El Gobierno a punto de un segundo varapalo del Constitucional

El Gobierno y , sobre todo,  su Vicepresidenta,  Soraya Sáenz de Santamaría  han recibido con  un no disimulado alivio , no exento  de preocupación ,  el acuerdo del Tribunal Constitucional por el  que  sólo se suspenderá el Pleno del Parlament catalán,  convocado para este próximo Martes,  en el que se pretende  investir Presidente de la Generalitat a Carles Puigdemont, sólo en el caso de que el ex Presidente , fugado a Bruselas después de la Declaración Unilateral de Independencia ( DUI) del pasado mes de Octubre  , no  comparezca en el Parlament para pronunciar su discurso de investidura y tenga la preceptiva autorización del juez del  Supremo,  Pablo Llarena.               .

En medio de la crisis en la que está metido el propio Presidente del Gobierno y su representante en Cataluña, Soraya Sáenz de Santamaría, actual Presidenta de la Generalitat por delegación de Rajoy y ,en virtud de la aplicación del artículo 155 de la Constitución, la decisión del Constitucional , reunido en sesión de Urgencia este Sábado, durante más de cinco horas , de ignorar la petición del Gobierno porque ha dividido al Constitucional , supone un nuevo contratiempo al planteamiento jurídico del Ejecutivo del conflicto catalán.  Ese contratiempo se produce después del varapalo del Consejo de Estado al oponerse el pasado Jueves  a la petición gubernamental:   pronunciarse a favor  de una suspensión preventiva de una investidura a la que, según la tesis del Gobierno no va a  asistir Carles  Puigdemont.

El argumento central del informe del Consejo de estado oponiéndose a suspender la investidura del próximo Martes  es que “el Gobierno considera como hecho cierto la futura incomparecencia en la sesión de investidura del candidato propuesto. El Consejo de Estado debe hacer notar la diferencia entre verosimilitud de una previsión y la certeza de su realización”. Es decir que Insiste en que no se puede actuar preventivamente, sino  ante un hecho consumado,  como  ha ocurrido en todas las decisiones del Constitucional que se han venido haciendo publica a lo lago de los últimos meses.

En cierto modo, el  Tribunal Constitucional ha agravado de alguna forma,  la crisis institucional de la Justicia con el Gobierno,  al sumarse a la tesis del Consejo de Estado y  oponerse a la suspensión de la investidura de Puigdemont anunciada para el próximo Martes por el Presidente del Parlament catalán Gerard Torrent, como una acción preventiva . Hay que poner de manifiesto porque ayuda a comprender lo que ha ocurrido durante todo el  Sábado en el Constitucional, que   previamente  a la reunión,  letrados del equipo técnico del Tribunal , auténticos    especialistas en Derecho Constitucional, emitían un informe  que venía   a coincidir ,en líneas generales, con las tesis del Consejo de Estado,  en el sentido que no se podía ir a una actuación judicial  preventiva , ya que el candidato  , a pesar de tener una orden de detención  y estar investigado por Rebelión, sedición ,  malversación de fondos públicos y desobediencia , tiene una serie de derechos que no se pueden ignorar.  Por otra parte el  letrado mayor del Parlament, Antoni Bayona, se alineó,  también ,  el Viernes,  cuando el Gobierno decidía en Consejo de Ministros , seguir adelante con la  suspensión   con el Consejo de Estado y afirmó que la impugnación de la candidatura “no tiene ningúnn recorrido” jurídico, porque es una medida “preventiva”.

El tema clave es que  el  Gobierno ha recurrido  la resolución del 25 de enero de Torrent “por la que se convoca el Pleno del Parlamento el día 30 de enero de 2018, a las 15 horas, para el debate del programa y votación de investidura del diputado Carles Puigdemont”., ha pedido al Constitucional, proceder  contra la inclusión en el orden del día del debate del programa y votación de investidura del diputado fugado y refugiado en Bélgica, y, ha invocado  el artículo 161.2 de la Constitución a fin de que se produzca la suspensión de dichas resoluciones en los términos en que se impugnan. Una suspensión, que según el apartado 2 del Artículo 161 puede durar hasta cinco meses.

igualmente  se pedía  al Constitucional que, en la providencia en que se decrete la suspensión se ordenase  la practica de su notificación personal al Presidente y demás miembros de la Mesa del Parlament de Cataluña. Igualmente, se solicitó al TC que en dicha notificación “se advierta al presidente del Parlament y demás miembros de su Mesa de su deber de impedir o paralizar cualquier iniciativa que suponga ignorar o eludir la suspensión acordada”.

Nada se ha aceptado de  todas esas peticiones,  ante un Tribunal Constitucional dividido , ya que tanto los letrados como el ponente designado, el magistrado catalán Juan Antonio Xiol, han expuesto que había  argumentos a favor de inadmitir el recurso, que, tenía  un carácter preventivo. Rota la unanimidad se ha intentado buscar el compromiso de ignorar  la petición del Gobierno y, por unanimidad buscar una salida de compromiso. ,Salida que, al final , aun en contra de sus tesis y estrategia, ha aceptado el Gobierno, mientras por parte del Partido Popular se está vendiendo que ha sido todo un éxito del Ejecutivo.