Tensión en el PSOE por el nombramiento de un mediador para Cataluña

“Aprobar un Presupuesto no justifica cesiones que pongan en cuestión la Constitución, la unidad de España, el estado de derecho ni la decencia”. El texto de este tuit no pertenece a ningún miembro de la oposición, sino a un dirigente del PSOE, el presidente de Aragón Javier Lamban, y es el mejor resumen de lo que piensan muchos de los militantes del partido cuando ayer se enteraron, además de la cantinela del derecho de Autodeterminación de Cataluña y de una intervención del Ejecutivo ante el Poder Judicial para que desaparezcan los delitos más graves del juicio contra los responsables del Procés que se sientan en al banquillo, que había que buscar un mediador para las conversaciones entre partidos políticos catalanes y españoles.

El tuit de Lamban subido a la red poco antes de las diez de la noche del Martes, ha traído tanta cola que ha arrastrado a otros dirigentes socialistas en lo que parecía una autentica rebelión, y un terremoto político. El presidente de Castilla la Mancha Emiliano García Page, el presidente extremeño Guillermo Fernández Vara, que preside además el Consejo de Política Territorial y que manifestaba su asombro por esa figura sacada del baúl de los recuerdos, el expresidente castellano manchego José María Barreda, la diputada Soraya Rodríguez (“ni mediadores, ni relatores. El diálogo entre el Estado y las Comunidades Autónomas, necesita respeto a la Constitución, al Estatuto y a las Instituciones).

El terremoto adquiría tal intensidad que el Gobierno tenía que sacar a la vicepresidenta Carmen Calvo, que había iniciado el conflicto este martes en el Senado, y eso fue un nuevo error. Pablo Casado, presidente del PP, suspendía un viaje internacional a Grecia y empezaba a especularse con una posible moción de censura, que iría destinada al cajón porque numéricamente es imposible, mientras llamaba “mentiroso y felón” al Presidente del Gobierno, al que decía, hay que “pararles los pies“ porque esto es lo más grave que ha pasado en España desde el golpe del 23F. Albert Rivera más moderado llamaba a la gente a salir a la calle para “frenar a Sánchez”. Santiago Abascal, presidente de Vox, insinuaba que se estaba reconociendo de facto la independencia de Cataluña. Los tres partidos convocaban manifestaciones para este Domingo en la Plaza de Colon.

La comparecencia de la Vicepresidenta fue disparatada. Tan disparatada como aquella intervención en el Vaticano sobre los restos de Franco, que según ella contaba con el visto bueno del cardenal Pietro Parolin, secretario de estado de la Santa Sede. Una versión que tuvo que ser desmentida por la propia Santa Sede. Ahora, cuando todo el país había oído a los independentistas que la condición para apoyar los Presupuestos del Estado, que empiezan a discutirse el próximo 13 de Febrero, era entre otras cosas, la presencia de un mediador internacional entre partidos (aquí se le ha dado la vuelta al término y se ha sustituido por el de Relator y no se cuál es peor), el reconocimiento del derecho de autodeterminación y, la intervención ante la Justicia para obviar el delito de Rebelión, sale la vicepresidenta y, sin mover un músculo, asegura que la aceptación del mediador-Relator no tiene nada que ver con los Presupuestos Generales del Estado…

Pero no solo eso, sino que puesta a negar la evidencia, añade que esos 21 puntos que el Presidente de la Generalitat filtró horas después de hacerse pública la figura del mediador-Relator, no existen y que, en cierto modo, se trataría de una fantasía de Torra. Entre esos puntos están: El Reconocimiento del derecho de autodeterminación del pueblo de Cataluña, que se ha de hacer efectivo; la Necesidad de una mediación internacional para una negociación de igual a igual: igual Respeto a la soberanía de las instituciones catalanas, y no amenazar más con la aplicación del artículo 155; el Compromiso para investigar los abusos policiales y económicos que ha sufrido Cataluña; la supresión de la vía judicial; las Garantías de separación de poderes; terminar con la limitación de los derechos fundamentales; la mejora de la calidad democrática de España; acabar con la complicidad de la policía y los jueces con la ultraderecha, garantizar la independencia judicial, iniciar un proceso de desfranquización y de un debate sobre la Monarquía, declarar la nulidad de los juicios franquistas como paso de memoria histórica y hacer efectiva una política de fosas comunes… Por lo visto se trataría de una pura invención.