarga de recordar el semanario alemán Der Spiegel que cree que el juicio que acaba de empezar hoy “amenaza con paralizar toda la política española durante meses”, porque se desarrolla entre dos conceptos antagónicos “traidores o presos políticos”. Mientras la oposición de derechas insulta a Sánchez llamándole traidor y le acusa de colaborar con populistas y separatistas, los amigos de partido de los acusados le niegan su apoyo. Se quejan de que el gobierno de Madrid no haya logrado ni la puesta en libertad de los llamados presos políticos ni suavizado las acusaciones penales “algo que de por sí no compete al Gobierno”.

La mayoría de los medios hacen un resumen de lo que ha ocurrido en España desde la etapa en que gobernaba Mariano Rajoy y algunos periódicos del Reino Unido como The Guardian o The Times, hacen un relato muy crítico, insistiendo en la ausencia de observadores internacionales y destacando que no solo está en juego, el futuro de los doce acusados sino, también, la credibilidad del Estado español y recoge las tesis del movimiento independentista que los acusados no recibirán un juicio justo en el marco de un sistema judicial que consideran que tiene un sesgo político remanente del franquismo “Madrid, sin embargo, está decidida a demostrar, dice, que puede garantizar un juicio justo insistiendo en que los acusados serán procesados por sus actos, y no por sus ideas”