Cataluña: la ofensiva judicial frente a la política es insuficiente

Sigue la ofensiva política en Cataluña con el Referéndum de independencia como horizonte, mientras el Gobierno central, con la ley en la mano, pretende plantar cara al independentismo, huyendo de la política y refugiándose en la legalidad vigente, especialmente la que se deriva del Tribunal Constitucional. Mientras en Cataluña, sigue el debate sobre el Presupuesto de la Generalitat en el que se incluye, a pesar de la advertencia del Consejo de Garantías Estatutarias (un organismo de la propia Administración catalana) una partida económica específicamente dedicada al Referéndum ilegal del mes de Septiembre. Partida, que a pesar de las advertencias de los letrados del Parlament, ha sido votada por los diputados de Junts Pel Si, dos de la CUP, y uno de una disidente de Podem, que no se ha abstenido, como han hecho sus compañeros de grupo CSQP (Catalunya Si Que es Pot, que han votado en contra).

Los diputados socialistas, populares y de Ciudadanos, no han querido participar en la votación a la que se han opuesto los servicios jurídicos de la Cámara, tras el dictamen del Consejo de Garantías Estatutarias. Por eso, dentro de un notable rifirrafe, porque se ha llegado a pedir un segundo informe jurídico y la petición de convocatoria urgente de la Mesa del Parlament, la célebre enmienda adicional 31 ha sido aprobada y en ella se insta al Govern a “habilitar las partidas para garantizar los recursos necesarios en materia de organización y gestión para hacer frente al proceso refrendario sobre el futuro político de Catalunya”.

Lo que ha hecho este miércoles el Parlament de Catalunya ha sido un acto más de desobediencia, la característica de todo este proceso, que ha afectado ya al expresidente de la Generalitat Artur Mas, la exvicepresidenta Joanna Ortega y la consejera de educación Irene Rigau, que ya han sido inhabilitados por distintos periodos de tiempo por desobediencia, y el diputado del Partido Demócrata de Catalunya (Pecta), antigua Convergencia Democrática de Cataluña, (CDC), Francesc Homs que este miércoles ha visto como el Tribunal Supremo, ha hecho publica también su inhabilitación por un año y un mes por desobedecer al Constitucional y responsabilizarse de la consulta del 9N. De nuevo el señor Homs, como hizo a lo largo del proceso, insistió en que se le inhabilitaba por poner unas urnas cuando en realidad se le inhabilita por desobedecer al Tribunal Constitucional.

Todas estas noticias se producen después de la petición de Puigdemot y Oriol Junqueras para la formación de una Mesa política que negocie la celebración de un Referéndum legal, parecido al que se celebró en Escocia en 2014 y en un ambiente de enfrentamiento interno entre los partidarios del Referéndum Sí o Sí, los defensores de un adelanto electoral que ganaría Esquerra y los que siguen preconizando una declaración unilateral de independencia. Es la tesis del periódico francés Les Ecos que señala que los independentistas intentan subirse al tren de Escocia en lo que llaman con cierta ironía “el mismo estribillo”.

Aunque el Gobierno cree que puede seguir esquivando el debate esgrimiendo solamente argumentos jurídicos, en Cataluña no basta. Casi el 85% de los habitantes de la región se pronuncian a favor de la celebración de un referéndum, molestos por la indiferencia del poder central. Para ellos no se trata necesariamente de optar por el separatismo, si no de poder votar, aún a riesgo de que se pronuncien contra la salida de Cataluña, o de defender la reforma de la Constitución hacia un modelo federal. Los últimos sondeos perfilan una fractura profunda en la sociedad catalana: El 45,3% dice estar a favor de la secesión, pero el 46,8% se opone, según el centro de estudios de opinión de Cataluña. Las encuestas también apuntan a un hartazgo creciente, y los contrarios a la independencia se movilizan.

“Con autorización o sin ella, es la tesis del periódico, los independentistas, prometen celebrar un Referéndum antes de septiembre, y prepara el proceso de “desconexión”, con un arsenal de leyes que deberían facilitar, llegado el día, la transición hacia una República catalana. El Gobierno español permanece impasible ante lo que considera un farol. La pregunta es cuánto tiempo podrá seguir evitando una auténtica propuesta política para redefinir un proyecto de país que vuelva a unir a la gente”.