Guerra abierta y conflicto jurídico, por el traslado de los restos de Franco

Ochenta y dos años después del golpe de estado dado por un sector del Ejército contra el legítimo Gobierno de la República, el autor intelectual de ese golpe de estado (18 de Julio de 1936), que desembocó en una guerra civil que duró tres años y que ocasionó más de un millón de muertos, sigue dividiendo a los españoles. Sus restos que reposan en el Valle de los Caídos, a 50  Kilómetros de Madrid  junto con los de José Antonio Primo de Rivera, fundador de Falange Española, continúan siendo motivo de enfrentamientos. Sobre todo cuando se intenta cerrar ahora una etapa y convertir el lugar donde se encuentra, no en la muestra viva de una Dictadura, como quieran o no, es ahora, sino en un símbolo de reconciliación entre los españoles.

Ese objetivo, que lo ha intentado el nuevo Gobierno de Pedro Sánchez al pretender convertir el Valle de los Caídos y todo lo que significa, en una clara seña de identidad de su mandato, puede frustrarse igual que se ha frustrado el intento de nombrar un nuevo Consejo de Administración de Radio Televisión Española, y un nuevo Presidente del Ente, al producirse el pasado Lunes el triste espectáculo de dos diputados que se equivocaron al votar y de otro que se encuentra de viaje en Cuba… para nada. Ahora, después de quemar a todo un conjunto de profesionales, hay que buscar a un Administrador que se espera que sea de suficiente prestigio como para llegar con dignidad e independencia, hasta los resultados definitivos del Concurso que se ha convocado.

El espectáculo de este Miércoles en el que el prior de la basílica donde se encuentran los restos del general Franco, Santiago Cantera, ha anunciado que el solo recibe órdenes de su congregación, o en todo caso del Vaticano y del propio Papa, ha elevado el traslado de los restos del hombre que hoy, hace 82 años, se levantó en armas contra el legítimo gobierno de la República, en auténtico conflicto político y religioso, en un país que es aconfesional. Cantera ha prohibido hasta ahora cualquier intento de exhumación como la de los hermanos Lapesa y ha llegado a desafiar al propio Senado, negándose a comparecer ante una Comisión de investigación sobre el Valle.

Ese desafío lo ha extendido también a que nadie toque los restos del general Franco ya que sostiene que la Basílica es un lugar sagrado a pesar de que el conjunto del Valle es patrimonio Nacional, y sobre él solo tiene competencia el superior de los benedictinos, una congregación que llegó al Valle  hace sesenta años, donde ya se encontraba un templo monumental construido sobre las rocas con la tumba del general Francisco Franco. La basílica vuelve a estar en el centro de las polémicas, porque la izquierda gobernante reclama exhumar los restos del general y enterrarlos en un cementerio normal, así como desacralizar el templo. La Izquierda Unida postcomunista reclama también la eliminación del crucifijo de 150 metros y de todos los símbolos religiosos. A su juicio el crucifijo no compagina con un estado aconfesional. Por otra parte la familia del general se opone a los planes de la exhumación. A juicio de algunos, los planes de la izquierda son un intento de vengarse por la guerra civil pérdida y de escribir una nueva historia de España.

A pesar de que el Martes el Presidente del Gobierno volvió a prometer en el Parlamento que los restos del Caudillo serán trasladados muy pronto a una tumba familiar del pueblo de Mingorubio, cerca de el  Pardo, la promesa no se cumplirá porque el superior de los benedictinos insiste, y es verdad, que él no depende del arzobispado de Madrid, ni de la Iglesia española, ni siquiera de la Conferencia Episcopal, cuyo Presidente, el obispo Ricardo Blázquez, se ha entrevistado recientemente en la Moncloa con el Presidente del Gobierno, sino del superior de su orden en París y, en todo caso, del Vaticano y del propio Papa, con lo que se abre un complicado proceso de discusión y enfrentamientos que puede durar de meses.

Como adelantó ayer este cronista la promesa del Presidente va a ser complicada de cumplir si se examina detenidamente el informe que durante el mandato del presidente Rodríguez Zapatero, hizo una “Comisión de expertos para el futuro del Valle de los Caídos” presidida por Virgilio Zapatero e integrada, entre otros, por Miguel Herrero de Miñón y Ramón Jáuregui, así como por  juristas e historiadores de indiscutible prestigio.

En el informe salen a relucir los problemas jurídicos que suponen que los restos del Caudillo estén en la Basílica que, como lugar de culto, es inviolable y sagrado, y que al ser administrada por la Comunidad Benedictina, no dependería de la autoridad eclesiástica española sino directamente del Vaticano y del Papa. Ahí estaría el gran escollo que ha impedido que se haya cumplido la promesa realizada por el nuevo Gobierno de trasladar cuanto antes los restos del general Franco y de José Antonio Primo de Rivera, fundador de la Falange. La exhumación de esos restos ha sido justificada por Sánchez en que en “ninguna democracia puede permitirse monumentos que exalten ninguna dictadura”. Pero tendrán que esperar y, probablemente, tendrá que intervenir el propio Papa Francisco.