El ‘procés’ en el banquillo, el fracaso de la política y el triunfo de la Ley

Cuando el próximo martes 12 de febrero los doce líderes independentistas catalanes procesados por delitos de Rebelión, sedición, malversación de fondos públicos y desobediencia, en un intento de romper la legalidad constitucional, se sienten en el banquillo de la Sala del Tribunal Supremo en el Palacio de Justicia, construido sobre el antiguo Monasterio de las Salesas Reales, fundado en 1748 para la educación de niñas nobles por la reina Bárbara de Braganza, esposa de Fernando VI, se darán cuenta de lo que en realidad representa el Estado de la que, constitucionalmente, la Generalitat forma parte.

Y cuando en esa Sala, abrumada por pinturas y ornamentos varios, eleven la vista y vean las pinturas en el techo que representan a la Justicia como “la Ley triunfando sobre el mal”, serán conscientes de que esa aventura que se juzga, que comenzó con un referéndum ilegal celebrado un 1 de octubre y terminó con la huida, escondido en el capó de un coche, de Carles Puigdemont, que ostentaba la jefatura de la rebelión, no podía terminar de otra forma, que en procesamiento y en juicio por delitos muy graves que llevan consigo, también, penas muy graves.

Este fin de semana mientras eran trasladados los políticos presos en cárceles catalanas a Madrid, para esperar en las prisiones de Soto del Real y Alcalá Meco el inicio del juicio, el líder del PSC Miquel Iceta, en la Facultad de Derecho de la Universidad de Barcelona (UB), decía que el juicio del ‘procés’ era “la evidencia del fracaso de la política” y de “dos Gobiernos que fueron incapaces de dialogar”. Efectivamente, fue el fracaso de la política pero, también, ahora, es el triunfo de la Ley, el triunfo del Estado de Derecho y el ejemplo más pedagógico y ejemplarizante de que nadie puede estar por encima de la Ley. Los doce presos catalanes estarán en Soto del Real, en el mismo módulo que el exvicepresidente del Gobierno Rodrigo Rato y el extesorero del PP, Luis Bárcenas.

En principio, los presos han llegado a Madrid con relativa normalidad y sin ese miedo difundido por el propio Torra de que podía abrir las puertas de las prisiones catalanas (bajo su competencia) a las que, en un gesto de distensión, accedió al traslado, el Gobierno. Ahora, dentro de poco más de una semana empieza el juicio que se desarrollará con todas las garantías, algo en lo que está empeñada tanto la Sala como su Presidente, Manuel Marchena. Entre otras cosas porque estamos ante el juicio más importante de la democracia, con mayor repercusión internacional que el que se celebró contra los golpistas del 23 de febrero de 1981, durante el Gobierno de Leopoldo Calvo Sotelo.

El juicio se transmitirá por televisión en directo, y por streaming, asistirán más de 600 periodistas de todo el mundo y lo que no se ha admitido es la presencia de observadores internacionales y defensores de los derechos humanos, partiendo de la base de que el juicio, que durará poco más de tres meses, no va a ser imparcial. Al estar presente como acusación particular, Vox, y su secretario general, Javier Ortega Smith va a tener una visibilidad notoria, en unos meses previos a la campaña electoral de los comicios municipales, autonómicos y europeos del 26 de mayo.

Por otra parte, el juicio influirá en la decisión definitiva que tomen tanto Esquerra como PDeCAT en la aprobación de los Presupuestos Generales del Estado y, en la decisión del Presidente del Gobierno sobre un posible adelanto electoral para unas generales que podrían coincidir en un Superdomingo electoral, algo que preocupa a los barones autonómicos, a menos que se inicie una ruptura con el Presidente de la Generalitat Quim Torra. El último barómetro del CIS (Centro de Investigaciones Sociológicas) ha detectado que, igual que influyó en las autonómicas andaluzas, la situación de Cataluña, influirá  decisivamente en las próximas elecciones generales. Es decir que la cuestión catalana, puede influir mucho o bastante, en el voto del 42,9% de los electores.