Bélgica preocupada por el deterioro de las relaciones Madrid-Bruselas

Dos semanas después de la suspensión del pleno del Parlament en el que tenía que haber sido investido Puigdemont, la confusión y el enfrentamiento han presidido una nueva reunión de la Mesa en la que se ha rechazado la petición de una reforma de la Ley de Presidencia para permitir que el expresidente pueda ser votada “a distancia”, al tiempo que se ha acudido al Tribunal de Derechos Humanos de Estrasburgo (el mismo día que ha fallado contra España por malos tratos contra dos etarras que participaron en el atentado de la T-4) para defender los derechos del expresidente de la Generalitat.

Es decir que se sigue en una situación de bloqueo político, con el reloj parado, a la espera de una decisión si hay acuerdo entre quienes quieren forzar la investidura a distancia como insiste Puigdemont y, su entorno más íntimo y Esquerra Republicana de Cataluña que quiere cuanto antes una Presidencia efectiva y que se opone a ese empeño surrealista de Puigdemont de tomar posesión telemáticamente, algo que ha sido rechazado por todas las instancias judiciales, incluida la del Tribunal Constitucional.

En Bruselas cada vez están más inquietos e intranquilos por la actitud del señor Puigdemont, y ya el principal periódico belga, La Libre Belgique, empieza a preocuparse por el posible deterioro de las relaciones diplomáticas entre los dos países, ante la actitud de un  Puigdemont que está empujando el “surrealismo catalán” al extremo, con la pretensión de Gobernar Cataluña desde Bélgica, algo que le permitiría obtener “el oro y el moro” y una de las llaves de la Generalitat, y que “podría empañar las relaciones entre Bruselas y Madrid”. Esta pretensión surrealista, puntualiza  el periódico, se añade a la lista de ocurrencias inéditas canalizadas por una mayoría independentista que se ve atrapada en su propia trampa.

La trampa es un supuesto “gobierno en exilio”, que sólo sería consecuencia lógica de la retórica adoptada por los independentistas para presentar a Cataluña como un país ocupado por un Estado español fascista. “Pero la realidad demuestra que España es, inequívocamente, un Estado democrático que no está ni en guerra, ni bajo la ocupación”. Sin embargo, el profesor de Derecho Internacional de la Universidad Libre de Bruselas, Olivier Corten, sostiene que el derecho internacional sólo se interesa por los gobiernos de Estados en exilio. Nada impide que un Ejecutivo gobierne desde el exterior, sobre todo si el Estado se encuentra ocupado. “Pero en este caso, se trata del gobierno regional catalán cuyas competencias están recogidas en el Derecho español”.

En septiembre de 2017, recuerda el principal periódico de Bélgica, el Parlament hizo lo inimaginable al proclamar unilateral, e ilegalmente la República catalana. Pero de hecho, Cataluña “no tiene derecho a la autodeterminación “,  porque este derecho se reserva “al pueblo del Estado en su conjunto”. En definitiva, el pueblo español en su conjunto podría decidir su propio futuro y el de los catalanes… o incluso el de los territorios colonizados”,  observa Corten. En su página web, Carles Puigdemont sigue prometiendo “una república catalana”, pero los independentistas pretendieron dar un paso atrás en las últimas autonómicas catalanas de diciembre, evitando utilizar dicha fórmula.

El periódico se pregunta por las consecuencias de un Gobierno en el exilio catalán en Bélgica y se responde que si los independentistas intentasen forzar la máquina, Bélgica podría encontrarse con un gobierno catalán “en el exilio”,  en su territorio. Después de todo, Carles Puigdemont sigue disfrutando de libertad de movimiento en la UE y no es objeto de una “solicitud de extradición”, subraya Corten. Sin embargo, la situación podría generar malestar entre Madrid y Bruselas.

El ministro Dastis lanzó una advertencia: “En principio, Carles Puigdemont puede tener una vida normal en Bélgica”, ya que no es objeto de ninguna orden de detención europea. Pero si el líder independentista pretendiese dirigir Cataluña a distancia, no habría más remedio que plantearse, en algún momento, hasta cuándo se podría prolongar esta situación sin que afecte a las relaciones de amistad entre “dos Estados asociados”, en el seno de la UE. Dastis añade que “desde un punto de vista político, esta situación no resulta cómoda ni para el Gobierno español ni para el belga”.