El año que Mariano Rajoy quiere olvidar… con ayuda de Freud

El pasado sábado 30 de diciembre, el presidente del Gobierno Mariano Rajoy asistía a un acto en Moaña (Pontevedra) para inaugurar la ampliación del Puente de Rande. Al terminar su discurso, quiso felicitar el año a todos los que se encontraban en el acto, aunque, tuvo un acto fallido, ya que en lugar de desear un feliz 2018, terminó su intervención “deseándoles a todos, y a sus familias lo mejor para el próximo año 2016, que sinceramente, buena falta nos hace”.

Según la teoría psicoanalítica un acto fallido es un acto en el cual no se obtiene el resultado explícitamente perseguido, sino que dicho acto inicial se encuentra reemplazado por otro resultado diferente. En otras palabras, no se habla de actos fallidos para designar el conjunto de errores de la palabra, de la memoria y de la acción, sino que se alude a aquellas conductas que el individuo habitualmente es capaz de realizar con éxito y cuyo fracaso tiende a atribuir a la falta de atención o al azar.

Desde el punto de vista psicoanalítico, los actos fallidos son formaciones de compromiso entre la intención consciente del sujeto y lo reprimido. Estos lapsus también pueden ser facilitados por la fatiga, la falta de concentración, entre otros. Pero no sólo eso, Para Freud el acto fallido tiene sentido e intención, y ocurre cuando el sujeto entra en conflicto o interferencia con algún deseo o cadena de pensamientos inconscientes, por tanto se podría de decir que estos lapsus son una especie de “traición” del inconsciente que provoca que expresemos cosas que conscientemente no queremos decir.

Efectivamente, en esos momentos, Rajoy, de forma inconsciente, en donde se almacenan recuerdos, pensamientos y situaciones dolorosas, quería olvidar todo lo que ha pasado este año, que ha sido trágico para el país, y trágico para él, y volver a 2016, el año que con muchas dificultades, volvió a ser investido presidente del Gobierno, después de una larga crisis constitucional, en su segundo mandato, un mandato que todavía no sabe cómo va a terminar.

En principio diciembre, después de un año para olvidar, termina con la vuelta a sus domicilios y cuarteles de más de quince mil policías que acaban de poner fin, según los planes del Ministerio del Interior, a la “Operación Copérnico” puesta en marcha por el Gobierno para impedir el Referéndum Ilegal del pasado 1 de octubre, que daría paso a la Declaración Unilateral de Independencia y a la intervención de la comunidad autónoma de Cataluña por el Gobierno central, con la aplicación del artículo 155 de la Constitución.

Una intervención, la primera que se produce desde la creación del llamado “Estado de las Autonomías”, que se mantendrá hasta la formación del nuevo Govern que todavía no se sabe si será presidido por Carles Puigdemont, (para restablecer el Gobierno que fue cesado por el presidente del Gobierno Mariano Rajoy), o por Oriol Junqueras. Uno, huido y refugiado en Bruselas y, el otro, encarcelado, en la prisión de Estremera, y, pendiente de la vista del recurso para su puesta en libertad el próximo jueves 4 de enero.

Es decir, que termina 2017 con el “contencioso catalán”, que ha acaparado toda la actualidad política hasta llegar a ser insoportable, desde el punto de vista informativo, y, comienza el nuevo año con el mismo contencioso, con el Gobierno español a la defensiva y, en peores condiciones con las que se abrió 2017, con esa promesa de que, tras el fiasco del Referéndum del 9 de noviembre de 2014, ese otro Referéndum del 1 de octubre no se celebraría, insistiendo, casi a diario que tenía preparadas todas las respuestas para cualquier eventualidad que pudiera producirse.

