El escándalo de la Púnica es mucho más que asco y bochorno

El levantamiento del secreto del sumario de la llamada “Operación Púnica”, en la que aparecen imputadas un total de 92 personas, entre ellas quien fue secretario general del PP de Madrid y consejero de Justicia con Esperanza Aguirre, Francisco Granados, así como numerosos alcaldes del Partido Popular, supone un duro golpe para el Partido en el poder y para el Presidente del Gobierno que, tarde o temprano, tendrá que dar algún tipo de explicación de ese nuevo escándalo, que no es de otra época, sino de hace un año escaso, para sorpresa de quienes creían que el tema de la corrupción formaba parte del pasado y que se había cerrado con Jurel y con Bárcenas.

Convencidos de que este nuevo escándalo pasará factura en las próximas elecciones generales, cuando los mejores conocedores de la estructura interna del PP pensaban que el tema de la corrupción estaba ya definitivamente cerrado, no parece que se pueda echar un manto de silencio sobre este último escándalo, con el argumento de que es la hora de la Justicia, de que hay que dejar trabajar a los jueces y de que son los Tribunales los que tienen que hablar. Razonamientos que ya han difundido parte de los responsables del partido. Adobado, eso sí, con el rechazo, el asco, el bochorno, la indignación, y la condena que provocan esos nuevos casos de corrupción. Mucho asco y mucho bochorno, pero se siguen produciendo por otros responsables que no sienten ese mismo asco y bochorno.

Si importante es el Caso Púnico por el medio centenar de tomos que tiene el sumario; por los más de 50.000 folios en los que el juez instructor se extiende en todo tipo de detalles escabrosos de lo que parece un latrocinio perfectamente organizado; por los cientos de horas de grabaciones telefónicas, de gran parte de los imputados que dan una idea de la catadura moral de los imputados; por el volumen de las comisiones ilegales y el total de los millones de euros manejados, lo verdaderamente importante es la intervención de la empresa francesa Cofely filial de la multinacional GDF Suez, que ha corrompido a numerosos alcaldes y concejales de municipios madrileños, la mayoría del Partido Popular, para lograr contratos multimillonarios de instalación y mantenimiento de sistemas de eficiencia energética, según la Fiscalía Anticorrupción y el juez Eloy Velasco.

“El plan criminal de la empresa”, de acuerdo con Marjaliza, acusa la Fiscalía Anticorrupción, “va más allá construyendo los circuitos de pagos de comisiones. No son los márgenes comerciales de Cofely de donde van a partir esos pagos, sino que se están planificando delitos de malversación para perjudicar a haciendas locales con un quebranto económico añadido” con la inestimable colaboración del dúo Granados-Marjaliza.

Da auténtica vergüenza escuchar a políticos que dicen que ellos están en la política para tocarse los huevos; que si hay que chupársela a quien está mandando se le chupa y que si no, se le chupa al que venga; que hay que hacer la operación económica por encima de todo, aunque se trate de un pequeño pueblo sin posibilidades económicas para esos manejos de eficiencia energética; que si hay que hablar con determinados jueces se habla, ya que hay alguna magistrada que se ha ofrecido públicamente a Granados a hacer lo que se le pida, porque Granados, según ella, es el mejor consejero de Justicia que ha tenido la Comunidad de Madrid. Casualmente la magistrada es la jueza que se encargó del espionaje en la Comunidad madrileña, otro escándalo al que se le ha echado toda la tierra posible.

Dentro de la Púnica, el papel del mejor consejero de Justicia que ha tenido la comunidad madrileña, Francisco Granados, la mano derecha de Esperanza Aguirre, es fundamental y decisivo, así como el de su socio y “cuate “, David Marjaliza. Los dos, acusados de fraude fiscal ocultan grandes cantidades de dinero en un banco suizo. Entre 2000 y 2012, ambos entregaron dinero en efectivo a distintas personas en España y éstas, a su vez, les ingresaron fondos en sus cuentas de Suiza por valor de 5.025.000 euros, según la investigación judicial. Granados y Marjaliza nunca declararon a Hacienda sus ahorros en Suiza. El constructor Marjaliza, con numerosos negocios irregulares en Valdemoro (Madrid), ingresó cerca de 10 millones de euros por un sistema opaco basado en facturas ficticias, según el juez instructor. Granados, por su parte, logró un pelotazo inmobiliario cuando Marjaliza le compró por 1,4 millones, previamente recalificadas, cuatro fincas de su propiedad con un valor original de 170.000 euros.

Y todo eso rodeado de prostitución, favores al más alto nivel, tráfico de influencias, cohecho, prevaricación, falsificación de documentos, fraude fiscal, lavado de dinero… y toda una serie de delitos que ahora abochorna y escandaliza.