La polémica del “Pacto Politico” con Cataluña

Tal como adelantaba este cronista (ver republica.com ¿Qué significa ese “pacto político” con Cataluña que anuncia Sánchez? ) el contencioso catalán ha irrumpido en la precampaña electoral, con la propuesta del candidato socialista Pedro Sánchez, de un Pacto Político bilateral con Cataluña para conseguir un encaje en España, reconociendo la “singularidad” de esa Autonomía y, blindando, además competencias de Educación, Cultura e idioma, como competencias exclusivas de la Comunidad Catalana. Algo que ha sido interpretado como una alternativa al Referéndum de escisión de España que defienden los partidarios de la independencia, Referéndum que no contempla la actual Constitución.

Veinticuatro horas después de la “propuesta Sánchez”, la reacción del PP (con el que hay que contar para este tipo de proposición) ha sido de total oposición, mientras que en las filas socialistas, salvo en las del PSC de Cataluña, ha despertado todo tipo de suspicacias y recelos no sólo por la “bilateralidad”, sino por lo que puede suponer de ruptura de la igualdad con el resto de las Comunidades Autónomas. Aunque la mayoría de los barones no han querido entrar de lleno en el debate, salvo García Page de Castilla la Mancha, Guillermo Fernández Vara de Extremadura, y  determinados mensajes desde Andalucía, probablemente la Comunidad más reticente, son muchos los dirigentes que en voz baja, han puesto de manifiesto sus dudas, cuando además, el tema ni está en el programa electoral, ni ha sido debatido por el Comité Federal del partido. La propuesta Sánchez, sin embargo, hay que decir que ha sido rechazada por los independentistas y, bien recibida por Podemos.

La oposición frontal, tras un primer pronunciamiento en contra de García Albiol, ha venido por parte del Partido Popular, con el que hay que contar para cualquier propuesta de este tipo. Ha sido la propia vicepresidenta del Gobierno Soraya Sáenz de Santamaría la que en el programa “Espejo Público” de Antena 3, ha manifestado que Sánchez tiene que poner “negro sobre blanco” su propuesta de “pacto político” bilateral y reconocimiento de la “singularidad” de Cataluña. La Vicepresidenta ha recordado que la propuesta no obtiene consenso ni siquiera en el seno del PSOE, dónde ha obtenido, ha dicho, críticas de los barones, como el presidente castelloanomanchego, Emiliano García-Page, y le ha advertido de que plantear una reforma constitucional para “entretener” a los independentistas no es una estrategia acertada.

Las declaraciones de la Vicepresidenta siguen a otras de ministro de Asuntos Exteriores Jose Manuel García-Margallo, el “experto” del Gobierno en el contencioso catalán que sostiene que las singularidades de Cataluña ya están reconocidas, aunque añade, si se trata de particularidades adicionales “no serían asumibles”. Margallo puntualizó que los catalanes tienen el reconocimiento constitucional de su lengua, cultura y derecho civil, pero “en lo demás deben regir los principios comunes” a todos los españoles.

A estas alturas dicen que el secretario general del PSOE no entiende que se suscite un debate por una propuesta que, según él, forma parte de la declaración de Granada suscrita por todos los líderes autonómicos del partido hace tres años. En aquel documento se defiende “el respeto a las identidades diferenciadas dentro de España, compatible con un compromiso colectivo con el proyecto común», así como «la igualdad de derechos básicos de todos los ciudadanos” con independencia de dónde residan y se reconocen “los legítimos hechos diferenciales”, pero no «los privilegios o las discriminaciones” Sin embargo son tales las desconfianzas que el presidente castellano-manchego, Emiliano García-Page, el primero en reaccionar horas después de la propuesta llegó a decir que esperaba que su secretario general no esté “en la tesis de pasarse por el arco del triunfo” los acuerdos de Granada.

En resumen: lo que muchos dirigentes socialistas, especialmente los andaluces, extremeños y castellano manchegos, rechazan es esa relación de “bilateralidad“ entre el Estado y una Comunidad Autónoma, al tiempo que insisten en que no se puede romper el modelo actual en cuanto a financiación o contribución a las arcas del Estado para contrarrestar el independentismo, frente a quienes defienden que la reforma de la Constitución y del Estatuto de autonomía deberían responder al grado de demandas de muchos catalanes que, desde la sentencia del Estatuto, se consideran agraviados y con la sensación de que no se les quiere dentro del proyecto del que hasta ahora formaban parte.