La extradición de Puigdemont por malversación le viene bien a Llarena

La decisión de la Audiencia Territorial alemana de Schleswig-Holstein de extraditar a España solamente por un delito de malversación de fondos públicos, al expresidente de la Generalitat abre un debate sobre las interpretaciones de las euro órdenes, y sobre todo, complica el proceso contra los autores del “golpe de estado del 1-O”, un proceso que incluye delitos de Rebelión, sedición, desobediencia y malversación de fondos públicos y que se juzgarán a final de este año, por lo que se ha declarado activo a todos los efectos el mes de Agosto. A menos que el juicio contra Puigdemont se celebre después de los 25 procesados  que, a la vista de la extradición alemana, podrían ser juzgados por sedición y no por rebelión.

El  texto de la Audiencia alemana, no se limita a comunicar la decisión sino que entra a juzgar por qué se rechaza la petición del juez Pablo Llerena sobre la entrega de Puigdemont por delitos de Rebelión  (penado en España con treinta años de prisión), en tanto, dice el magistrado español que se produjeron hechos violentos contra personas aunque “sin armas”. El Tribunal alemán responde al razonamiento y petición del juez del Supremo español, sobre la imposibilidad de comparar el delito de Rebelión en España, con el de Alta Traición en Alemania.

“Las  acusaciones contra Puigdemont no son equivalentes al delito de alta traición y la perturbación del orden público según la ley alemana”, dice el Tribunal de que añade que “la magnitud de la violencia necesaria para la alta traición no fue alcanzado durante los altercados”, puntualiza en contra de la petición del Supremo español, aclarando además  que “Puigdemont aspiraba solo a la celebración del referéndum y, tampoco ha sido el incitador de la violencia”.

La decisión del Tribunal de Schleswig-Holstein que no puede ser recurrida aunque los abogados de Puigdemont sí pueden hacerlo ante el Tribunal Constitucional, argumentando que  bajo ningún concepto puede ser juzgado en España por malversación ya que no se ha podido demostrar la existencia de ese delito. En el recurso se utilizará, incluso, las sucesivas manifestaciones del exministro de Hacienda Cristóbal Montoro, de que ni un solo euro ha salido de las arcas de la Generalitat para pagar el Referéndum del pasado 1 de Octubre, algo que en su momento provocó un grave enfrentamiento entre el Poder Ejecutivo y Judicial.

Ante la situación que acaba de abrirse en pleno  deshielo de relaciones entre el Gobierno central y el de la Generalitat, tras la entrevista del presidente Quim Torra y Pedro Sánchez en el Palacio de la Moncloa, a lo que va seguido hoy las reuniones de la vicepresidenta del Gobierno Carmen Calvo y la ministra de Hacienda María Jesús Moreno, con el número dos de la Generalitat el vicepresidente Pere Aragonés, para poner en marcha parte de lo acordado entre los dos Presidentes en el encuentro de la Moncloa, después de 30 meses de ruptura institucional, se ignora el efecto que esta decisión  judicial pueda tener en la evolución de la situación del contencioso catalán.

Frente a este escenario el juez Llarena solo tiene dos salidas: negarse a la extradición anulando la euroorden y manteniendo en España la orden de detención contra Puigdemont o, por el contrario aceptar la entrega solo por malversación (penada con hasta doce años de prisión), detenerlo en España y juzgarlo solo por ese  delito, después de juzgar a los que en estos momentos se encuentran en prisión. Es más la sentencia alemana puede servir de argumento para que la Fiscalía rectifique el delito de Rebelión por el de sedición.

Aunque Llarena  ha recibido un duro golpe, es posible que ese golpe al final lo utilice para aceptar la extradición de Puigdemont,  solo por malversación de fondos públicos, manifestarse partidario de la entrega, y centrarse a petición de la Fiscalía en el delito de sedición no el de rebelión.