Cataluña: aumenta la tensión en las calles y se teme lo peor

A memos de 90 horas de que inicie lo que puede ser el comienzo de la independencia de Cataluña de España, y la consumación del golpe de estado por parte del nacionalismo más radical, con una declaración unilateral de independencia, según ha salido a relucir este miércoles en la sesión de control del Ejecutivo en el Parlamento, de la que ha estado ausente el Presidente del Gobierno que regresa de Washington. La tensión, por horas, aumenta en las calles de Cataluña, que ya está siendo tomada por  manifestantes, especialmente universitarios y alumnos de Institutos, mientras que en el resto de España numerosos sectores se movilizan  para, manifestarse también en las calles y hacer una exhibición de “nacionalismo español”, algo que ha resucitado con fuerza y que puede producir todo tipo de sorpresas. Aumenta la tensión dentro y fuera de Cataluña y son muchos los que temen lo peor.

Sigue hablando la Justicia, tanto la Fiscalía General del Estado, como la del Tribunal Superior de Justicia de Cataluña, así como los Jueces, de Instrucción de Barcelona y de la Audiencia Nacional en Madrid, que son los que están manejando la situación, de forma que todo parece quedar sometido al criterio del fiscal general del Estado José Manuel Maza que es, por el momento, el que está llevando la iniciativa para impedir la celebración del Referéndum, para este domingo. Los Mossos han recibido ya las últimas instrucciones de cómo deben actuar el día 1 de Octubre, de cómo tienen que ocupar todos los colegios de votación desde el día 30, hasta las nueve de la noche del domingo, y de cómo deben impedir incluso que a cien metros se puedan establecer urnas. No han dicho nada en lugares superiores a esos cien metros ni si se pueden instalar a esas distancias urnas de cartón.

En un espectáculo hasta cierto punto cómico, hay convocada dentro de unas horas, dos Juntas de Seguridad de coordinación de las Policías Nacionales, Autonómica, Municipales y Guardia Civil. Una, presidida por el coronel de la Guardia Civil Pérez de los Cobos, en la  Delegación del Gobierno, donde se ha instalado el máximo dirigente policial del 1-O, y otra en la Generalitat, convocada y presidida por el presidente Puigdemont a la que asistirá no solo Pérez de los Cobos , sino también el secretario de estado de Interior Enrique Nieto, en lo que supone el choque de dos formas totalmente contradictorias de contemplar la jornada clave del domingo, una jornada que corre el peligro de salirse de control y no sólo porque lo haya advertido el jefe de los Mossos, sino por los organizadores, dos de los cuales ya ha sido advertidos de que pueden ser juzgados por delitos de sedición.

Tanto por los distintos criterios manejados por los diversos mandos policiales como por los planteamientos políticos que tienen. La legalidad  (no reconocida ya, de hecho, por el Govern,  según la Ley de Transitoriedad que está, según el Parlamento catalán, por encima de cualquier legislación)  exige la no celebración del Referéndum y, la obligación  de los Mossos, según ha venido repitiendo el delegado de Interior de la Generalitat y el propio Presidente, está en obedecer las órdenes que emanen del Palau de la Plaza de Sant Jaume, órdenes que pasan por la celebración de la consulta.

Ante el silencio de los políticos (Rajoy sigue volviendo de Washington) son los fiscales y jueces los que siguen hablando y hoy desde la Audiencia Nacional (cuando un poder deja de ejercerse siempre es otro el que lo llena), ha comenzado a investigar, por posible delito de sedición, los graves sucesos de la Consejería de Economía de la Generalitat, en la que la Guardia Civil estuvo cercada durante toda la noche por manifestantes que destrozaron un coche, hicieron desaparecer numerosos pertenencias entre ellas armas, recuperadas más tarde, e intentaron agredir a los agentes, mientras les arrojaban todo tipo de objetos.

Se consideran responsables de esos incidentes al presidente de la Asamblea Nacional de Cataluña (ANC) Jordi Sánchez,  y el presidente de Ómnium Cultural, Jordi Cuixart.

Dentro de todas estas contradicciones y el protagonismo de la Fiscalía que ha asumido el verdadero papel director contra “el proceso” independentista, el Tribunal Superior de Justicia de Catalunya (TSJC) ha ordenado este miércoles a la Fiscalía, a cuatro días del referéndum del 1-O, que cese en sus “diligencias, actuaciones e instrucciones” para impedir la votación porque una magistrada del alto tribunal catalán ya ha asumido la investigación y ha ordenado a los Mossos d’Esquadra, la Guardia Civil y la Policía Nacional que impidan la utilización de locales o edificios públicos para la preparación del referéndum y que obligue a cerrar los que se hubieran podido abrir para la votación.

En un auto, la magistrada tribunal catalán Mercedes Armas, que dirige la causa abierta por el 1-O contra el Govern, advierte a la Fiscalía que debe cesar sus actuaciones en relación al referéndum, en virtud  de la Ley de Enjuiciamiento Criminal que prevé esta medida cuando exista un procedimiento judicial abierto sobre los mismos hechos.