Los cien días de Quim Torra y “la guerra de los lazos”

Los primeros cien días de presidente de la Generalitat Quim Torra acaban de cumplirse coincidiendo,  además, con  la “guerra de los lazos”, el episodio más grave de enfrentamientos entre catalanes desde que el hombre decidido por Puigdemont, un obscuro militante de Reagupament (escisión de Esquerra Republicana de Catalunya), muy ligado a movimientos y organizaciones independentistas, y bien visto por la CUP, el movimiento más radical que tiene representación en el Parlamento catalán, tomó posesión del cargo.

Designado a dedo por Puigdemont, entre los parlamentarios de Junts per Catalunya, desde su jura del cargo el pasado 27 de Mayo  – con el artículo 155 todavía en vigor, y sin la presencia de ninguna autoridad del Estado –  ha venido observando durante estos cien días un total vasallaje hacia el expresidente  exiliado en Waterloo, hasta el punto de que no ha  tomado  ninguna decisión importante, sin consultarlo previamente. Y consultarlo, además, con quien él considera que es el verdadero Presidente de Cataluña, hasta el punto de que, todavía, no ha ocupado el despacho oficial de Presidente en el Palau de la Generalitat.

Su toma de posesión fue tan austera que ni siquiera hubo invitados salvo sus familiares, y sin la presencia de ningún símbolo nacional  (nada de bandera constitucional , ni foto del Jefe del Estado, pero con la imagen de la Moreneta) y eso sí,  con un  juramento muy peculiar, que va en contra de lo establecido por el Tribunal Constitucional y que ya utilizó,  en su momento,  su mentor Puigdemont: “Prometo cumplir lealmente  las  obligaciones del cargo de Presidente de la Generalitat con fidelidad a la voluntad del pueblo de Cataluña, representado en el pueblo de Cataluña”.

Al margen de sus obligaciones en el cargo, la realidad es que, en estos cien días tan sólo se han aprobado dos leyes. Una para reformar la Ley de Presidencia y permitir la investidura a distancia de Carles Puigdemont, que no ha tenido ninguna utilidad práctica, y otra para ampliar el plazo de acreditación del nivel de inglés en las universidades. Hay cuatro proyectos de ley en trámite enviados desde el Govern, heredados de la legislatura anterior, y 22 proposiciones de ley de los diferentes grupos parlamentarios.

Pero lo más grave y que puede provocar un adelanto electoral  a partir de finales de Octubre, es que la Generalitat sigue sin Presupuesto y que gran parte de este primer periodo ha estado presidido por un Parlamento cerrado, sin funcionar, para no abordar un tema decisivo: la sustitución de Puigdemont y de siete diputados,  según decisión del juez del Supremo Pablo Llarena, que lleva adelante el proceso de Rebelión, sedición y malversación de fondos públicos contra 15 líderes independentistas, entre ellos el expresidente de la Generalitat Carles Puigdemont, por la organización del referéndum del 1-0 y la declaración de independencia del 27 de octubre.

Puede decirse que, a pesar del intento de deshielo en las relaciones entre el Gobierno central y la Generalitat, estos cien días han estado presididos por la provocación continua de Torra hacia el Gobierno y de sucesivas rectificaciones en cuanto a las relaciones con el Rey, al que ha convertido en el centro de todos los ataques y descalificaciones. Esa actitud de ataque al Gobierno, al Estado y al Rey, han ido creando un clima irrespirable, que ha terminado, por el momento, en “la Guerra de los Lazos”, en la que los Mossos, la policía autonómica, dependiente de la consejería de Interior, han optado por la persecución de los catalanes que están en desacuerdo con la utilización de los espacios públicos, incluidas las playas, para invadirlos con lazos y cruces amarillas.

Por ahora, dentro de un enfrentamiento claro entre catalanes (algo de lo que debe estar orgulloso el señor Torra que durante estos cien días se ha dedicado a reavivar  todos los fuegos), esa “guerra de los lazos” ha ido adquiriendo carácter de grave conflicto de orden público, que a su vez ha derivado en un choque entre la Generalitat y el Ministerio del Interior. La Generalitat reclama para si la responsabilidad del orden público, cuando, sin ninguna duda, es el Ministerio del Interior el que por encima de la Generalitat, tiene la competencia del Estado representado por el Gobierno central.