El futuro de la Generalitat en manos del Tribunal Supremo

La Sala de recursos del Tribunal Supremo tendrá en cuenta la mayoría independentista que salió de las elecciones del pasado 21 de Diciembre para la decisión que tiene que tomar sobre la libertad provisional del líder de Esquerra Republicana de Cataluña, Oriol Junqueras. Esa mayoría sería un impedimento en contra de Junqueras ya que podría influir en la reiteración delictiva. La Sala de recursos la preside el magistrado Miguel Colmenero, que también hará de ponente en el recurso de apelación. Igualmente forman  parte de la Sala los magistrados Alberto Jorge Barreiro y Francisco Monterde.

Con la resolución que se conocerá este jueves, se decide, también, en cierto modo, el futuro del nuevo Gobierno de la Generalitat que comenzará a debatirse, a partir de la primera reunión del nuevo Parlament catalán el 13 de Enero, fecha fijada por el presidente del Gobierno español Mariano Rajoy, en virtud de la intervención, en su momento, de la Autonomía en aplicación del artículo 155 de la Constitución.

Ese futuro del Gobierno de la Generalitat depende de si este jueves la Sala que estudia el recurso  para la puesta en libertad de Oriol Junqueras, en prisión  desde hace dos meses en la cárcel de Estremeras, e imputado en delitos de rebelión, sedición y malversación de caudales públicos, según auto judicial del juez de la Sala Segunda del Supremo, Pablo Llarena, decide o no, la libertad provisional de quien fue vicepresidente de la Generalitat.

Horas antes de que se produzca la comparecencia judicial del líder de Esquerra, todas las informaciones indican que, de acuerdo con la petición del Fiscal, no se producirá la puesta en libertad de Junqueras ya que no se cree que el dirigente político catalán, que antes de la intervención de la Autonomía, se consideraba como el futuro Presidente de la Generalitat, esté dispuesto a acatar la Constitución, reconocer y aceptar el artículo 155, y rechazar la unilateralidad del llamado “Procés”, cuando durante la campaña electoral ha venido defendiendo la ilegal declaración de independencia de la República catalana.

La Fiscalía insiste en que hay riesgo de reiteración delictiva. Una reiteración que afecta a la unilateralidad y, también, a la posible realización de incidentes graves en la calle. Su puesta en libertad, insisten fuentes judiciales relacionadas con el Supremo, no garantiza que se puedan producir nuevos incidentes de orden público, como los que se produjeron durante el registro de la Consejería de Economía de Junqueras, por orden de la autoridad judicial, donde se encontraron papeles comprometedores sobre la tebelión, pero dónde también acciones de una gran gravedad contra miembros de la Guardia Civil, cercada durante horas por miles de manifestantes.

Si sigue en prisión se complica la situación del expresidente fugado Carles Puigdemont, y aumenta las diferencias entre Junqueras y Puigdemont, y entre Esquerra y Junts Pel Catalunya (la llamada “lista del Presidente”, la primera fuerza política independentista), por la actitud del expresidente de ser de nuevo investido, a pesar de que no quiere comparecer personalmente (requisito legal imprescindible) para defender su programa de investidura, por miedo a ser detenido. Puigdemont pretende que  el Govern cesado por Rajoy, recupere el poder, ya que legalmente él sigue considerándose Presidente de la República catalana en exilio, un delirio del que tiene que alejarse Oriol Junqueras, y  Esquerra, y aplaudido por la CUP, que pretende profundizar sobre esa declaración de independencia. Por otra parte, los  planes de Puigdemont, no han sido ni siquiera pactados con quienes están imputados por rebelión y que están en prisión o en libertad provisional, tras comprometerse a todo lo contrario de lo que está defendiendo Puigdemont.

La negativa del Supremo a la libertad del líder de Esquerra, rompería la única esperanza de volver de Puigdemont, que cree que si Junqueras es liberado el jueves, confía en no ingresar en prisión. A pesar de una prolongación de su estancia carcelaria, Junqueras, obtendría permiso para presentarse a la investidura, algo, que no puede hacer, ni siquiera telemáticamente, a menos que se cambie el Reglamento del Parlament, como pretende, el fugado Puigdemont.