La crisis por la independencia entra en una peligrosa segunda fase…

El Presidente del Gobierno, Mariano Rajoy, tras la aprobación  por el Senado con el apoyo del Partido Popular, partido socialista y Ciudadanos, del artículo 155 de la Constitución que permite la intervención de las Comunidades autónomas, ha decidido disolver el Parlament catalan y convocar elecciones autonómicas para el próximo jueves 21 de diciembre. El artículo 155 que se utiliza por primera vez desde la aprobación de la Constitución en 1978 (es un articulo sin desarrollar),  permite la intervención del Ejecutivo en los casos que no se cumplan las obligaciones que la Constitución u otras leyes que se le imponen a las Comunidades Autónomas, o actuar de forma que atente gravemente al interés general de España. Para la ejecución de las medidas a tomar el Gobierno podrá dar instrucciones a todas las autoridades de las Comunidades Autónomas.

Esta decisión del Presidente del Gobierno, al que se ha venido acusando de querer aplicar un 155 duro con todas sus consecuencias, ha sorprendido a todos, ha sido recibida con cierta tranquilidad por la oposición socialista, y  es calificada como una solución razonable, moderada e inesperada, para hacer frente a una crisis que solo acaba de empezar y que no se sabe cómo puede evolucionar, ya que, en estos momentos la calle, está en poder del partido antisistema  CUP (Candidatura de Unidad Popilar) y los movimientos ciudadanos Asamblea Nacional de Cataluña (ANC)  y Ómnium Cultural, cuyos Presidentes están en prisión acusados de sedición.

La incógnita está en saber cómo van a reaccionar los partidos independentistas, PDeCat y Esquerra Republicana de Cataluña, que en esta ocasión, es imposible que vuelvan a ir en coalición, y la CUP que dará la gran batalla contra la aplicación del artículo 155 y , sobre todo,  contra la disolución del  parlamento y del cese del Presidente Puigdemont, del vicepresidente Oriol Junqueras y la totalidad de los miembros del Govern. Simultáneamente el Consejo de Ministros extraordinario celebrado después de la correspondiente autorización del 155 por Senado,  ha aprobado cinco decretos que serán publicados en las próximas horas en el Boletín Ofícial del Estado.

Se han  aprobado el órgano administrativo que ejercerán las funciones de las consejerías, y que serán los ministerios. Simultáneamente el gobierno disuelve las oficinas del Presidente y del Vicepresidente de la Generalitat, el Consejo de Transición Nacional, el patronato de Diploma y las embajadas catalanas en el exterior que pasarán a depender de las embajadas españolas en cada país. Igualmente se ha decidido la destitución  de los delegados en Bruselas y en Madrid, así como el secretario general de la policía autonómica, dejando que sea el Ministro del Interior el que cese al mayor de los Mossos Josep Lluis Trapero, incluso también, en una investigación por sedición.

Poco a poco y dentro de una gradualidad la intervencióńn del gobierno comenzará con el cese del gabinete de Puigdemont, el nombramiento de nuevos comandantes de la policíaa catalana y el control de las finanzas de la Generalitat y de su centro de informática. Los próximos objetivos pueden ser, aunque no lo digan o pasen a depender de la Junta electoral,  la televisiónn y la radio catalana, a las que el gobierno ve como “portavoces de los separatistas”.Tratarán de hacerlo” quirúrgicamente”, declaraba hace unos días un antiguo secretario de Estado, a periodistas extranjeros.

Hasta ahora Puigdemont en sucesivas declaraciones prometía que presentaría  resistencia a la intervención del Gobierno. Proclamaba que el gobierno “ha llevado a cabo el peor ataque a las instituciones y a los ciudadanos de Cataluña” desde la época de Francisco Franco, el dictador que gobernó España  cuarenta años Los 200.000 trabajadores de la Generalitat no acatarán las órendes de Madrid,  insistía  a la BBC  el hombre encargado de la política exterior de la Generalitat Raúl Romeva. Lo que nunca podía esperar Romeva es que todo su imperio, las costosas embajadas en el exterior, las absorbería el Estado español.

A la hora de transmitir esta crónica  decenas de miles de personas rodean el Palau de la Generalitat celebrando la independencia aprobada  en el Parlament en votación secreta (no han tenido los parlamentarios de la CUP y de JXS la valentía de dar la cara, por lo menos para que los ciudadanos sepan qué es lo que han votado sus representantes) y pidiendo la retirada de la bandera española de la sede de la Generalitat. Centenares de ciudadanos con banderas españolas en algunas de las calles de Barcelona, manifestándose contra una indendependencia que ha sido aprobada con 70 votos, porcentaje con el que ni siquiera se puede elegir al Presidente de la Corporación catalana de Televisión TV3 y con la ausencia de los partidos constitucionalistas PSC, Partido Popular y Ciudadanos. Ayuntamientos de Cataluña  desprendiéndose de la bandera española a las peticiones de bandera española, fora, fora, fora. Diputados del Partido Popular saliendo  del Parlament en furgonetas de los Mossos…

Estos datos son suficientemente representativos de la situación política y social de Cataluña y, sobre todo,  de Barcelona, a primeras horas de la noche de este viernes 27 de octubre, el día que se ha producido la declaración  unilateral de  independencia  (DUI) y la proclamación de la Republica catalana… Algo que quedará en nada.