Con la que está cayendo, aumenta la tensión entre el Ejecutivo y el Judicial

El enfrentamiento del Poder Ejecutivo con el Judicial, abierto hace semanas en plena crisis interna del Ejecutivo por la corrupción y el “caso Cifuentes” , por parte del ministro de Hacienda Cristóbal Montoro, descalificando el sumario del magistrado del Supremo, Pablo Llarena sobre el intento de golpe de estado en Cataluña, y la correspondiente investigación de la Guardia Civil, ya que, según el ministro, de la Generalitat no salió ni un solo euro para financiar el referéndum del pasado 1 de octubre, ha venido a agravarse este lunes a propósito de la polémica y discutida sentencia judicial de ‘La Manada’.

Con la posición de Montoro de claro enfrentamiento con el Poder Judicial, de la que tendrá que responder el ministro ante el magistrado del Supremo, el titular de Hacienda y responsable de controlar el manejo de los fondos de la Generalitat por la aplicación del artículo 155, echa abajo, en teoría, el que se pueda procesar a Puigdemont por un delito de malversación de fondos públicos e, incluso que pueda ser extraditado por Alemania por este delito, descartada, por lo menos de forma provisional por el Tribunal de Schleswig-Holstein (SH) la posibilidad de entregarlo a España por REBELIÓN.

Por eso, si grave es el enfrentamiento entre dos poderes del Estado que deben tener autonomía por un tema tan sensible como es el “Procés” catalán, no menos grave, es el nuevo episodio de choque de trenes, que acaba de producirse entre el Poder Ejecutivo y el Judicial, tras la denuncia de este Lunes, del ministro de Justicia Rafael Catalá de que el magistrado Ricardo González por sus “problemas singulares”, debería ser recusado por el Consejo General del Poder Judicial, por lo que no debería haber formado parte del Tribunal. Del juez en cuestión, multado en varias ocasiones y suspendido de empleo y sueldo por seis meses, parece sugerirse una singularidad relacionada con problemas psicológicos, y, es el autor de un voto particular en el que pide, en un lenguaje en contra de la denunciante, la absolución de los cinco miembros de ‘La Manada’. Pero es que, además, califica el acto de la violación como un acto de “alegría y jolgorio ” en el que la víctima parece haber participado de forma consentida, con “excitación sexual”, incluida.

Según Catalá, en declaraciones a Carlos Herrera en la Cope, el Consejo General del Poder Judicial debería haber ejercido su “potestad disciplinaria” contra Ricardo González, ya que “todos saben” que, este juez tiene algún problema singular, y, “me sorprende, dice Catalá, que el Consejo no actúe”. El ministro ha rehusado explicar cuál es ese problema, aunque asegura que “todos lo saben” y que tiene “algunos expedientes ya abiertos”. “Si en el Tribunal Superior de Justicia de Navarra conocían esta situación, debería haberse actuado preventivamente”.

En esa tesis se ha manifestado también la portavoz del PSOE Margarita Robles, ex miembro del Consejo General del Poder Judicial, que debe conocer también esa situación “singular ” en la que se encuentra el juez en cuestión. Para Catalá, el voto particular y las expresiones empleadas durante los más de doscientos folios del magistrado, en una sentencia de 140, son los detalles que han inflamado a la sociedad, más que la sentencia en sí.

Estas declaraciones del ministro de Justicia, con la calle inflamada e incendiada por cientos de miles de manifestantes, que siguen con sus protestas, y con la indignación de jueces y fiscales que se quejan de lo que creen que es una desproporción en la valoración de la sentencia, que puede ser recurrido, dicen, (aunque los defensores utilizarán de gran argumento el discutido voto particular de alguien que está en unas circunstancias personales tan misteriosas que nadie quiere aclarar), han venido a ahondar, aun más, en ese enfrentamiento entre el Ejecutivo y el Poder Judicial, hasta el extremo de que jueces y fiscales han pedido la dimisión del ministro.

Las siete asociaciones de jueces y fiscales no sólo han solicitado la dimisión del ministro de Justicia, sino que han entrado en ese enfrentamiento entre los dos poderes, acusándole de una intromisión del Gobierno en las resoluciones judiciales, cuando, a juicio del poder judicial el Ejecutivo simplemente se debería limitar a “respetar y velar por el respeto del funcionamiento de las instituciones”.