Socialistas y nacionalistas: un acuerdo razonable de Gobierno

Este martes se firma en el Parlamento de Vitoria el acuerdo por el que el Partido Socialista de Euskadi (PSE) y el PNV (Partido Nacionalista Vasco) formarán un Gobierno de coalición, y afrontarán juntos la próxima legislatura pero, sobre todo, se comprometen a la reforma del actual Estatuto de Guernica, dentro de un nuevo marco jurídico que respete la legalidad vigente, y todos los pasos necesarios para que al final pueda ser sometido a Referéndum, como se hizo en el actual Estatuto votado en 1979.

Según el acuerdo hecho público este lunes el borrador con la reforma del nuevo Estatuto deberá ser redactado en el plazo de ocho meses, y tramitado por el Parlamento vasco como proposición de ley siguiendo las normas y procedimientos jurídicos legales vigentes y los establecidos en el Reglamento de la Cámara. El punto que ha producido más sorpresas en algunos círculos, es el que se pueda discutir, durante la elaboración de ese anteproyecto, el concepto de Nación y el derecho a decidir, dos puntos en los que el PNV no ha querido ceder, porque eso forma parte elemental de su ideario y el propio Urkullu, aunque recordando que hay notables diferencias de su partido con la posición catalana, y el camino que ha emprendido hacia la independencia unilateral. Ellos estarían en otro camino.

En este sentido el acuerdo aclara que no se quieren establecer líneas rojas, por lo que se da libertad para defender en la Ponencia de Autogobierno que tienen que constituir que cada partido debate sus respectivos modelos de Estado, sin establecer vetos sobre el “reconocimiento de Euskadi como nación”, y el “reconocimiento del derecho a decidir y su ejercicio pactado en un marco de negociación y acuerdo dentro del ordenamiento jurídico vigente en cada momento”, como también a lo que se refiere a la identificación clara de las competencias exclusivas vascas, y por ejemplo “la profundización y mejora del autogobierno vasco en convivencia y solidaridad con el conjunto del Estado”.

Este párrafo de lo que ha sido presentado como el proyecto, denominado ‘Pilares para construir una Euskadi con más y mejor empleo, más equilibrio social, más convivencia y más y mejor autogobierno’, pone el acento en que será necesario que la Comunidad Autónoma adquiera una nueva denominación, pero no especifica qué papel tendrá cada uno de los integrantes del Gobierno. Es, en ese pacto, donde se incluye el reconocimiento a los dos socios de la “libertad para defender” en la ponencia de autogobierno sus “respectivos postulados y planteamientos en materia de autogobierno”.

El que Pedro Sánchez haya sido el primero en reaccionar diciendo que es un buen acuerdo para Euskadi y para España (sobre todo, si se tiene en cuenta que el partido socialista, uno de los grandes perdedores en las elecciones autonómicas vascas, es la cuarta fuerza política y entra en el gobierno con tres carteras ): el que la firmante del acuerdo sea Idoia Mendía, una mujer del equipo del dimitido secretario general del partido, partidaria, además, de un acuerdo de investidura de Sánchez con los independentistas, y el que, en fin, que la Gestora que preside Javier Fernández, no haya tenido ninguna intervención en ese pacto de Gobierno, ha creado un cierto clima de desconfianza que la propia Gestora ha empezado a disipar manifestando que, efectivamente, la de Euskadi es una “buena fórmula”… Un acuerdo razonable, por lo menos en sus planteamientos generales.