El Pleno de la Sala Tercera del Tribunal Supremo, formado por una treintena de magistrados, decidirá el próximo 5 de noviembre, si corrige o mantiene la sentencia que dictó el pasado Jueves que son las entidades bancarias quienes deben pagar el impuesto de actos jurídicos documentados y no los clientes, como se establecía hasta la fecha. La sentencia que había producido un hundimiento en la Bolsa de la cotización de los Bancos, una alegría generalizada entre los ciudadanos y una auténtica ofensiva política de las entidades financieras, con el intento de dar marcha atrás a una sentencia, ha originado una auténtica crisis en la Justicia y, sobre todo, en el Tribunal Supremo. Pero ¿cuál ha sido la gestación de esta crisis de imprevisibles consecuencias y que tiene dividido al mundo judicial y político?

Se trata de una relación de hechos concatenados. Una sentencia de una Sección del Tribunal Supremo claramente favorable al consumidor, decidiendo que son los Bancos los que tienen que pagar los impuestos que lleva consigo la apertura de una hipoteca, decición, que va en contra de otras sentencias  que, casi nunca han beneficiado al consumidor; el hundimiento en bolsa de la cotizaciónón de la Banca, que llegó a perder el día de la sentencia 5.500 millones de euros en valor burasail, y que superó, en unos días,  las pérdidas bursátiles en más de 60.000 millones de euros; el miedo del sector a lo que habría que pagar por el cumplimiento de una sentencia  ue podría suponer para la banca miles y miles de millones de euros, sin tener nada provisionado, y sin saber a partir de cuando había que afrontar el efecto de la sentencia.

Y como dato fundamental, en este complicado panorama, que empezó a dibujarse el pasado Jueves, y en el que ha entrado en tromba la Justicia española y, sobre todo, el Tribunal Supremo, está el hecho mismo de que el Presidente  de la Sala de lo Contencioso Administrativo, Díez Picazo, a la que pertenece la sesión segunda que dictó la sentencia, se enterase de la misma por la prensa, según él, cosa que niegan los magistrados que elaboraron la sentencia, y que le sitúa como uno de los responsables del conflicto, y de la decisión tomada horas después de la sentencia,  de que se reuniese el Pleno de la Sala (compuesto por 31 magistrados) para aunar criterios, ya que la sentencia que tanto ha alarmado a la Banca, va en contra de todo lo que se ha decidido sobre la materia, tanto por el Supremo como por el Constitucional.  Un conflicto que puede hacerle un daño irreparable al máximo órgano jurisdiccional español, situado en estos momentos en el centro del conflicto de Cataluña, cuyo futuro depende de la Sala Segunda del Supremo. Porque si se puede cambiar una sentencia del Supremo de lo contencioso ¿por qué no, de la Sala Segunda de lo Penal?

Ante una situación tan crítica, de la que no sale muy bien parado el Tribunal Supremo, por la forma en que se han producido los acontecimientos y en las explicaciones que ha habido que improvisar para calmar la legitima indignacion de losciudadanos, que lo único que entienden es que cuando se han tocado los intereses de la Banca, se cambian las reglas del juego. Es lo que piensan la mayoría de los ciudadanos cuando hayan conocido la lectura que el ex portavoz de Jueces para la Democracia Bosch  Grau hace de la decisión tomada por Díez Picazo. “Seis magistrados en Tributos dictan sentencia que protege derechos de los consumidores frente a las entidades bancarias. Ahora se dice que se valorará otra interpretación  por otro Tribunal  que no es el predeterminado. ¿Es función  del Tribunal Supremo proteger a la Banca?

Precisamente la  Asociación Jueces para la Democracia (Jipad) ha exigido hoy la "dimisión inmediata" de Luis María Díez-Picazo, Presidente de la sala tercera del Tribunal Supremo por su "nefasta gestión" ante la petición de revisión de la sentencia de las hipotecas, sentencia de la que estaba al tanto desde el principio y que no convocó el Plenario en cuanto la conoció. Con la decisión del magistrado, JJpD mantiene que han generado "alarma social" y "desconcierto en la ciudadanía", además de una "inseguridad jurídica" y una "imagen lamentable" de la Justicia, por la utilización indebida de las facultades legales.

Se da la circunstancia que uno de los nombramientos que produjo más conflictos dentro de la carrera judicial fue precisamente el de Diez Picazo, como Presidente de la Sala Tercera  del Supremo, cargo que le correspondía al ilustre jurista José Miguel Sieira por prorroga de mandato, que fue impugnado y cuya impugnación llegó hasta la mesa del relator de la ONU... Ni las protestas ni los recursos sirvieron de nada  y hoy el señor Diez -Picazo, se encuentra en el centro mismo de la polémica, una polémica que deja el prestigio y la independencia de la justicia y del Supremo, en entredicho.