En Europa se habla de “golpe de estado” y no se descarta nada

Veinticuatro horas después del anuncio de intento de golpe de estado, con la admisión a trámite por la mesa del Parlament catalán de una proposición de ley firmada por Junts per Si y por la CUP (Candidatura de unidad Popular), tanto Ciudadanos como el Partido Socialista, han conseguido por el momento, paralizar la proposición, hasta conocer el preceptivo informe jurídico de la Cámara, sobre las consecuencias políticas de la proposición, que cuenta, en principio, con la mayoría absoluta de los parlamentarios independentistas, gracias al apoyo de la CUP, un formación política antisistema que pide la salida del euro y de la OTAN, y que defiende el no pago de la Deuda. Como será su ideología que, por el momento, han suspendido todas las negociaciones en protesta por la redada que los Mossos están haciendo contra militantes antisistema y células anarquistas.

La CUP, con poco más de trescientos mil votos en las elecciones del pasado 27 de septiembre, se ha convertido de este modo, no sólo en el árbitro de la situación, sino en el actor principal del proceso de independencia, quitándole el protagonismo a la Generalitat, a Artur Mas, a Oriol Junqueras, a Convergencia e, incluso, a Esquerra republicana de Cataluña (ERC), hasta el punto, de que tiene a “juntos por el Sí”, en una situación de subordinación total y sin decidir, todavía, si van a votar a Artur Mas, como presidente de la Generalitat con lo que, insisten una y otra vez, que avalarían todo el proceso de corrupción en el que se ha movido Convergencia, durante años, desde el reinado de Jordi Pujol hasta su “he Hereu” Artur Mas, considerado el octavo hijo Jordi Pujol i Solei.

Paralizado por unos días la proposición independentista (no cabe ninguna duda de que la hoja de ruta votada el martes seguirá adelante), dentro del propio gobierno de la Generalitat han comenzado a surgir las diferencias de cómo está transcurriendo el proceso, sin ninguna garantía de que Artur Mas sea investido presidente pueden tenerle en vilo hasta después de la elecciones del 20 de diciembre a la espera de los resultados, y del Gobierno que pueda salir elegido e, incluso entonces, seguir vetándole y optar por un independiente. Ante esta posibilidad han sido varios los consellers que han manifestado su preocupación por la evolución de los acontecimientos y ha tenido que salir la consejera de Gobernación para asegurar que el Gobierno de la Generalitat sólo obedecerá a la legalidad catalana que emane del Parlamento, dando a entender que no tienen en la menor intención de aceptar lo que diga el Tribunal Constitucional, ni, por supuesto, obedecer a la legalidad que se derive de la aplicación del artículo 155 de la Constitución, sobre la suspensión de la Autonomía.

Sin embargo, este miércoles, el Presidente del Gobierno que en los próximos días se reunirá con Albert Rivera, después de haber almorzado este miércoles en el Palacio de la Moncloa con Pedro Sánchez para poner de manifiesto que trabajarán coordinadamente “en defensa de la Constitución, la unidad nacional, la soberanía nacional y la igualdad entre los españoles“, se ha encontrado con dos frentes: los que defienden que, en estos momentos hay que estar con el responsable del Gobierno central y los que le descalifican totalmente para enfrentarse contra ese intento de golpe de Estado, y por eso ha matizado mucho, en una entrevista en la cadena Ser, cualquier suspensión de la Autonomía, para poner más el acento en el Tribunal Constitucional, que después de la reciente reforma, tiene potestad ejecutiva para quienes no obedezcan sus sentencias.

Europa que ha venido contemplando el contencioso catalán con cierto distanciamiento por el efecto contagio que un proceso independentista podría producir en partidos nacionalistas de Italia, Bélgica y Francia, ha acogido el paso dado por el independentismo catalán como un golpe de estado contra la Constitución, de acuerdo con la tesis de los partidos unionistas como destaca el periódico británico The Guardian. Pero es la prensa belga, en un país donde está sin resolver el problema entre flamencos y valones, la que da más importancia a lo que va a aprobar el Parlamento catalán como primer paso para la ruptura con España y la desconexión con la legislación española, a pesar de que no representan a la mayoría de los catalanes, ya que para una operación de ese tipo se necesita una aceptación de la población por encima del cincuenta por ciento y estamos solo ante un 47 por ciento, según se encarga de recordar el catedrático Francesc de Carreras.

La pregunta que todos se plantean en este momento es como reaccionará Madrid al desafío independentista. Rajoy ha advertido que utilizará todos los instrumentos disponibles (que son muchos). En última instancia podría recurrir al Artículo 155 que, en la práctica, supondría la suspensión de la Autonomía catalana. Éste es un terreno desconocido desde un punto de vista jurídico. “Tendría el efecto de una bomba”, según Carreras, aunque admite que los métodos utilizados por los nacionalistas también son peligrosos. “En mi opinión ése es el camino a seguir ya que los nacionalistas no tienen intención de retroceder. Lo único que aún les podría frenar son las divisiones internas. ¿Acaso nos encontraremos en breve con un Presidente encarcelado? En este momento no podemos excluir nada”.