Cataluña: la Guardia Civil sigue buscando pruebas de delitos de sedición

A cuarenta y ocho horas de que expire el plazo para la aplicación del artículo 155 de la Constitución que permite la intervención del Gobierno central en la Autonomía de Cataluña, el ambiente público se calienta progresivamente, tras el ingreso en prisión por delitos de SEDICION, de los Presidentes de la Asamblea Nacional de Cataluña y de Ómnium Cultural, con sucesivas caceroladas, con concentraciones delante de las empresas y, con convocatorias públicas de protestas, por lo que la Generalitat está presentando como los “primeros presos políticos de la democracia”.

Por si el ambiente no estuviese suficientemente cargado este martes la Guardia Civil ha irrumpido en la sede central del servicio de emergencias 112 de la Generalitat, en Reus (Tarragona), a la búsqueda de pruebas sobre la jornada del referéndum del 1 de octubre pasado, suspendido por el Tribunal Constitucional. Según  fuentes de la investigación, los agentes buscaban ficheros de todos los servicios de emergencias del Gobierno catalán: los Mossos d’Esquadra, los Bomberos, Protección Civil, el Sistema de Emergencias Médicas y el 112. Todo eso forma parte de las investigaciones de una trama que afecta tanto al purgamiento de los Mossos, como a posibles delitos de los dos Jordis, que entraron en prisión el lunes por sedición y que aparecen en numerosos documentos de la Guardia Civil que continúan investigándose, y relacionados también con toda la estrategia que ha seguido la Generalitat hasta llegar a la actual situación de crisis.

Hace solo unos días se daba a conocer una serie de documentos ocupados a José María Jové, el hombre de confianza del vicepresidente Oriol Junqueras, documentos que eran todo un tratado para movilizar a la ciudadanía y que, probablemente, se pondrá en práctica en los próximos días, tras el inicio de los trámites de la entrada en funcionamiento del artículo 155 de la Constitución. Según esos documentos que la Guardia Civil ha pasado a la jueza de la Audiencia Nacional Carmen Lamela, todo estaría preparado para movilizar a los sectores secesionistas, “generar confrontación”, sumar a “las fuerzas políticas que quieran un cambio [los comunes]”, lograr la “complicidad internacional” y, finalmente, “poner en marcha un plan de desconexión forzosa obligando a un referéndum acordado que llevase a la creación de un Estado. La hoja de ruta pasaba por la declaración unilateral de independencia, como así ha sido, y la creación de un Estado propio en dos etapas, según recoge el documento ocupado en el domicilio de Jové que lleva por título “Enfo Cats Reenficant el proces d’independencia. Per un resultat éxitos”.

El plan encontrado por la Guardia Civil, apuntala el papel decisivo de los líderes de las dos principales organizaciones independentistas: Jordi Sánchez, de la Asamblea Nacional Catalana (ANC), y Jordi Cuixart, de Òmnium Cultural. Los investigadores les atribuyen un poder idéntico al que ostentan el ‘president’ Carles Puigdemont y Oriol Junqueras, vicepresidente. La hoja de ruta secreta encontrada en el registro de la casa de Jové anticipa lo que puede ocurrir en los próximos días. El documento confiere un valor capital a las movilizaciones para anteponer su supuesta legitimidad a la del Estado de derecho. Ante una posible respuesta del Gobierno a la declaración unilateral de independencia, la ANC, Ómnium y el resto de organizaciones de su entorno son los encargados de movilizar la calle.

En una llamada interceptada el 27 de septiembre, cinco días antes de la consulta, dos altos cargos Joan Manel Treserras, expresidente de la Mesa por la Diversidad Audiovisual de Cataluña, y Francesc Sutrias, director de Patrimonio de la Secretaría de Hacienda, coinciden en señalar en que “el Govern tiene que aparecer delante del mundo diciendo que son gente seria, queríamos hacer esto y no nos han dejado, y a partir de ahí ver qué interpretación se puede hacer, si pueden decir que han participado tres millones de personas sería imparable, pero si van dos millones se tiene que sofisticar más y decir que habrían sido tres pero lo han impedido, nos han boicoteado, cosas de este tipo”. Eso fue exactamente lo que ocurrió días después. El Govern cerró el recuento con 2,2 millones de votantes, aunque asegurando que la cifra real era de tres millones. La actuación policial había impedido participar a otros 770.000 catalanes, según sus cálculos.

El comité estratégico que diseña los documentos ocupados, estaría formado, según la Guardia Civil, por el Presidente del Govern, el Vicepresidente, miembros de ambos de grupos parlamentarios independentistas, así como Presidente y Vicepresidente de ANC, OMNIUN y AMI (Asociación de Municipios independientes) entre otros. Destacan que los presidentes de la ANC y OMNIUM son Jordi Sánchez y Jordi Cuixart, respectivamente. El Gobierno de transición evaluará los riesgos de la misma y creará las herramientas de contingencia y comunicación. “Una vez realizado ese trabajo convocará elecciones cuando sepa que habrá un nuevo Parlamento independentista”. La  correcta gestión de los calendarios para lograr la independencia es otra de las obsesiones de los redactores del informe. En el folio 41 se establece que el denominado Gobierno de la transición (etapa 1) llegaría hasta septiembre de 2018, siempre que se garantice la mayoría independentista, con lo que se podría formar un Gobierno de Independencia (etapa 2) que llegaría a septiembre de 2022, “pero que podría declarar la independencia el día después de su constitución o el día anterior a su disolución”.

La hoja de ruta de los independentistas establece tres objetivos importantes para lograr sus fines: sumar mayorías, inspirar confianza y trabajar con garantías. “Cumplir con los tres objetivos es el mínimo imprescindible para encarar con garantías de éxito”, señala su autor. Y hace especial hincapié en la credibilidad internacional puesto que “precipitar una declaración de independencia sin haber trabajado a fondo estos valores la haría poco atractiva a los ojos de la comunidad internacional (estrategia vista internacionalmente como escrupulosamente democrática y que puede ser un socio fiable”).

Sobre el discurso más apropiado para lograr sus fines aconsejan fortalecerlo “en las razones racionales y emocionales de un Estado propio más que en los agravios de España y con una estrategia de comunicación compartida por todos los actores soberanistas”. Se planifican, también, las nuevas estructuras del Estado y las leyes de desconexión. Respecto a estas últimas contemplan la de Transitoriedad Jurídica, aprobada recientemente y derogada por el Tribunal Constitucional, así como otras imprescindibles para el funcionamiento del nuevo Estado.