Un Presupuesto electoral para lo que es ya un Gobierno de Coalición

A las ocho y media de la mañana de este Jueves y antes del inicio del Consejo de Ministros, con Pablo Iglesias, como virtual vicepresidente de un Gobierno de coalición, se firmaba en el Palacio de la Moncloa, el acuerdo entre el Presidente del Gobierno y el secretario general de Podemos, para la aprobación de los Presupuestos Generales del Estado para el año que viene. Un año de tono claramente electoral ya que a partir de la primavera se celebrarán elecciones europeas, autonómicas y municipales y, probablemente se convocarán elecciones generales, a menos que acontecimientos imprevistos obliguen al Presidente del Gobierno a una disolución de las Cámaras antes de lo previsto y a una convocatoria electoral que Sánchez pretende retrasar lo más posible.

Con las ventanas abiertas en un gran salón desde el que se veía el Jardín de Palacio, era el escenario ideal para un pacto de lo que parecía ser la imagen de un Gobierno de coalición que daba su primer paso, con la firma de ese documento fiscal de cincuenta folios que ha sido negociado durante estos últimos días y que ha pasado por algunas dificultades superadas por esas medidas de claro carácter electoral y por nuevos impuestos que no se sabe qué resultado pueden cosechar. Entre las medidas electorales está la  subida del Salario Mínimo interprofesional a 900 euros mensuales, la regulación de maternidad y paternidad iguales e intransferibles, y  el acento puesto en la mejora substancial del  llamado “gasto social”,  como el aumento del presupuesto del plan estatal de vivienda, una mayor protección a los inquilinos y una regulación de los Ayuntamientos de los precios del alquiler en determinadas zonas sociales, más fondos para la pobreza infantil, restauración del subsidio para desempleados mayores de 52 años, revalorización de las pensiones según el IPC, y una mayor inversión para la dependencia.

Para este aumento del gasto social se pretende ingresar más, a través de una subida del impuesto de Patrimonio del 1% a las grandes fortunas de más diez millones de euros; un tipo mínimo del 15% en el  Impuesto sobre Sociedades y del 18% para la Banca y las petroleras, un alza progresiva del IRPF para las rentas de 140.000 euros  anuales; subidas a las rentas del ahorro; incremento de la fiscalidad del Diesel, tasas a las plataformas digitales y, un aumento del gravamen a los dividendos empresariales obtenidos en el extranjero. Con todo esto el Gobierno calcula ingresar más de 5.678 millones de euros.

Durante estos últimos días tanto el Gobierno como su principal aliado, Podemos, han tenido que ceder uno y otro (aunque de hecho ha sido el Gobierno el que más ha cedido)  para salvar unos Presupuestos cuyas líneas generales, tras su aprobación este Jueves en Consejo de Ministros, tienen que ser enviadas a Bruselas  para su ratificación. Tienen que recibir el visto bueno de Bruselas y, sobre todo, tienen,  ahora,  que recibir el apoyo de la mayoría parlamentaria que ha permitido a Sánchez, tras la censura de Rajoy, instalarse en la Moncloa. El apoyo de Podemos a estos Presupuestos electorales, garantiza 151 Votos  pero hasta una mayoría de 176 votos el Gobierno necesita el apoyo, cinco votos del PNV (Partido Nacionalista Vasco),  claves en la caída de Rajoy el pasado mes de Junio, que votaron  los Presupuestos de Rajoy y que no se sabe que puede pedir para apoyar estos. Garantizados los cuatro votos de Compromis y el de Nueva Canarias son decisivos los apoyos de  de los nueve diputados de Esquerra Republicana de Cataluña  y los ocho del PDeCat.

De este modo, el principal obstáculo para que estos Presupuestos salgan adelante está en los partidos independentistas, ya que han venido insistiendo en que no apoyarán las cuentas públicas hasta que el Gobierno no intervenga en el contencioso de los políticos presos  y medie  ante la Fiscalía General del Estado para que retirare la acusación del delito de Rebelión contra los políticos que en estos momentos se encuentran en la cárcel  a la espera de juicio. Es decir que estaríamos ante un tema de principios que no cambiará por muchas concesiones económicas que haga el Gobierno para conseguir el apoyo del independentismo.

Lo transmitió hace unas horas el vicepresidente de la Generalitat, Pere Aragonés, a la vicepresidenta del Gobierno Carmen Calvo: “nos reafirmamos: mientras no haya movimiento de la acusación en el Supremo no es posible que hablemos de Presupuestos“. Es difícil un cambio de opinión de Carles Puigdemont que controla el PDeCat o de Esquerra que puedan como traidores a la causa y vendidos a Madrid por un plato de lentejas, se presenta como imposible, aunque en estos momentos el plato de lentejas supere los 2.200 millones de euros.