Taxistas: cuentan con el apoyo de Podemos, pero no de los ciudadanos

Toma del recinto ferial de Ifema en Madrid por parte de centenares de taxis, desde primeras horas de la madrugada de este Miércoles, con hogueras en las calles y quema de contenedores, para impedir la inauguración oficial por los Reyes de Fitur, una de las mayores Ferias de Turismo del Mundo, que proporcionará a España unos ingresos de cerca de 400 millones de euros, y una asistencia de representantes del turismo mundial en la que participan 9.107 empresas, instituciones y entidades turísticas de 165 países y regiones que arrastrará a más de 250.000 personas.

Toma urgente de medidas preventivas, a petición de la Asociación de Transporte Internacional de Carretera, para impedir el bloqueo de la frontera en La Junquera por parte de taxistas de Barcelona y “chalecos amarillos”, para garantizar la libre circulación de personas y mercancías. El bloqueo de la frontera con Francia, como muestra de solidaridad con los “chalecos amarillos” franceses, en pie de guerra por el precio de los carburantes que han provocado una auténtica crisis política en Francia y una situación limite para su presidente Emmanuel Macron, es la referencia que han tomado taxistas madrileños y barceloneses para sus protestas.

Unas protestas por lo que piensan que todo son ventajas para los vehículos con conductor (VTC) de las plataformas digitales Uber y Cabify, que hasta ahora han sido pacíficas, y que se han convertido en un auténtico problema de orden público y de amenaza para el ciudadano durante las movilizaciones y acciones violentas de esta semana, hasta el punto que se han convertido en un auténtico boomerang contra el gremio del servicio publico del taxi y contra los profesionales. Un sector que siempre ha sido modelo de funcionamiento, a pesar del trato con que en muchas ocasiones tratan a los cliente, sin tener en cuenta que, según ellos mismos, son un servicio público que tendría, entre otras cosas, que observar escrupulosamente unos servicios mínimos.

La radicalización de las protestas, ese interés de integrase en el movimiento de los “chalecos amarillos” franceses y belgas, adoptando hasta la estética de los manifestantes de los huelguistas de los dos vecinos países, utilizando los chalecos de seguridad amarillos que, obligatoriamente tienen que llevar en sus vehículos, el hecho mismo de constituir un colectivo que reivindica su carácter de “servicio público” (“sector público” según ha defendido con ardor la número dos de Podemos, Irene Montero, partido que se ha convertido en sativo animador del movimiento) no beneficia ni al sector, ni a sus miembros.

No estamos ante un servicio público, sino ante un servicio al público regulado, que se encuentra en una situación limite que debió resolver el Ministerio de Fomento en su momento, y que para no desgastar la imagen del nuevo Gobierno, decidió delegar en las Autonomías, que a su vez han delegado en los Ayuntamientos, que son los que tienen que decidir sobre contratación del servicio, la captación de clientes o los horarios de esos vehículos con conductor ( VTC) de Uber y Cabify.

El ministro de Fomento, señor Ábalos, que tendrá que afrontar la reprobación del Parlamento por su dejación de responsabilidades, ha considerado, sin pensarlo dos veces, que no cree ”que el conflicto perjudique la imagen de España”. Aunque esas imágenes de autopistas cortadas, calles incendiadas, contenedores ardiendo y millones de ciudadanos inmovilizados en el día de la inauguración de Fitur, formen ya parte de la “Marca España”. Esos que pretenden ser los “chalecos amarillos españoles” y que quieren “internacionalizar el conflicto”, poco van a conseguir con la violencia y con acciones como la de hoy contra Fitur. Contarán con el apoyo de Podemos (“estamos esperando que llegue Rafa Mayoral para definir el siguiente paso” decían en Twitter) pero poco más. Han perdido el apoyo de los ciudadanos.