23F, 35 años después: incógnitas, lagunas y misterios sin resolver

Este martes 23 de Febrero, con un país con un gobierno en funciones desde hace más de dos meses, y pendiente de la investidura de un presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, se conmemora el 35 aniversario del golpe de estado bautizado como el 23F. Cuando se produjo el golpe de estado, quien aspira a la Presidencia del Gobierno tenía nueve años, y sea cuál sea el resultado de la votación en el Parlamento, dentro de unos días, nada será lo mismo. A partir de ahora, roto el bipartidismo y desplazado por dos partidos emergentes, Ciudadanos y Podemos, que negocian la formación de un nuevo Gobierno, el mapa político español ha cambiado radicalmente y cambiará también la política que se ha venido desarrollando hasta ahora.

Hace 35 años, durante la investidura en el Congreso de los Diputados, de Leopoldo Calvo Sotelo, un grupo de guardias civiles, al mando del teniente coronel Antonio Tejero, iniciaba todo un golpe de Estado. Hoy, 35 años después, en ese mismo Congreso de los Diputados, negociadores del PSOE, Izquierda Unida, Compromís, Ciudadanos y Podemos, negocian, contra reloj, otra investidura, la de Pedro Sánchez, adelantada al día 1 de Marzo.

Cuando las televisiones han resucitado estos años el golpe de estado del 23 de febrero con series informativas y docudramas o periódicos como El País, han querido convertirse como protagonistas únicos en defensa de la democracia, ignorando otros papeles más trascendentes en aquellos históricos días, parece obligado volver sobre el tema para poner de manifiesto que ninguno de los documentos emitidos estos últimos años o documentos supuestamente inéditos, han aportado grandes novedades a lo que ya se conocía, ni se han aclarado las numerosas incógnitas que siguen existiendo sobre la fallida intentona cívico-militar.

Desde mi perspectiva personal y del conocimiento del golpe de estado, al que he dedicado cuatro libros, los dos últimos (23 F: la historia no contada, Ediciones B, 2006) alcanzaron una venta récord con seis ediciones, y de la misma Editorial: “23F Treinta Años después”), no se han puesto sobre la mesa datos nuevos que sirvan para aclarar, sobre todo, el papel fundamental, que los servicios secretos del Cesid (Centro Superior de Información para la Defensa), reconvertido ahora en CNI (Centro Nacional de Inteligencia), desempeñaron en el golpe, hasta el punto que fueron los instigadores y los organizadores de algo que se sigue atribuyendo, casi exclusivamente, al teniente coronel de la Guardia Civil Antonio Tejero.

Sobre todo, sigue sin aclararse el papel del responsable de los servicios operativos del Cesid, como jefe de la Agrupación de Operaciones y Medios Especiales (AOME), el comandante José Luis Cortina Prieto (aliado del general Alfonso Armada), y de sus hombres, que en coches camuflados del Centro, condujeron a Tejero y a los guardias civiles de Príncipe de Vergara y Valdemoro y a la columna de la División Acorazada del comandante Pardo Zancada, hasta el mismo Congreso.

Cortina, sorprendentemente, es absuelto de todos sus cargos en el juicio que se celebra en el Servicio Geográfico del Ejército, en Campamento, a las afueras de Madrid, mientras es condenado uno de sus hombres, el agente operativo Gómez Iglesias, capitán de la Guardia civil encargado de vigilar a Tejero prácticamente desde que sale de prisión, por su primera intentona golpista de asalto al Palacio de la Moncloa (‘operación Galaxia’).

Es más, hombres del Cesid que participaron en la operación utilizaron el sistema de comunicaciones de la Casa (no existían, entonces, los teléfonos móviles, sino un sistema de transmisiones militar denominado HT) para seguir al minuto los acontecimientos, mientras se utilizaba un chalet de la carretera de la Playa como central de comunicaciones, ya que desde hacía meses miembros de un grupo especial de agentes (SEA) que se crea para la operación golpista tenían pisos alquilados cerca de la plaza de Castilla y en la calle Felipe IV, a pocos metros del Congreso. En ese piso los agentes Rafael Monge, Miguel Sales Maroto y José Moya Gómez tuvieron en todo momento controlado los movimientos de tropas alrededor del Parlamento.

Entre las muchas incógnitas que nunca se llegaron aclarar está también, aparte del silencio que se extendió sobre la trama civil, el protagonismo que algunos capitanes generales tuvieron en aquella intentona, hasta el punto que se prohibió todas las investigaciones sobre ese protagonismo, y el papel que la Embajada de Estados Unidos y el propio Gobierno norteamericano desempeñaron en los preparativos del 23F. Un papel que explica esa primera reacción del Departamento de Estado minutos después del golpe, cuando declaró que se trataba de un “asunto interno de España”. Muchos años después se supo que la VI Flota se había acercado a la costa valenciana, donde se sublevaría el capitán general Jaime Milans de Bosch, que muchos de los implicados mantuvieron contactos con agentes de la CIA y de la DIA (Agencia de Inteligencia de la Defensa), con el jefe de estación Ronald Estes y con el propio embajador norteamericano en Madrid Terence Toddman.

Además, desde primera hora de aquel lunes 23 de febrero de 1981 las bases de utilización conjunta hispano norteamericanas de Torrejón, Morón y Zaragoza estaban en estado de alerta y aviones estadounidenses de inteligencia electrónica del 86 escuadrón de Comunicaciones desplegados en la base de Ramstein (Alemania) sobrevolaban el centro y el sur de la Península, interceptando las transmisiones vía radio entre las diferentes unidades del Ejército, las Capitanías y los Cuarteles Generales de los Ejércitos.

Muchas de esas incógnitas, de esos misterios, de esas lagunas que aparecen en lo que pasó en aquella noche “la Noche de Tejero”, no se conocerán hasta que se desclasifiquen determinados papeles que deben estar en estos momentos en el CNI (Centro Nacional de Inteligencia) y, sobre todo, en el Tribunal Supremo. Estos últimos no podrán ser consultados hasta que muera el último de los implicados en el golpe de ese tarde-noche-madrugada.