Mazazo judicial: los ERE no era una cosa de cuatro golfos

El partido socialista ha recibido este último jueves de junio, con la imputación por el Tribunal Supremo de dos de los que han sido presidentes del Partido y de la Junta de Andalucía (Manuel Chaves y José Antonio Griñán ) y de dos exconsejeros del Gobierno Andaluz, Gaspar Zarrias y José Antonio Viera, una de las peores noticias de sus últimos años, un verdadero mazazo, solo comparable al que recibió en el escándalo de 1995, cuando se dictó sentencia en un caso de financiación ilegal del partido, a través de un entramando de empresas formado Filesa-Malesa y Times Export, que inflaban contratos para generar comisiones, con las que se pagó entre otras cosas, la campaña electoral de 1989.

En este caso, la decisión judicial del Supremo, es mucho más grave, en tanto estamos hablando de dinero público, repartido sin criterio y de forma arbitraria, en Expedientes de Regulación de Empleo (ERE), que han favorecido, sobre todo, a empresas y a empresarios, a militantes del partido y simpatizantes sin ningún escrúpulo, y sin control en lo que actualmente constituye, junto con los cursos de formación, también pendiente en los Tribunales, el mayor escándalo económico que se ha producido en una Autonomía y en el resto del país. Un escándalo que es mucho más que un caso de cuatro golfos como ha venido defendiendo hasta ahora Manuel Chaves.

Escándalo por el que dimitió a finales de agosto de 2013, José Antonio Griñán, para dar paso como presidenta de Andalucía, a Susana Díaz, ratificada en el cargo, tras ganar las elecciones autonómicas el pasado mes de marzo y después de comprometerse a pedir la renuncia de de los dos expresidentes andaluces en el caso de que fuesen imputados. Algo que no ha hecho falta porque, horas después de conocerse la noticia, los tres imputados por el Supremo han renunciado y han dejado de ser aforados. El cuarto, José Antonio Griñán, ya lo hizo en su momento, para facilitar la investidura de Susana Díaz como presidenta.

El caso ERE, con 266 acusados, forma parte de una red de corrupción sobre Expedientes de Regulación de Empleo, vinculada a la Junta de Andalucía y cuyo origen parte de una investigación de prejubilaciones supuestamente fraudulentas de la empresa sevillana Mercasevilla. La investigación de esta causa sacó a la luz la inclusión de prejubilados falsos en ERE aprobados por la Junta entre 2001 y 2010. La Administración contabilizó hasta 235 beneficiarios bajo sospecha, de los cuales 71 eran intrusos.

Entre los imputados está la exministra Magdalena Álvarez, dos hermanos de la ministra de Empleo, Fátima Báñez, dos hijos de Ruiz Mateos, exdirectivos y extrabajadores de las aseguradoras Vitalia y Uniter, exsindicalistas y hasta un exfutbolista. El exdirector general de Trabajo de la Junta es el principal imputado y está acusado de conceder ayudas ilegales, entre otros, a su suegra, a sus amigos y hasta a su exchófer, que declaró ante la jueza que había gastado 25.000 euros de dinero público al mes, en cocaína para él y para su jefe.

Toda la trama actuaba a través de un llamado “fondo de reptiles” (partida 31L) de más de 650 millones de euros, aunque se calcula que el dinero presuntamente defraudado puede superar los 1.200 millones de euros, mientras el auto de este jueves del juez del Supremo Jorge Alberto Barreiro, en el que imputa a Chaves y Griñán por delitos de prevaricación administrativa, y Zarrias y Veira, por malversación de fondos públicos, habla de 850 millones de euros. En La lista de empresas implicadas aparecen Dhul, Bodegas González Byass, Minas de Riotinto, y Sindicatos que recibieron 7,6 millones de euros por mediar en los ERE entre 2000 y 2010.

El auto del juez es de una gran dureza y es un mazazo judicial para quienes han venido defendiendo que estábamos en un caso de cuatro golfos. No es lo que piensa el juez Barreiro que los implicados “cebaron sin descanso la partida de los ERE”, citando las palabras del que fuera interventor general de la Junta, Manuel Gómez, y relata cómo hubo un sector de altos funcionarios de la Junta que constituyeron una suerte de complot o conspiración de silencio dentro de las Consejerías de Empleo y Economía y Hacienda para ocultar la naturaleza ilegal del sistema.

El auto se refiere a la exposición razonada de Alaya para afirmar que de los indicios contra los aforados “derivan de su posición de alta y especial responsabilidad política” dado los cargos que desempeñaban y de su intervención en las decisiones de “creación o mantenimiento del sistema que facilitaba esa forma de proceder e incluso, respecto a alguno de ellos, en la ejecución de actuaciones concretas de aplicación del referido sistema”.