Primeras muestras de pacto del Gobierno sobre los políticos presos

A una semana de la celebración del primer aniversario del Referéndum independentista del 1 de Octubre, y mientras se preparan grandes movilizaciones en toda Cataluña (las del pasado jueves frente a la consejería de Economía de la Generalitat para pedir la libertad de los “Jordis”, fue un simple ensayo general) aumentan los gestos por parte del Gobierno Sánchez hacia los políticos presos en cárceles catalanas, acusados de Rebelión, sedición y malversación de fondos públicos.

A las declaraciones de este fin de semana de la delegada del Gobierno en Cataluña Teresa Cunillera anunciando que se muestra partidaria de que si los presos fueran condenados sean indultados por el Gobierno (posición que viene manteniendo un sector del PSC desde que Miquel Iceta, secretario general de los socialistas catalanes, abrió hace meses, esa puerta), se ha unido este domingo otras declaraciones de la vicepresidenta del Gobierno Carmen Calvo, la persona dentro del Consejo de Ministros, más cercana al Presidente. Tiene su despacho al lado mismo del Presidente, y es, la que está más coordinada con el Jefe del Ejecutivo, en una situación que la principal critica hacia el nuevo gobierno es, precisamente, la falta de coordinación.

No parece que esa sea la situación de la vicepresidenta que además de Ministra de la Presidencia, de  relaciones con las Cortes, y de Igualdad, ejerce de asesora jurídica del Gobierno por su experiencia como profesora de Derecho Constitucional de la Universidad de Córdoba. Carmen Calvo, en unas declaraciones este domingo al periódico “La Vanguardia” de Barcelona se muestra partidaria de la libertad provisional de los presos que están pendiente de juicio. “Que estén en prisión no ayuda, y si se alarga mucho la vista oral se podrían tomar otras medidas”, dice la vicepresidenta del Ejecutivo. Calvo insiste en que “sería razonable” que el juez se plantee la posibilidad de no alargar más la prisión preventiva en virtud de que “se va a alargar la vista oral”.

“Las medidas las decide un juez, no le voy a decir lo que tiene que hacer, faltaría más”, comentó la vicepresidenta. “Salieron los de La Manada, por ejemplo. Y parecería lógico que el juez, en el ámbito de sus competencias y con total independencia, sin presión de nadie, pudiera decidir que estuvieran en otras condiciones”. “Evidentemente no deben estar en libertad, porque son parte de un procedimiento, pero la prisión preventiva está para lo que está”. En efecto, está para, entre otras cosas, evitar el riesgo de fuga como es evidente en el caso de siete de los responsables políticos, supuestamente implicados en los mismos delitos que los políticos presos, que han huido de la Justicia y se encuentran en Bélgica y en Escocia.

Lo que es significativo es que todas estas declaraciones -a las que ha reaccionado el Partido Popular  con el anuncio de una proposición de Ley para prohibir los indultos a condenados por sedición y rebelión que será entregada en el Congreso de los Diputados este lunes- se producen después de que el líder de Esquerra Republicana de Cataluña, Joan Tarda, anunciase que si no se eliminaba por parte de la Fiscalía el delito de Rebelión en la petición de la Fiscalía, era difícil entender que ERC pudiese apoyar los Presupuestos, el eje sobre el que pilota la continuidad del Gobierno. ”Es difícil de entender- argumenta Calvo- que se mezclen los presupuestos, que atienden a las necesidades de los catalanes, con algo que nada tiene que ver. El Gobierno no es quién para calificar en un procedimiento”.

No será quien pero, para muchos observadores, ya se están dando las primeras muestras de un pacto con el independentismo y con la Generalitat para buscar una salida al contencioso de los “políticos presos”.