El conflicto de El Prat y el debate sobre la privatización de la seguridad

Los trabajadores del servicio de Seguridad del aeropuerto de El Prat de Barcelona han votado este domingo, una huelga de indefinida de 24 horas que sumirá  la terminal aérea de la Ciudad Condal en un auténtico caos. Los trabajadores se han negado a apoyar la propuesta de la Generalitat por abrumadora mayoría. Han votado 187 trabajadores de la empresa Eulen, la mitad de los 360 que conforman la plantilla: 150 han votado ‘no’ al acuerdo, 36 ‘sí’ y se ha emitido un voto nulo. Han vuelto a votar la mitad de los trabajadores, ya que el resto ha entendido que eso mismo ya se votó el pasado jueves. Esta mañana comenzaba la Asamblea de los trabajadores de Eulen que se ha extendido hasta las seis de la tarde, hora en que se han hecho públicos los resultados.

Desde primeras horas de la mañana, tal como adelantó este cronista, la impresión que transmitían los sindicatos era que si no había una nueva propuesta, se volvería  a votar en contra de la propuesta mediadora de la Generalitat. Muchos de los trabajadores que dicen que ya han votado hoy ni siquiera asistirán a la Asamblea y los que voten, lo harán en el mismo sentido que lo hicieron el pasado jueves. Ésta por lo menos es la impresión de los sindicatos, con lo cual entraríamos en una militarización de la situación con la toma del control de seguridad por la Guarda Civil, presentada por la CUP como ejemplo de lo que puede ocurrir en Cataluña a partir del 11 de septiembre y hasta el 1 de octubre, fecha del referéndum de independencia, con una ola programada de movilizaciones.

Como muestra de las implicaciones del conflicto que puede extenderse a otros aeropuertos de España, por las mismas reivindicaciones laborales que en El Prat, hay que referirse a la campaña propagandística realizada por la Asamblea Nacional de Cataluña  (ANC), que han aprovechado  las colas para repartir folletos. “Si pierdes el tiempo y el avión en Barcelona es porque alguien en Madrid te tiene que solucionar el problema: España es el único país del mundo donde un ministerio gestiona 46 aeropuertos de manera centralizada”. Una muestra más de las implicaciones que ha alcanzado el conflicto para el Gobierno y, sobre todo Aena, causante del contrato a la  baja  de Eulen que se ha quedado con la seguridad de los aeropuertos por 25  millones de euros. Como si no fuera con ellos, Aena ni siquiera se ha sentado a la mesa para intentar ayudar a resolver una situación que ha llegado a ser caótica y en la que tienen una gran responsabilidad.

La gran cuestión está en el debate que se ha abierto sobre si la seguridad de los aeropuertos y las cárceles deben privatizarse o no. En este debate ha entrado la oposición y el secretario de organización del PSOE, José Luis Ábalos, ha insistido en que el conflicto de El Prat está relacionado con “algo tan importante como la seguridad” Abalos ha criticado la “excesiva privatización de la seguridad tan fundamental” que su prestación deberían detentarla los cuerpos especializados y con condiciones dignas. En esa línea, las asociaciones de guardias civiles dicen que, si no se hubiera privatizado la seguridad, antes en manos de este cuerpo, ahora no tendrían que adoptarse medidas de urgencia. La Asociación Unificada de Guardias Civiles (AUGC) ha informado que ya avisó de las consecuencias negativas que tendría privatizar la seguridad, tanto en aeropuertos como en los centros penitenciarios.

“Ahora que se evidencia el conflicto se acude a la Guardia Civil para solventarlo haciendo uso de unos funcionarios públicos carentes de derechos fundamentales como el de sindicación y negociación colectiva”, añaden sorprendidos, cuando ha solo unas días los radicales se manifestaban ante los cuarteles del Cuerpo exigiendo su salida de una Cataluña independiente. Según la AUGC, la medida última de llamar de nuevo a la Guardia civil  supone “un problema de gestión”, puesto que la plantilla de la Guardia Civil “se encuentra bajo mínimos y, además, las funciones de control en aeropuertos deben llevarse a cabo por agentes especializados y con autorización de Aena”.

Por su parte la Asociación Española de Guardias Civiles (AEGC) “ha recordado que “ahora recurren a nuestra eficacia, pero que somos los mismos a los que hace unos días nos querían echar de Cataluña”, informando a la opinión pública que los agentes de la Benemérita son los “peor pagados” de los cuerpos de seguridad del Estado, “muy por debajo de los mossos y resto de integrantes de las policías autonómicas”. “Ahora, después de haber tomado la decisión de privatizar unos servicios”, apunta la AEGC en referencia a la situación en El Prat, “nos piden a los guardias civiles que seamos la solución a este conflicto laboral”.