Cada día más cerca de octubre de 1934

A diez días de los preparativos finales del Referéndum del 1 de octubre, que el Govern insiste en que, a pesar de todas las dificultades (la Guardia civil ha ocupado este martes material importante), se celebrará, mientras que el presidente del Gobierno Mariano Rajoy, más preocupado que nunca, asegura que esa consulta no se podrá llevar a cabo bajo ningún concepto, la realidad es que el desafío independentista prosigue, los inspiradores del golpe de estado contra la legalidad constitucional, siguen en sus puestos, y todo parece jugarse en el terreno estrictamente jurídico y judicial cuando, de hecho, desde los días 7 y 8 de septiembre, con la aprobación de la Ley del Referéndum y la de Trasitoriedad, el sector independentista del Parlamento catalán rompió toda la legalidad vigente.

En realidad, la Ley de desconexión entró en vigor cuando el vicepresidente del Gobierno Oriol Junqueras, el encargado de de los asuntos económicos del Govern, se dirigió la semana pasada al ministro de Hacienda Cristóbal Montoro, para anunciarle que rompía las reglas del juego y que tal como estaba establecido, se dejaba de enviar la información sobre los gastos semanales de la Generalitat, en un claro gesto no sólo de desafío, sino de ruptura de un status quo, que el Gobierno central, tras el golpe de estado, no podía consentir.

Tras esa decisión no deja de ser sorprendente que un gobierno que se ha declarado, en rebeldía, que ha aprobado una ley de desconexión con España, que está promoviendo un referéndum que ha sido declarado ilegal por el Tribunal Constitucional, que está poniendo en marcha actuaciones manifiestamente ilegales, que incluso, ha propiciado una campaña contra los alcaldes que se han comprometido a no colocar urnas de votación en los locales municipales, de acuerdo con las autoridades judiciales, hayan acudido a los tribunales que no respetan para recurrir la orden del Gobierno de controlar las cuentas de la Generalitat para evitar que no vaya ninguna cantidad a la financiación del Referéndum que ha sido declarado ilegal por el Constitucional.

No aceptan las decisiones del Constitucional, pero acuden al Supremo en busca de Justicia, mintiendo a su opinión publica, al asegurar que el Tribunal Supremo al aceptar el recurso contra la intervención de las cuentas aprobada el viernes pasado en Consejo de Ministros, la medida anunciada por el ministro Montoro “quedaba en suspenso”. El Supremo y el propio ministro de Justicia se han victo obligados a dementar esa suspensión. El recurso presentado por el Ejecutivo catalán incluye una petición de suspensión de la aplicación de este acuerdo, es decir, de medidas cautelares. Lo que obliga a dar traslado a las partes para que presenten alegaciones. En el caso de la parte demandada (la Abogacía del Estado), ese plazo será diez días, pero no se ha suspendido nada,

De este modo, transcurridas esas cuarenta y ocho horas dadas a la Generralitat para una vuelta atrás de su decisión, el Gobierno seguirá su plan de intervenir la Hacienda catalana con lo que se pagara desde Madrid, la Sanidad, la Educación, los sueldos de los funcionarios y las facturas a proveedores siempre que la Generalitat proporcione los datos necesarios a los Bancos que se encargaran de hacer las transferencias correspondientes. Se trata, en efecto, de la aplicación en una interpretación inesperada del artículo 155 de la Constitución que en su literalidad no recoge nada de esa medida.

Según parece en ese juego de la “proporcionalidad” en el que tan empeñado esta Rajoy, la Moncloa tiene previsto aplicar el 155, en el caso, que no hay que descartar, de que, sea cual sea el resultado del llamado Referéndum del día 1, Carles Puigdemont, el nuevo Lluís Companys, declare la independencia de Cataluña… como ocurrió en otro octubre de 1934. Y son muchos los que piensan que cada día estamos más cerca…