El “heroísmo” de Puigdemont y el varapalo judicial alemán

Triunfante, con un excelente semblante, sin ningún distintivo amarillo en el traje perfectamente planchado, el ex Presidente de la Generalitat  Carles Puigdemont, aparecía  este mediodía de Jueves en las puertas de la prisión de Neumünster, en Schleswig Holstein (norte de Alemania), sonriente   superada,  por el momento,  la persecución del  gobierno de Madrid  y de sus Tribunales , al haber conseguido no solo la libertad provisional bajo fianza de 75.000 euros que fueron pagados anoche por con el llamado  Fondo de Ayuda de la Asamblea Nacional de Cataluña (ANC) y Ómnium Cultural  y un primer compromiso de que en caso de extradición a España solo seria entregado por delitos de malversación de fondos públicos y no de Rebelión.

La decisión de la Audiencia Territorial de Schleswig-Holstein  supone el que el señor Puigdemont queda ante los suyos  y ante la opinión publica alemana y , en cierto modo,  europea, como un autentico héroe  que le ha ganado la primera batalla de esta larga guerra  al  Gobierno español y al juez del Supremo, Pablo Llarena  que le acusa a él y a los que están en prisión en la cárcel de Estremera de Rebelión (encuadrada además, según el sumario en un acto parecido al golpe de estado del 23 de Febrero de 1981).

Un héroe que durante casi dos semanas ha sido presentado en Alemania como un perseguido político por un Régimen que no respeta la división de poderes en lo que ha sido una autentica ofensiva del independentismo , comprada por casi la totalidad de los medios informativos alemanes, mientras la versión oficial del Gobierno español  ha sido  de respeto absoluto a la decisión de los Tribunales `pero sin explicar a fondo que ha supuesto  ese intento de golpe de estado por parte del independentismo en contra de todos los pronunciamientos del Tribunal  Constitucional.

La decisión judicial alemana de entregar a Puigdemont por malversación y no por Rebelión (ya que se considera que ese delito no está en el Código penal alemán y no cabe compararlo con el de alta traición) ha supuesto un varapalo judicial no sólo para  al juez Llarena, sino también, al Gobierno,  convencido, desde el principio,  de  que el camino emprendido era el verdadero,  para conseguir una extradición por delitos parecidos a los que están en las prisiones españolas. En este sentido , no se descarta que el juez Llarena acuda al Tribunal de la Unión Europea para que se pronuncie sobre si estamos ante un caso de Rebelión como sostiene España o no, como señala el Tribunal Europeo, ,en tanto es un tema que afecta a toda la Unión. Un paso más hacia la internacionalización del conflicto,

De todas formas, este Tribunal de la Audiencia Territorial de Schleswig-Holstein matiza una serie de extremos entre ellos  que reconoce que efectivamente a lo largo del ”procés” hubo violencia , aunque “estos actos de violencia, según su naturaleza, alcance y efecto, no fueron capaces de poner tanta presión en el gobierno de modo que el gobierno se considerara forzado a “rendirse a las exigencias de los perpetradores de la violencia”, que es lo que exige la doctrina del Tribunal Federal para que exista delito de “alta traición”.

Es más, en esa violencia cita a Puigdemont  afirmando que “Es cierto que el señor Puigdemont, como iniciador y abogado de la implementación del referéndum, debe ser tenido por responsable de los actos de violencia cometidos el día del referéndum”. reconociendo además que puede haber riesgo de fuga “Hay peligro de que el Sr. Puigdemont evite los procedimientos de extradición o la ejecución de la extradición. Sin embargo, este peligro se reduce considerablemente por que la extradición por acusación de ‘rebelión’ es inadmisible. Medios menos invasivos que la detención son suficientes para salvaguardar el procedimiento de extradición”.

Por otra parte, el Tribunal afirma tajantemente que el señor Puigdemont no es un perseguido político “ya que no hay razones para creer que si Carles Puigdemont fuera extraditado pudiera ser expuesto al peligro de ser perseguido por razones políticas (…) la malversación de caudales públicos (…) no tiene nada que ver con sus ideas políticas”.