El Golpe de Estado de Nicolás Maduro Moros

Venezuela y los venezolanos se juegan este domingo su futuro como país democrático con unas elecciones amañadas, con las que el presidente Nicolás Maduro pretende permanecer en el poder sin elecciones (en contra de la legalidad, no se celebran desde 2016) y con un sistema de votación en el que los partidos políticos no tienen ningún tipo de representación, ya que se vota por municipios, y por sectores productivos y no por voto directo .

Con estas reglas de juego cambiadas por Maduro en mitad del partido, algo que no se atrevió a hacer ni siquiera Hugo Chávez, que cualquier cambio fue precedido de un Rreferéndum, Venezuela  entra en un camino peligroso de enfrentamiento civil claro, después de 18 años de chavismo, y en unas circunstancias dramáticas para un país que ha sido uno de los más ricos del mundo. El PIB cayó́ un 18% en 2016 y caerá un 12% más este año, según el FMI. La economía depende como nunca del petróleo, cuya producción está en caída libre, a pesar de que el país posee las mayores reservas mundiales de crudo. Hay escasez de alimentos y medicamentos. La violencia es endémica hasta el punto de que la tasa de asesinatos, después de la de El Salvador, es la más alta de America Latina y Caracas, una de las ciudades más peligrosas del mundo. El turismo ha huido, la agricultura esta prácticamente paralizada y más de un centenar de personas han muerto en las protestas que se iniciaron en el mes de marzo, ante los intentos de Maduro de terminar con la Asambleas Nacional, en manos hoy de la oposición,

Como respuesta a esta situación límite desde el punto de vista político y económico, Maduro ha convocado una Asamblea Constituyente, que se elegirá este domingo en un proceso lleno  de violaciones a las reglas democráticas. La propia convocatoria, según la fiscal general de Venezuela, la chavista Luisa Ortega, a la que se le ha prohibido salir del país y se le han confiscado todos sus bienes, es inconstitucional. El voto será́ “territorial y sectorial”. Es decir, cada uno de los 335 municipios del país elegirá un representante, independientemente de su tamaño, lo que permite conquistar la mayoría en la Asamblea con una ínfima minoría de votos. Los demás 173 constituyentes serán elegidos por “sectores de la sociedad” en un procedimiento de escaso valor democrático, ya que el voto no es universal, sino que obligatoriamente hay que votar a representantes de “sectores” de la sociedad: trabajadores, campesinos, pescadores, estudiantes, personas con discapacidad, pueblos indígenas, pensionados, empresarios y consejos comunales. Cada venezolano podrá votar solo por uno de los sectores, de los cuales no existe registro alguno para garantizar su idoneidad. Es decir, que se sustituye el voto directo por el voto corporativo.

Con este sistema tendría que ganar Maduro, a pesar de su impopularidad, aunque la clave está en si saca más votos que esos 7,2 millones que obtuvo la oposición, con el rechazo al Gobierno y a su presidente. Lo que es claro es que el principal objetivo del ‘madurismo’ es terminar con la Asamblea Nacional en manos hoy de la oposición (ya lo intentó a través del Tribunal Supremo y tuvo que echarse atrás) y aplazar sucesivas convocatorias electorales que sabe que pude perder. Hasta el agravamiento de la crisis, en 2015, el régimen buscaba mantener al menos una fachada democrática, realizando elecciones regulares. Y venció́ la en la mayoría de ellas, hasta que la crisis terminó con el  control del Poder Legislativo, que ganó la oposición, se ató corto al poder judicial, empezaron a recortarse las libertades, se persiguió la libertad de prensa,  proliferaron la detención de presos políticos  y la economía, corrompida  hasta unos extremos desconocidos hasta ahora, fue cebando la crisis que estalló en el pasado mes de marzo

Ahora, ni siquiera la fachada democrática quedó de pie. Al aplazar las elecciones regionales, al impedir la realización de un referéndum de confirmación del mandato del presidente y al convocar una Constituyente amañada, Maduro desveló el carácter dictatorial de su proyecto, del que desconfían los propios chavistas que sostienen que el actual presidente ha violado la herencia del coronel. A la Constituyente de este domingo se han opuesto los gobiernos de Chile, Colombia, Perú,  Argentina, Estados Unidos, los países miembros de la OEA y, sobre todo, los países de la Unión Europea encabezados por España. Bruselas pide respeto para la actual Asamblea Nacional, que “debería poder actuar sin obstáculos y sin miedo” y una vez más, exige a todas las partes una “solución acordada para aliviar el sufrimiento de la gente”. La UE espera que las autoridades venezolanas respeten la Constitución y el Estado de Derecho, aunque reconoce que los numerosos informes sobre las violaciones de derechos humanos, el uso excesivo de la fuerza, las detenciones masivas y los juicios a civiles por tribunales militares, son una fuente de preocupación”, señala  un comunicado emitido por la Alta Representante Federica Mogherini.

Por último, hay que señalar hay todo un movimiento, especialmente en Estados Unidos y también en España, para que se impongan sanciones que contribuirían a empeorar la situación dramática en la que se encuentra la población. (Ver republica.com “Unas  sanciones económicas a Venezuela, no son el camino”).