Vista judicial: el dossier Puigdemont un campo de minas para Bélgica

La Cámara General del Tribunal de Primera Instancia de Bélgica, se pronunciará este viernes  sobre la euroorden dictada contra el destituido presidente de Cataluña, Carles Puigdemont, y cuatro de sus exconsejeros que huyeron de Cataluña a Bélgica, para no presentarse ante la Audiencia Nacional que resuelve una querella de la Fiscalía  por posibles delitos de Rebelión, sedición y malversación de caudales públicos, delitos que pueden suponer casi treinta años de prisión.

Según sus abogados, el juez debería rechazar la extradición porque las euroórdenes no recogen ninguna acción punible. El periódico belga De Standard ha consultado  las euroórdenes, así como los argumentos jurídicos que invocarán sus abogados este viernes. Para el diario, muy favorable a la posición que defiende el expresidente y los exconsejeros huidos, y que pedirán asilo político en el país, las euroórdenes, que son idénticas para todos los exconsejeros, dan cuenta de cinco delitos: prevaricación, rebelión, sedición, desobediencia y malversación de fondos públicos. “Pero España no explica claramente cuáles fueron los delitos cometidos específicamente por nuestros clientes”, observa Christophe Marchand que con Michèle Hirsch, son los abogados de dos de los cinco exconsejeros.

A  los dos letrados cabe añadir a  Paul Bekaert, que defiende los intereses de Carles Puigdemont y de los dos exconsejeros restantes. Juntos, desarrollarán una estrategia de defensa conjunta. “España no arremete contra delitos individualmente punibles, sino solo contra decisiones políticas que todos conocían y por las que fueron elegidos de forma democrática”. El periódico belga que dedica un amplio espacio al caso del juicio que se ve este viernes, aclara que la Justicia española les acusa de haber organizado un referéndum sobre la independencia para alcanzar la desconexión. La orden se refiere a varias acciones cometidas que vulneran el Código Penal españal  (lo que vulnera, sobre, todo es la Constitución), como la convocatoria de un referéndum, extender entre la población la impresión de que la autodeterminación es un derecho, las cartas enviadas a alcaldes catalanes y la aprobación de la declaración de independencia el 27 de octubre. “Se trata de acciones pacificas y democráticas cometidas en el cumplimiento de sus funciones” según  los abogados, que argumentan que con la ejecución de las euroórdenes se vulneran los derechos fundamentales de los exconsejeros. Esto les imposibilita participar en las elecciones del 21 de diciembre. Los exconsejeros siempre podrán recurrir en última instancia ante el Tribunal Europeo de Derechos Humanos.

Aunque existan suficientes indicios de punibilidad en base a la legislación española, los abogados consideran que el juez belga no puede extraditar a los exconsejeros. Una de las condiciones para su extradición es que los delitos incriminados también sean punibles en Bélgica. “El juez no les puede extraditar por prevaricación y desobediencia. La sanción para esas acciones asciende a menos de 12 meses. La rebelión y sedición no existen en el derecho belga”. Sólo queda la malversación de fondos públicos. Equivaldría a fraude que resulta un delito sancionable en todos los Estados miembros. Para la Fiscalía española el artículo 105 del Código Penal  recoge el delito para quienes  traten de cambiar la forma de Estado, algo parecido a la rebelión del Código español, según fuentes jurídicas españolas de toda solvencia, convencidas de que la extradición  será concedida en el plazo de dos o tres meses.

La defensa de Puigdemont obliga al Tribunal de Primera Instancia a asumir el papel de “supervisor de los Derechos Humanos‟. “Hay lámites a la confianza que el juez puede tener en otro Estado miembro de la UE”, según Michèle Hirsch.

La extradición de Puigdemont y sus exconsejeros, según muchos medios de información belgas, constituye un dossier complicado para la Justicia belga. “En circunstancias normales, se suele ejecutar una euroorden sin demasiados controles”, pero la abogada Hirsch considera que “la confianza que el juez pueda depositar en otro Estado miembro también tiene sus límites”.

Los delitos atribuidos por los órganos judiciales en España también dan lugar a abundantes comentarios en España. Esta circunstancia suscita una serie de interrogantes entre los abogados sobre la calidad de la jurisdicción española. “Todo apunta a que el Poder Judicial español no sospechaba que un juez belga se centraría en el procedimiento judicial español”, destaca Hirsch. Los abogados insisten en que el juez belga ha de asegurarse de que no se viole el Tratado europeo de Derechos Humanos. Este establece que los ciudadanos tienen derecho a un juicio equitativo, a disfrutar de libertad de opinión y libertad de reunión. Pretenden que el juez actúe como defensor de los derechos humanos, algo que no solo cae fuera de su jurisdicción sino que estamos ante una democracia cuya calidad está muy por delante de la propia democracia belga.

Lo que muy pocos periódicos analizan es que el dossier Puigdemont, es un dossier jurídico que se puede convertir  en un campo de minas político.