Los independentistas no están dispuestos a arriesgar su patrimonio

Hasta ahora nada ha impedido que los independentistas sigan adelante con el referéndum, que han convocado para el próximo 1 de octubre. Ni las sentencias y advertencias del Tribunal Constitucional ; ni la posible aplicación del artículo 155 de la Constitución que permite que el Gobierno central asuma determinadas competencia del Gobierno de la Generalitat ; ni las condenas por parte del Tribunal Superior de Justicia de Cataluña de quienes tuvieron responsabilidades en la organización del Referéndum del 9 de Noviembre de 2014 (Artur Mas, expresident de la Generalitat, la ex vicepresidenta, Joana Ortega, y la exconsellera Irene Rigau condenados a dos años de inhabilitación por desobediencia al Constitucional y Francesc Homs condenado a un año y un mes igualmente por desobediencia), ni siquiera la posibilidad de poner en marcha la ley de Defensa Nacional para preservar el orden constitucional…

Nada ha servido para frenar las ansias independentistas de quienes han convocado el referéndum del 1 de octubre, como el inicio del llamado Proceso de ruptura con España y la posible declaración, cuarenta y ocho horas después del referéndum, en caso del triunfo del Sí, de la Republica catalana. Ha bastado que se filtraran las primeras informaciones de las investigaciones del Tribunal de cuentas sobre la devolución de lo gastado en el referéndum en caso de llevarse a cabo, para que el pánico se haya apoderado de los defensores del derecho a decidir y hayan aparecido las primeras grietas en el Govern y en los partidos políticos que defienden el referéndum de Octubre.

El que abrió la primera grieta fue Jordi Baiget, conseller de Empresa i Coneixement, al expresar públicamente sus dudas sobre la celebración del Referéndum, algo que provocó la ira de la CUP que le exigió el cese al presidente de la Generalitat en el plazo de horas. Tras admitir esas dudas, Beiget afirmaba que no pueden cerrarse “otras alternativas” para que los ciudadanos puedan pronunciarse en el caso de que el Estado vete ese referéndum. Pero lo más importante es que decía que estaba dispuesto a ir a prisión, pero no, a comprometer su patrimonio, y el de su familia, enfrentándose con el Estado.

Fue, en cierto modo, el pistoletazo de salida porque, poco a poco, el ejemplo de Baiget parece haber cundido y son varios los diputados que han expresado sus dudas sobre las consecuencias que para su patrimonio puede tener la petición de la fiscalía al Tribunal de Cuentas de apertura de una investigación para que Artur Mas, Irene Rigau, Francesc Homs y Joana Ortega reintegren los 5,12 millones de euros de dinero público que se considera probado que salieron de la Generalitat para la consulta del 9N.

Al juego del ratón y al gato que durante meses está llevando el gobierno de Carles Puigdemont con el Gobierno central, intentando por todos los medios, que no haya ningún papel escrito para evitar el correspondiente recurso ante el Tribunal Constitucional se añade, ahora, el temor a tener,que pagar lo que cueste ese referéndum al que, por otra parte, según han anunciado los sindicatos, los funcionarios no están dispuestos a contribuir y han manifestado ya su voluntad de permanecer fieles a lo que dice la Constitución Española.

El ultimo capitulo lo escribía el martes el vicepresidente Oriol Junqueras, el hombre encargado de dirigir la consulta, que no parece dispuesto a asumir solo las responsabilidades que eso conlleva, por lo que ha exigido al presidente Puigdemont que todos los consejeros del PDeCAT firmen con responsabilidad compartida o, en caso contrario, que sean destituidos de sus consejerías. O sea, o todo o ninguno y… el Patrimonio de todos.