El ridículo no sólo es de Puigdemont, es también del Gobierno

En la pelea entre el fugado Presidente de la Generalitat, la Justicia española de la que huye, y el Gobierno de Mariano Rajoy, es Puigdemont el que está llevando la iniciativa, hasta el punto que el Ejecutivo que un día sí, y otro no, repite que están previstos todos los escenarios y todas las respuestas a los distintos escenarios que se puedan  producir. Algo que no es verdad, desde que se repitió hasta la saciedad, que no habría Referéndum de independencia. Este lunes el espectáculo ha llegado a su máximo esplendor cuando ha sido designado como candidato a la investidura sin que se sepa aún si lo hará de forma  telemática o, por delegación, con lo que sería otro  diputado el que lea el discurso de investidura.

La llegada a Copenhague, a las 8,30 de esta mañana, procedente de Bruselas en un avión de Ryanair del fugado expresidente, en la primera salida que el huido hace de Bélgica, ha originado una crisis entre la Fiscalía General del Estado y la Sala Segunda del Tribunal Supremo que lleva el caso por rebelión, sedición, desobediencia y malversación de fondos públicos del expresidente y de un total de 28 investigados y que se ha negado a emitir una nueva Euroorden de detención, como le ha pedido la Fiscalía General del Estado.

Lo que se debía haber preparado cuidadosamente y con todo tipo de detalles, en tanto que desde hace bastantes días se conocía que Puigdemont iba a pronunciar una conferencia en la Universidad de Copenhague sobre Cataluña y Europa, como Presidente en el exilio de la República catalana, se empezó a preparar el pasado Sábado por parte de la Fiscalía General del Estado, que creía posible la detención de Puigdemont. En Dinamarca, al contrario que en Bélgica, existe el delito de rebelión, penado más que en España, ya que el Código Penal danés, maneja penas de cadena perpetua, frente a los 15 o 20 años de prisión en España. En todo caso, la rebelión exigiría violencia y utilización de armas.

Esta mañana, minutos después de que la policía alertase al Ministerio del Interior de que Puigdemont había salido de Bruselas rumbo a Copenhague, el fiscal general del estado, Julian Sánchez Melgar, exmagistrado de la Sala Segunda del Supremo y compañero de Llarena, ponía en marcha la petición de una nueva Euroorden para su detención, sin que se sepa que, dada la relación que  existe entre los dos, se lo había comunicado previamente este fin de semana. Se sabe que el Sábado, Melgar estuvo discutiendo con sus asesores presentar la Euroorden y en qué términos.

Nadie esperaba, ni siquiera su propio abogado, que Puigdemont se presentase en Dinamarca, cuando estaba a punto de ser propuesto para ser investido telemáticamente o por delegación, en el Parlamento catalán a pesar de la ilegalidad de los dos  métodos según el dictamen de los letrados de la Cámara, investidura que será recurrida por el Gobierno ante el Tribunal Constitucional. Algo que, efectivamente, se ha producido, además de un intento del Presidente del Parlamento catalán de reunirse con el  Presidente del Gobierno español, para que ayude a encontrar una solución.

Bien entrada la mañana se producía la reacción  del juez Llarena, negándose a aceptar esa Euroorden porque, según su razonamiento, era una trampa más del señor  Puigdemont. Según su auto “frente a la imposibilidad legal de optar a una investidura sin comparecer en el Parlamento, la provocación de una detención en el extranjero, busca que el investigado pueda pertrecharse de una justificación de que su ausencia no responde a su libre decisión como prófugo de la justicia, sino que es la consecuencia de una situación que le viene impuesta”.

“Se busca así favorecer -añade el auto- la estrategia anticonstitucional e ilegal que este procedimiento está llamado a poner término, forzando además un contexto en el que poder delegar su voto, como si estuviera en el mismo supuesto que quienes están a disposición de este Tribunal y han sido provisionalmente privados de su libertad. De este modo, se instrumentalizaría la privación de libertad para alcanzar la investidura y el voto que parlamentariamente no puede obtener, pero perseverando el investigado en eludir su sujeción al proceso penal, evitando someterse a la jurisdicción nacional y oponiéndose desde el extranjero a la extradición que pueda cursarse”.

#FinDelaCita y… del espectáculo… por ahora…