El desprestigio del Supremo y su efecto en el juicio de los políticos presos…

Este jueves el Consejo de Ministros aprobará la elaboración de un Decreto Ley para que sean los Bancos y no los clientes (como decidió el martes la Sala Tercera del Tribunal Supremo, rectificando una sentencia a favor de los clientes) los  que paguen los impuestos sobre las Hipotecas en las escrituras ante notarios de los préstamos que se concedan.

La decisión anunciada en una inesperada rueda de prensa por el Presidente del Gobierno Pedro Sánchez, se produce por el escándalo y falta de sensibilidad del Tribunal Supremo, capaz de cambiar una sentencia en  unos  días;  una sentencia que perjudicaba a la Banca y que ha sido cambiada , en lo que supone un  Verdadero escándalo y un desprestigio del propio Tribunal Supremo, incapaz de explicar por qué  se ha producido esta situación, sin que tengamos que esperar a una sentencia que llega  tarde ante la indignación y frustración que ha producido un Tribunal dividido,  y,  sobre todo,  mal dirigido y peor presidido.

Aunque el Presidente del Gobierno, que ha actuado con rapidez, sensibilidad, y  sentido común, ha querido quitar hierro al grave conflicto que se ha creado y cuyos responsables máximos, todavía siguen en sus puestos como si no hubiera pasado nada, y ha insistido en que no cree que la situación que se ha generado vaya a “minar la credibilidad” de la justicia -“nada tiene que ver una cosa con la otra”, ha apuntado-,  es claro que el máximo órgano de la Justicia española, ha abierto tal nivel de desconfianza y de sospecha en el ciudadano que la única salida es la que ha anunciado el Presidente que contará con el apoyo de todos los partidos políticos . Todos, sin excepción, entienden que “como poder Ejecutivo no podemos dejar de lamentar la situación generada por la sentencia  que no es positiva para la banca, los ciudadanos y los jueces”.

Lo que este jueves, dentro de unas horas, va a modificar el Consejo de Ministros, es el artículo 29 de la Ley de Transmisiones Patrimoniales y Actos Jurídicos Documentados que establece que “será sujeto pasivo (obligado al pago del impuesto) el adquirente del bien o derecho y, en su defecto, las personas que insten o soliciten los documentos notariales, o aquellos en cuyo interés se expidan”. Es en la última parte del artículo, “aquellos en cuyo interés se expidan”, en la que se apoyaron los cinco magistrados que dictaron la sentencia del 18 de octubre para modificar la doctrina al considerar que son los bancos los principales interesados en la firma de una hipoteca, los beneficiarios, y por lo tanto los que deberían estar obligados a pagar el impuesto.

Es en ese punto donde se ha producido el escandaloso cambio por parte de la Sala Tercera del Supremo, Contencioso Administrativo, que beneficia a la Banca y perjudica al ciudadano y que ha creado el clima adecuado para pensar que son las presiones de los grandes poderes financieros,  los que han influido este martes de forma decisiva, en la polémica sentencia, por dos votos de diferencia (15 contra 13) entre los que se encuentra  el del Presidente de la Sala, Luis Díaz Picazo, que nunca debió haber llegado a ese puesto para el que no estaba preparado (su especialidad es el Derecho Constitucional), y que llegó,  por la imposición de su amigo, el Presidente del Supremo, Carlos Lesmes. A estas alturas, y a pesar del gran escándalo, ninguno de los dos ha dimitido todavía…

Hace unos días este cronista, al comentar la decisión del Presidente de Sala de lo Contencioso , de convocar un Pleno para que todos  los miembros de la Sala se pronunciasen sobre la primera sentencia que una sección  había fallado contra la Banca, con los consiguientes perjuicios económicos y sociales le podía causar al sector, afirmaba que eso abría un auténtico conflicto. Un conflicto que podía hacerle un daño irreparable al máximo órgano jurisdiccional español, situado en estos momentos, en el centro del problema del juicio por el  Procés en Cataluña, cuyo futuro depende de la Sala Segunda del Supremo. Porque, según los independentistas ,  si se puede cambiar una sentencia del Supremo de lo contencioso ¿por qué no, un criterio general, de la Sala Segunda de lo Penal?

Y efectivamente el pronóstico se ha cumplido. Y hoy, en  una intervención ante el pleno del Parlament, el Presidente de la Generalitat Quim Torra, ha pedido a la Fiscalía y a la Abogacía del Estado que rectifiquen la petición de penas a los líderes soberanistas procesados que formularon la semana pasada: “Están a tiempo de rectificar. Tienen que hacerlo. Cuando conviene hacerlo con los bancos saben hacerlo y lo hacen. El  independentismo, ha añadido, se plantea el juicio a los independentistas como una oportunidad para criticar la posición del Estado y “yo  estoy aquí hoy para acusar al Estado español. ¿Quién puede callar ante una aberración tan grande?”.