Cataluña: sigue el Golpe de Estado, como si nada…

El espectáculo con el que el miércoles se desarrolló la primera parte del Golpe de Estado en el Parlamento catalán con la aprobación del  proyecto de Ley de Referéndum, firmado de madrugada por el presidente de la Generalitat Carles Puigdemont y la totalidad de los miembros de su Gobierno, se ha vuelto a repetir veinticuatro horas más tarde, con la ley de Transitoriedad que viene a ser una Ley de ruptura con España, un paso más en ese “Golpe de Estado” que supone, se ha permitido declarar algún dirigente de la CUP (Candidatura de Unidad Popular) el final del Régimen del 78.

El texto de esta Ley de ruptura, tiene 89 artículos, que regulan aspectos como la nacionalidad catalana, el proceso constituyente o el sistema judicial de la  República Catalana, que se empezaría a construir una semana después del Referéndum, en el caso que gane el “Si”. Todos los funcionarios del Estado que trabajen en Cataluña pasarán a depender de la Generalitat, manteniendo sus funciones y su sueldo, y habrá una amnistía judicial para los funcionarios y para todos los encausados por el llamado “procès”. Se trata de una ley de transición, y temporal, hasta que un nuevo Parlament establezca un nuevo marco legal y una nueva Constitución. La ley define la hipotética Cataluña independiente como una “República de Derecho y social” y, en cuanto a la nacionalidad, prevé que sea compatible tener la doble nacionalidad: la española y la catalana.

En cuanto a la Justicia, el documento prevé crear un sistema propio en los cinco días posteriores al Referéndum, un sistema que transforma el Tribunal Superior de Justicia de Cataluña en el Tribual Supremo, y que también, asumirá las funciones del Constitucional. La Ley igualmente regula el llamado proceso constituyente, que culminaría dentro de un año con la aprobación de la hipotética Constitución catalana. En este tiempo habrá un proceso participativo, unas elecciones constituyentes, y un nuevo referéndum de esta Carta Magna.

Tal como estaba previsto, y a pesar de los recursos del Gobierno ante el Constitucional contra la Ley del Referéndum, el decreto de convocatoria de la consulta, las normas complementarias que lo acompañan, y la resolución de la Cámara catalana por la que se ha designado a cinco miembros de la Sindicatura Electoral, presentados después de una reunión extraordinaria del Consejo de Ministros, el Golpe ha seguido adelante. Ni la querella por delitos de desobediencia y prevaricación que la Fiscalía Superior de Cataluña ha anunciado va a presentar contra los miembros de la Mesa del Parlament que han aprobado la admisión a trámite de la Ley de Referéndum, y que afectará a  la presidenta de la Cámara y la Mesa, Carme Forcadell, así como a los también diputados de Junts pel Sí Anna Simó, Ramona Barrufet y Lluís Guinó, ha surtido el mínimo efecto disuasorio. Ni por último, ni siquiera ha surtido el mínimo efecto el anuncio de que la Fiscalía se querellará contra Puigdemont y el Govern y ordenará a Mossos, Policía, Guardia Civil intervenir las urnas.

El golpe ha seguido como si nada, mientras el desmadre, la tensión y el desconcierto, ha seguido invadiendo el Parlamento catalán, que sigue convencido de que habrá Referéndum, que cree que esa ley de desconexión tiene algún valor y que piensa además que la pantomima de estas últimas cuarenta y ocho horas va a ser aceptada por Europa. Solo una cita de un periódico de referencia: el Financial Times. Para FT estamos ante una independencia que es un “sueño” y en el que “un Estado catalán pueda asumir sin más su lugar en la UE y en la eurozona junto a una amputada España”. Eso es ‘una pura fantasía’. El resto de los  medios internacionales no son menos reacios a rechazar el espectáculo de la ruptura de las reglas del juego, y de la patada a la democracia que ha supuesto más sesiones parlamentarias de estas últimas cuarenta y ocho horas.

Además de todas las medidas que se han conocido hoy tras la reunión del Consejo de Ministros, todavía el Ejecutivo tiene instrumentos más coercitivos: la puesta en marcha del artículo 155 de la Constitución, el recurso a la Ley de Seguridad Nacional y la ampliación de la denuncia penal a los delitos de Sedición y Rebelión.