El Constitucional contra Forcadell, y ella en Etiopía

Mientras el Pleno del Tribunal Constitucional debatía sobre el futuro de Carmen Forcadell, la presidenta del Parlamento de Cataluña, iniciaba sus vacaciones en Etiopía, después de haber delegado sus funciones hasta el 12 de Agosto, en el vicepresidente Lluís Corominas, mediante una nota publicada en el Boletín Oficial de la Cámara. Interpretado en algunos círculos políticos como un nuevo desafío, por otros, como un signo de normalidad, y aplaudido por quienes insisten que el Constitucional no puede impedir bajo ningún concepto una decisión de la Cámara como la que ha provocado el choque de trenes entre las dos Instituciones y que supone el mayor desafío realizado hasta ahora contra el Estado, resulta, cuando menos chocante el momento y el lugar escogido para las vacaciones veraniegas.

Se ignora hasta el momento si, desde Etiopía, se ha producido alguna reacción de Forcadell, la antigua activista política que ocupa la Presidencia del Parlamento catalán desde Octubre de 2015, y que permitió la votación para el inicio de la desconexión de Cataluña de España para la independencia. Este lunes el Constitucional ha acordado suspender la aprobación de las conclusiones de la comisión de estudio del Procés Constituent, votada en el Parlament. La decisión del TC implica que la resolución parlamentaria queda desactivada y no puede producir efecto jurídico alguno.

Además, la decisión del Constitucional, advierte personalmente a la presidenta del Parlament, Carme Forcadell, y al de la Generalitat, Carles Puigdemont, entre otros, de su eventual responsabilidad, incluso penal, si ignoran esa suspensión. En contra de la urgencia del Gobierno, más tarde se decidirá si envía a la Fiscalía una comunicación para que se inicien acciones penales por un presunto delito de desobediencia contra Forcadell, al haber permitido la votación de la Cámara catalana sabiendo que el TC había declarado inconstitucionales los planes rupturistas. Las decisiones han sido tomadas por unanimidad, a pesar de que el Tribunal estaba dividido sobre si remitir a la Fiscalía la denuncia de la Abogacía del Estado o esperar, como así ha sido, las alegaciones de la Presidenta del Parlamento catalán que tendrá que entregar en el plazo máximo de veinte días.

El desafío catalán y el enfrentamiento con los Tribunales ha tenido amplia repercusión en toda la prensa internacional que destaca que todo el proceso se ha desencadenado con un Gobierno en funciones y, con una auténtica parálisis política para formar Gobierno después de siete meses. Además destacan que, por primera vez, en un sondeo, los partidarios de la independencia de Cataluña superan a los defensores de la unidad con España: el 47,7% votarían por la independencia, contra el 42,5% que defenderían el mantenimiento dentro de España. En el último año, la defensa de la independencia aumentó 5 puntos porcentuales en los sondeos.

El periódico alemán Die Tageszeitung destaca, sobre todo, que la oposición habla de “golpe de Estado parlamentario”, mientras el Gobierno catalán no se deja impresionar, hasta el punto que vuelve a movilizar manifestaciones masivas a favor de la independencia para la fiesta nacional el 11 de Septiembre. Por su parte el francés Le Monde insiste en que estamos ante un “Nuevo desafío de Barcelona a Madrid”, “Un atentado contra la democracia”, según el Partido Popular, un “menosprecio de la ley” para Ciudadanos y un “desafío a la autoridad del Tribunal Constitucional de una extraordinaria gravedad, que sitúa al parlamento catalán fuera de la ley” para el PSOE.

El texto que ha sido rechazado este lunes por el Constitucional y que fue votado en un ambiente muy tenso la pasada semana en el Parlament, insiste en que “el pueblo de Cataluña posee la legitimidad para comenzar su propio proceso constituyente”. Este se dividiría en tres fases: un “proceso participativo”, una segunda fase de “desconexión del Estado y de convocatoria de elecciones constituyentes” mediante “un mecanismo unilateral con el objetivo de “formar una Asamblea constituyente” que dispondrá de “plenos poderes” y redactará “un proyecto de Constitución”. Proyecto que, en una tercera etapa, “será ratificado por medio de un referéndum. “Para justificar este golpe de mano, el texto afirma que “no existe ningún margen de maniobra para el reconocimiento del derecho a decidir del pueblo catalán en el marco jurídico constitucional y legal español”.