Efectos imprevistos y perversos de un artículo sin desarrollar

Este sábado el Gobierno español con el apoyo de un sector de la oposición ha puesto en marcha un artículo de la Constitución, el 155, que está pendiente de desarrollo e interpretación desde el año 1978, cuya efectividad está por ver y, cuyo final, es incierto, pero que es el único camino que se ha encontrado para devolver a Cataluña a la normalidad y al camino de la legalidad . Lo que es más preocupa en estos momentos son los efectos imprevistos y perversos de ese artículo sin desarrollar en un ambiente prerevolucionario en el que hay sectores independentistas dispuestos a todo, aún a costa de la ruina económica y social de la región.

Es decir que con ese artículo se sabe cómo se empieza, pero se ignora cómo puede terminar. En el fondo, un sector muy importante del independentismo, ese que, en un momento determinado, escrito y firmado, está dispuesto a ocupar puertos y aeropuertos, centros estratégicos de la comunidad y, si es preciso, hasta centros emisores de radio y televisión, como si esto fuera una Eslovenia o una Lituania, recién salida de la dictadura de la descomposición de la URSS y no lo que es, un país con una democracia que está a punto de cumplir cuarenta años y que ha conseguido que una de las partes de ese país, Cataluña, tenga el mayor grado de autonomía que cualquier otro país de su entorno europeo.

La ruptura de esta autonomía con el Estatuto por el que se rige, con sus compromisos con España y, sobre todo con la legalidad constitucional, por parte del presidente de la Generalitat, Carles Puigdemont, que es el representante del Estado en Cataluña, y que, además, amenaza con una declaración unilateral de Independencia si se aprueba la aplicación del 155, ha obligado al Gobierno a tomar el control de la autonomía, a través de la aplicación de una legislación que tiene que ser aprobada en el Senado, donde el Partido Popular tiene una amplia mayoría.

En la exposición de motivos sobre el polémico artículo se afirma que en su aplicación se cumplen los dos requisitos que establece la Constitución: “Que la Comunidad Autónoma no cumpliere las obligaciones que la Constitución u otras leyes le impongan, y que actuase de forma que atente gravemente al interés general de España”.

“Ambos concurren en el presente caso”, señala el escrito. En la situación actual, fuera de la legalidad constitucional, sostiene el Gobierno, los derechos y las libertades de los ciudadanos quedan desprovistos de cualquier garantía y sometidos a la voluntad y arbitrariedad de sus gobernantes. “Un planteamiento absolutamente incompatible con las bases del sistema democrático que ampara la voluntad del conjunto de los ciudadanos españoles y catalanes desde hace cuarenta años” .

Ha sido el propio presidente de Gobierno el que ha informado de las medidas adelantando que propondrá cesar a Puigdemont y a todo el Govern y convocará elecciones en el plazo de seis meses seis, que se podría reducir si se vuelven pronto a la normalidad. Se controlará el Parlament para evitar que “admita iniciativas contrarias a la Constitución” y se procederá al cese de las personas que han puesto en riesgo a la comunidad. “Celebrar elecciones es el objetivo, lo quiere la mayoría, es lo que dice el sentido común, y se trata de abrir una nueva etapa en la que la ley se respete en los derechos de la gente, se recupere el bienestar”

Rajoy ha reducido a dos las medidas por una parte, el cese del presidente, el vicepresidente y de los consejeros del Govern, de manera que las funciones pasarán a manos de “los órganos o autoridades que designe el Gobierno”, y por otra, si el Senado lo decide, será Rajoy, el que convocará elecciones en Cataluña “tan pronto como recuperemos la normalidad institucional”. Lo malo es que esa normalidad institucional no se recupere con tanta facilidad, sobre todo si el Gobierno de la Generalitat aprovecha el plazo de una semana que tiene el Senado para tomar decisiones, en convocar ellos las elecciones autonómicas y, simultáneamente, declaran la independencia, con una declaración unilateral en el Parlament el próximo lunes. Ese puede ser el efecto imprevisto y perverso de un artículo que es un cajón desastre para todo…