Una cosa llamada CETA divide al “nuevo PSOE”

Un tratado llamado CETA, firmado en Bruselas a finales de Octubre de 2016, que es un Acuerdo Económico y de Comercio entre la Unión  Europea y Canadá, y que ha estado siendo  discutido durante ocho  años en Bruselas, dentro del  mayor  secretismo y clandestinidad (de ahí  su desconocimiento casi general por parte de la opinión pública) ha provocado el primer gran conflicto dentro del “nuevo PSOE”,  dentro del grupo socialista en el Parlamento Europeo y español y dentro también, de las autoridades comunitarias, especialmente del comisario de Asuntos Económicos y Financieros, Pierre Moscovici, que ha estado en Madrid, intentando convencer al secretario general Pedro Sánchez de que facilite su aprobación, la próxima semana en el Congreso de los Diputados.

El argumento que ha utilizado Moscovici es que se trata del “acuerdo comercial más progresista que se ha firmado nunca que protege el medio ambiente, la sanidad, respeta nuestra diversidad cultural, preserva nuestra agricultura  y que es un buen acuerdo  por lo que desea  que “los progresistas europeos lo ratifiquen“. Todo lo contrario de lo que dicen los críticos al CETA (Comprehensive Economic and Trade Agreement), que denuncian que el Tratado pone en riesgo los estándares sociales y medio ambientales, y beneficia únicamente a las multinacionales gracias a los tribunales de arbitraje, que según sostienen limitarán el derecho a legislar de los Gobiernos. La oposición de los sindicatos de toda Europa es total, así como la de los socialistas austriacos, belgas  y franceses.

Por otra parte, movimientos de izquierda y antiglobalización han criticado el CETA, entre otras cosas, por la opacidad con la que se negoció. Lo consideran “el caballo de Troya” del acuerdo TTIP que se discute con Estados Unidos y le achacan que beneficia a las multinacionales y no a los ciudadanos. El ámbito que más desconfianza ha generado es el de los arbitrajes del denominado Investment Court System (ICS), un sistema privado de administración de Justicia entre inversores y Estados,  con el que se pretende estandarizar interpretaciones y acelerar las decisiones.

En el caso español, la forma en que se ha producido el cambio de posición, con un tuit (“No lo vamos a apoyar. Por una nueva socialdemocracia”) y un intento de aclaración (los acuerdos internacionales tienen que redefinirse para no concentrar más poder en las grandes corporaciones a costa de derechos), el Miércoles, por parte  de la presidenta del partido, Cristina Narbona, cuando el día anterior en la Comisión de Asuntos Exteriores, se había dado el visto bueno al Tratado, ha complicado un tema  sobre el que la Gestora ya había optado por apoyar. Si además, la portavoz del grupo parlamentario Margarita Robles, en el Programa  “La Brújula” de Onda Cero, insistía por la noche, en que “todavía no se había tomado ninguna posición y que era bastante probable que la decisión final fuese la abstención”, la confusión y el desconcierto, no sólo se quedaba en Madrid sino que se trasladaba, convirtiéndose en inquietud, a Bruselas. El presidente del Gobierno español Mariano Rajoy calificaba la postura de Pedro Sánchez de ridículo y que sería un error votar en contra.

Sin embargo, de acuerdo con una corriente existente dentro del PSOE, de que no se puede dar el Sí a un Tratado que es la antesala del TTIP (nada que ver de supuestas presiones de Podemos sobre Sánchez para iniciar esa serie de contactos para una política de acoso al Gobierno de Rajoy), el secretario general del PSOE, de acuerdo con lo que adelantaba anoche en Onda Cero la portavoz parlamentaria Margarita Robles, comunicaba al comisario Moscovici en entrevista celebrada en Madrid, que  su partido se abstendría en la votación del Tratado la semana que viene.

“En 1.600 páginas del Tratado, sólo hay cuatro sobre nuestros derechos medioambientales. Tenemos diferencias en el modo de resolución de las disputas, en el desequilibrio en la protección de los derechos laborales frente a los inversores y en la ausencia de penalizaciones en la violación al Tratado”, ha dicho Sánchez a Moscovici, según un comunicado del PSOE, que no aclara si lo realmente importante, como ha venido defendiendo Cristina Narbona, son los derechos medioambientales, su especialidad.

El CETA cuenta ya con el visto bueno formal de los Veintiocho y de la Eurocámara, por lo que su aplicación provisional será posible cuando el Gobierno canadiense dé definitivamente su visto bueno. Pero la aplicación definitiva, sin embargo, no se producirá hasta que se haya cumplido el proceso de ratificación de todos los parlamentos nacionales, algo que puede llevar años., Nada comparable con esos ocho años de discusiones casi en secreto…o cuyo secreto  ha estado en poder de los lobys.