El referéndum de octubre: se inicia la cuenta atrás…

Este martes dentro de un notable desconcierto, una tensión contenida entre los partidos independentistas y, en el fondo, a las consecuencias  del Estado al desafío ilegal de la Generalitat empieza realmente la cuenta atrás del llamado ‘proceso’ de ruptura en Cataluña con la publicación del correspondiente decreto para la compra de urnas  para el referéndum del próximo 1 de octubre.

Este será el primer paso, seguido de la convocatoria del pleno del Parlament para el 26 de julio, un pleno en el que está previsto la Reforma del Reglamento que permitirá reducir los periodos legales para la aprobación de proyectos de Ley en lectura única, sin posibilidad de presentar enmiendas, y que permitirá que la ilegal ley de referéndum pueda ser aprobada días antes de la Diada del 11 de septiembre  para aprovechar todo el efecto movilizador de la fecha que permitirá la convocatoria oficial del referéndum. Un referéndum que la Generalitat insiste que cuenta con todas las condiciones de legalidad necesarias y que según los cánones internacionales carece de los mínimos requisitos para poder ser homologado como tal.

Es lo que se deduce del proyecto de ley en el que el Gobierno de la Generalitat viene trabajando desde el verano del año pasado, dentro del mayor secreto, y que se presentó recientemente en una de las salas  del Parlamento de Cataluña, no en la Sala de Plenos con todos los parlamentarios, y en el Teatro Nacional de Cataluña (TNC) como acto social y político. Por cierto, que este acto teatral ha empezado a ser investigado por la Guardia Civil, por orden de la judicatura y de la Fiscalía para averiguar cómo se pagó esa presentación y cuanto costó,  para el caso de que estuviésemos ante una malversación de caudales públicos que, en todo caso,  tendrían que afrontar tanto el presidente como el vicepresidente de la Generalitat que presentaron la Ley.

El texto (34 artículos, una disposición adicional y dos disposiciones finales) pactado exclusivamente  por los partidos independentistas (Junts pel Si , PDeCAT , Esquerra y la CUP) y cuya aprobación está prevista para finales de agosto, establece “un régimen jurídico excepcional”, desde el momento en que entre en vigor y hasta el 1-O. Así consta en el artículo 3, que además declara al pueblo de Cataluña como “soberano” y al Parlamento autonómico como “representante de la soberanía”

El proyecto de Ley establece un régimen jurídico excepcional, para “garantizar” el referéndum y “prevalece jerárquicamente sobre todas aquellas normas que puedan entrar en conflicto”. La parte final del proyecto de ley señala que “entrará en vigor el mismo día de su publicación oficial”. Podría ser al día siguiente de su aprobación, cuando normalmente entran en vigor a los 20 días de publicarse. La activación del referéndum lo establece un decreto de convocatoria (artículo 9). La norma no fija que sea sólo con la firma de Puigdemont, por lo que podrían hacerlo todos los consejeros autonómicos.

Teóricamente y ante la falta de concreción, si el “sí” gana con un voto más que el “no”, se declarará  la independencia “dentro de los dos días siguientes a la proclamación de los resultados”, que no será el 3 de octubre pues hay un plazo para impugnaciones” . El proyecto establece que partidos y “organizaciones acreditadas” tendrán acceso a “espacios públicos” y ”espacios informativos” de medios públicos. Públicos y privados tendrán que respetar “la neutralidad informativa”

Una ley cuya filosofía está inspirada en el derecho de autodeterminación  que según la CUP está por delante de cualquier derecho humano (la autodeterminación no aparece en ninguna referencia de la ONU a los Derechos Humanos ) y que no tiene la menor garantía de imparcialidad. Ahora, este martes se tiene que dar el primer paso  para la compra de urnas en un decreto que tiene que ser avalado por la totalidad de los consejeros. Para ello, este fin de semana se ha hecho la correspondiente purga entre los que estaban más dudosos y se ha constituido un nuevo Govern que ha puesto el tren en marcha. Un nuevo Govern impuesto por Oriol Junqueras que ha producido un notable malestar dentro de las filas del PDeCAT que dicen que son ellos los que están pagando las consecuencias de las ilegalidades del proceso mientras que Junqueras permanece intocado , a la espera de ser el próximo presidente de la Generalitat…