Nombramiento de Fiscal General del Estado en el peor momento

La prioridad del Gobierno, en vísperas de que comience la campaña electoral de las autonómicas del 21 de Diciembre, convocadas por el presidente del Gobierno español Mariano Rajoy, es el nombramiento de un nuevo Fiscal del Estado, tras la traumática muerte el pasado 16 de Noviembre del titular, José Manuel Maza en Buenos  Aires, cuando participaba en una Asamblea de fiscales de Latinoamérica.

Como todavía el ministro de Justicia Rafael Catalá no tiene el perfil del candidato, no se sabe cuánto puede durar ese interregno, en el que el país estará sin Fiscal General, en unos momentos claves de la situación en Cataluña y de los  miembros del Gobierno, cesado por aplicación del artículo 155. Ocupará el cargo provisionalmente el teniente fiscal Luis Navajas. Aprovechando  la situación las defensas de los exconsellers de Presidencia y Territorio Jordi Turull y Josep Rull han pedido a la Audiencia Nacional, antes de que se decida si la causa pasa al Supremo, que los ponga en libertad, alegando que, como el resto de miembros del Govern cesado, han acatado “expresamente” las medidas del artículo 155, sin promover ninguna “resistencia”.

El tiempo que tarde en nombrarse un nuevo Fiscal (en un cortísimo espacio de tiempo ha habido tres: Torres Dulce,  Consuelo Madrigal, y Maza), depende de si se produce un nombramiento profesional (un jurista de reconocido prestigio y con más de 15 años de ejercicio efectivo de su profesión), y el proceso puede ser rápido y durar dos o tres semanas, tras la aprobación del Consejo de Ministros. Si por el contrario se elige a alguien que no reúne esos requisitos y se opta, por ejemplo, por un catedrático de reconocido prestigio, el proceso puede durar hasta tres meses, con lo que se decidirá ya con un nuevo Gobierno instalado en la Generalitat.

En solo unas horas de que termine el plazo que el Juez del Supremo le ha dado a la jueza de la Audiencia Nacional Carmen Lamela, para que ceda al Alto Tribunal todas las actuaciones sobre el caso de los  Jordis (Jordi Sánchez presidente de la Asamblea Nacional de Cataluña, ANC, y Jordi Croixat, presidente de Omnium Cultural, ingresados en la cárcel de Soto del Real), y sobre el caso de Oriol Junqueras y siete exconsejeros de la Generalitat, que puede cambiar el futuro carcelario de quienes, en estos momentos, dependen de la jueza Lamela, se notará ya la ausencia del fallecido Fiscal General del Estado.

Maza fue el que presentó las respectivas querellas contra Puigdemont y todo el Gobierno catalán por rebelión, sedición  y malversación de caudales públicos, así como contra Carmen Forcadell, presidenta del Parlamento y contra todos los  miembros de la Mesa por similares delitos que pasaron a ser estudiados por el Tribunal Supremo, por el carácter de aforados de los parlamentarios. El juez del Supremo Pablo Llarena, ante  las dudas de si la Audiencia Nacional era competente para juzgar ese tipo de delitos, ya que hubo una sentencia contra la pretensión de Garzón para juzgar los crímenes del franquismo, en lo que fue un delito de rebelión, el criterio dominante era que el Supremo unificase todos los casos. Era el criterio de Maza, pero se ignora si lo es también del teniente fiscal que le substituye,  Luis Navajas.

La desaparición de Maza puede hacer que se replanteen todas las cosas. La sorprendente e inesperada muerte de José Manuel Maza ( Madrid 1951) en Buenos Aires, donde asistía a una Asamblea de fiscales de Latinoamérica, un suceso que ha conmovido al mundo judicial y político por las extrañas circunstancias de su fallecimiento (una infección renal que se ha complicado en días; por el poco tiempo que llevaba en el cargo y por la personalidad del fallecido cuyos restos llegarán a Madrid el Martes, sin que se me haya realizado la autopsia, porque hasta ahora, que se supiera no padecía ninguna grave enfermedad y por el protagonismo que ha tenido en el proceso independentista catalán y contra los que han promovido la declaración de independencia y la proclamación de la República catalana,  el pasado 27 de Octubre.

Ante la ausencia de Maza, un hombre muy seguro de su trabajo (el Gobierno se ha visto, en ocasiones, desbordado por la querella que ha llevado a prisión a todo el Gobierno catalán y a la huida a Bruselas de su presidente Carles Puigdemont, sobre el que pesa una orden de extradición, accederá provisionalmente a su puesto el teniente fiscal Luis Navajas, que ha colaborado con Maza en la redacción de la querella. Navajas pertenece al sector conservador de la Carrera, y los que le conocen creen que en el tema catalán puede ser aún más duro que el propio Maza. Ante las dudas de anteriores fiscales generales, como Torres Dulce o Consuelo Madrigal, siempre ha defendido el cumplimiento estricto de la Ley, sin concesiones.

Navajas asumirá el cargo, durante todo el tiempo que dure la interinidad que puede durar por lo menos dos meses que es el tiempo que el Gobierno, puede tardar en cumplir con todos los trámites para el relevo del fiscal fallecido . Trámites que se presentan difíciles y complicados, no solo por las características del elegido, sino porque el Ejecutivo, tras la reprobación de Maza, quiere contar con los máximos apoyos posibles especialmente de Ciudadanos y el PSOE.

Como se sabe el Fiscal General del Estado es nombrado y cesado por el Rey a propuesta del Gobierno tras acuerdo en Consejo de Ministros, pero debe contar con el aval del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) y ser oído después en la Comisión de Justicia del Congreso de los Diputados para obtener el beneplácito del legislativo, de tal manera que en su nombramiento intervienen los tres poderes, ejecutivo, judicial y legislativo, tal y como establece la Constitución en su artículo 124. El mandato del Fiscal General tiene una duración de cuatro años y sólo puede ser cesado por causas tasadas en la Ley, que serán apreciadas, en su caso, por el Consejo de Ministros. En todo caso, cesa con el Gobierno que lo haya propuesto, según la normativa vigente.