La única respuesta fue una actuación magnificada de las fuerzas de Orden público para cumplir una orden Judicial ; una rebelión de muchos mandos de los Mossos, entre ellos el Mayor Trapero, que no cumplieron el plan previsto para que todas las responsabilidades cayesen sobre la Policía Nacional y la Guardia Civil ( grupos paramilitares según la información distribuida a la prensa internacional por los independentistas ) y, numerosos actos de protesta contra las actuaciones judiciales y policiales que daban origen a una querella del fiscal general del Estado por rebelión, sedición y malversación de caudales públicos que, al final, ha afectado a toda la Mesa del Parlament catalán y a todo el Gobierno de la Generalitat.

Todo esto es lo que ha querido olvidar Mariano Rajoy, inconscientemente, el sábado pasado cuando al querer felicitar el nuevo año, en un acto fallido, se olvidó de 2017, y felicitó a todos, en un salto en el tiempo, el 2016. Para él este que acaba de terminar, igual que para el país, ha sido un año funesto. Para olvidar. Difícil fue la investidura, difícil fue conseguir los apoyos, especialmente la abstención del PSOE, difícil la aprobación de unos Presupuestos Generales del Estado y difícil el año Parlamentario.

El Congreso de los Diputados sólo ha completado la tramitación de ocho leyes en el primer año de esta XII Legislatura, mientras que tiene pendientes otras 28, muchas de ellas paralizadas desde hace meses, y se ha topado con 34 vetos del Gobierno a otras tantas iniciativas legislativas de los grupos parlamentarios o de parlamentos autonómicos. Además, los diputados han registrado un total de 13.890 preguntas escritas al Ejecutivo. El Gobierno ha sacado adelante 16 decretos ley y sólo ha visto rechazado uno, el primero de la reforma de la estiba.

Un año parlamentario bastante estéril y políticamente de poco recorrido por la necesidad de apoyos en el Parlamento, que ha visto cómo eran rechazadas propuestas de la oposición que hubieran significado un principio de renovación política que tanto necesita la vida española. Este año que acaba de comenzar se cumplen cuarenta, de la aprobación de la Constitución, y debería aprovecharse para plantear una profunda Reforma de una Carta Magna, que se ha quedado anquilosada, que no contempla nuevas realidades y nuevos retos y que, en algunos aspectos, necesita de correcciones.

Correcciones habrá que hacer también en la Economía para superar ese 3 % de crecimiento del PIB que el Gobierno se ha fijado para 2018. La Economía ha sido precisamente lo que mejor ha funcionado el año que termina, según el balance que él Presidente del Gobierno, hizo a final de año, en su tradicional rueda de prensa de balance en la Moncloa. Según él, la recuperación “se nota cada vez más” en la situación de los ciudadanos. España cerrará este año con un crecimiento del 3,1 por ciento, lo que supone que el Producto Interior Bruto (PIB), completará su tercer año consecutivo con un avance de más de tres puntos porcentuales y, probablemente con 600.000 empleos creados”, algo que España seguirá liderando entre los países de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE). Solo el contencioso catalán más vivo que nunca puede perjudicar a estos objetivos de crecimiento, como ha ocurrido en Cataluña que ha crecido menos que el resto de España y que ha visto cómo ha descendendido la inversión extranjera y  el turismo.

Ha sido precisamente la OCDE la que ha hecho sonar todas las señales de alarma sobre un tema económico que hay que abordar con urgencia: el futuro de las Pensiones y  la complejidad a la que se enfrentará en el futuro para la sostenibilidad del sistema público debido al envejecimiento de la población. España apunta a que el país tendrá en 2050 la segunda mayor tasa de dependencia del mundo, solo superada por Japón. A pesar de la “importante” reforma del sistema realizada en 2013, existen aún enormes limitaciones, como la edad media de salida del mercado laboral, que se estancó en 2013, o la falta de incentivos para prolongar la vida laboral tras la jubilación.

En concreto, en los próximos 32 años, cuando la generación nacida en la década de los noventa esté próxima a la jubilación, observará cómo 77,5 de cada 100 habitantes serán pensionistas, frente al 30,6% de 2015 o el 19% de hace 40 años. Esta ratio solo será superada “ligeramente” por Japón, que en 2050 contará con 77,8 personas mayores de 65 años por cada 100 habitantes.