Segundo tropiezo para Rajoy; ahora con la Ley Mordaza

Por segunda vez en una semana el Gobierno de Mariano Rajoy ha quedado en minoría y tanto Ciudadanos, el aliado natural y “preferente” del PP tras la investidura, como el PSOE, cuyo voto es importante para cualquier votación importante, han contribuido a lo que ha sido esta segunda derrota parlamentaria, tras el rechazo del decreto ley de la Estiba, y han puesto las bases para la derogación de la Ley de Seguridad Ciudadana, conocida como “Ley Mordaza”. Una Ley Orgánica que aprobó el gobierno del Partido Popular hace dos años, cuando tenía mayoría absoluta. Varios de los partidos representados en la Cámara ya habían anunciado durante la campaña electoral que tenían la intención de derogarla. Es más, el PSOE la recurrió al Tribunal Constitucional.

El Presidente del Gobierno que no ha estado presente en la votación, no se ha pronunciado sobre este segundo varapalo parlamentario, después de que la pasada semana fuera rechazado el importante decreto Ley de la Estiba que volverá a presentarse a la búsqueda de un consenso. En esa ocasión, el Presidente del Gobierno insinuó que si los partidos seguían comportándose con esa falta de colaboración, tendría que disolver en Mayo y convocar nuevas elecciones, Posteriormente, Rajoy tuvo que matizar y asegurar que su verdadera intención es agotar la legislatura, aunque, para eso, necesita la responsabilidad de su socio de Gobierno, Ciudadanos, y el sentido común del resto de las formaciones políticas.

La Ley cuya derogación ha comenzado este martes, endureció todo lo que afectaba a la paralización de los desahucios (hay un ex cura en la Coruña que ha recibido numerosas multas por esa actividad), y la actitud ante la resistencia pasiva y sentada en manifestaciones. El texto considera una infracción cualquier “perturbación grave de la seguridad ciudadana” que se produzca frente a las sedes del Congreso, el Senado y los parlamentos autonómicos, aunque los representantes públicos no estén reunidos en ese momento. Igualmente La Ley sanciona “el uso no autorizado de imágenes o datos personales o profesionales” de policías “que pueda poner en peligro la seguridad personal o familiar de los agentes, de las instalaciones protegidas o en riesgo el éxito de una operación”. Las multas que se imponen vas de 100 a 600.000 euros.

A pesar de que tanto el Gobierno como el Partido Popular en la anterior legislatura, la de la mayoría absoluta, se negó a una reforma de la Ley, e incluso a pactar los cambios que, según toda la prensa y organismos internacionales, afectaban a lo que es la “libertad de expresión e información”, y ahí están los editoriales de importantes medios como The New Tork Times, Spiegel, Le Monde o The Guardian. Desde su aprobación han ido aumentando las protestas, especialmente cuando se han visto afectados fotógrafos que han puesto en twitter instantáneas gráficas de manifestaciones o de detención de manifestantes en la vía pública y que han sido multados por eso.

Una encuesta última sobre el tema arroja el resultado de que el 78,5% de las encuestados estaban en contra de una Ley que, además ha sido duramente criticada por los Colegio de Abogados y por la propia ONU, por su Comité de defensa de Derechos Humanos. La Ley de Seguridad Ciudadana, una de las más polémicas aprobadas por el ejecutivo de Rajoy, ya nació con el firme compromiso de los partidos en la oposición de ser derogada en el caso de que accedieran al Gobierno tras las elecciones generales del 20 de diciembre de 2015.

El Instituto Internacional de Prensa (IPI) con el apoyo el Comité para la Protección de los Periodistas (CPJ), la Federación Europea de Periodistas (FEP) y la Plataforma en Defensa de la Libertad de Expresión (PDLI), ha realizado una investigación para evaluar la Ley y han llegado a la conclusión que alberga “peligros evidentes para el libre flujo de información de interés público” y que ni un sólo parlamentario de la oposición apoyaba la medida. Martha Stefan, miembro de la Junta Ejecutiva del IPI y líder de la misión, denunció que “las libertades de prensa y de expresión no son cuestiones políticas, sino pilares fundamentales de cualquier sociedad democrática” y urge a los partidos políticos de todas las tendencias que se impliquen en la protección de estos derechos. “Pedimos encarecidamente al el próximo Gobierno español que tengan en cuenta las críticas relevantes procedentes tanto de España como de la comunidad internacional y que adopten las recomendaciones de este informe”.