Rato: de un “caso particular” a un caso de “repera patatera”

Una semana después del estallido del “caso Rato”, algo calificado por la vicepresidenta del Gobierno Soraya Sáenz de Santamaría, tras la referencia del Consejo de Ministros de la semana pasada, como un “caso particular”, los efectos colaterales del mismo, se han extendido al Parlamento, a la Fiscalía General del Estado, a la policía, a los Tribunales e, incluso, a la Presidencia del Gobierno. Este miércoles, tanto el Presidente del Gobierno como la vicepresidenta, han tenido que responder en la sesión de control del Gobierno en el Parlamento, sobre la Amnistía fiscal, sobre la lista de los que se han acogido a esa Amnistía fiscal, y sobre todo, sobre la relación de 715 investigados por blanqueo y otros delitos, entre los que existen más de 300 PEP (Personas con Exposición Política), diplomáticos, políticos. Y empresarios de especial relieve social, algo calificado por el director de la Agencia Tributaria como la “repera patatera”, término que ha pasado a formar parte del lenguaje político normal, a pesar de la tosquedad de la expresión.

De todas formas, la “repera patatera” o la “repera limonera”, que dicen los menos cursis, que es mejor expresión, es que la opinión pública haya tenido conocimiento de que el Presidente del Gobierno, según confesó a un grupo de empresarios, en un almuerzo en el Palacio de la Moncloa el pasado martes, se haya enterado del caso Rato por la prensa. Como las versiones de los comensales del citado almuerzo varían, no se sabe muy bien si de lo que Rajoy se enteró por la prensa fue, y es grave, que Rato estaba siendo investigado por delito fiscal, blanqueo de capitales y alzamiento de bienes o, por el contrario, de lo que se enteró por la prensa, y eso es gravísimo, fue que el exvicepresidente había sido detenido y decenas de policías estaban registrando su domicilio y su despacho profesional.

La frase textual, que reproducen los medios, es que a preguntas de la Presidenta de Bankinter, Mariano Rajoy, en el almuerzo con los empresarios del llamado “Puente Aéreo”, respondió textualmente: “Todo el mundo sabe que soy amigo de Rodrigo Rato, y puedo decir, que me llevé un gran disgusto; pero ha sido una actuación independiente de la Agencia Tributaria y de la policía en la que el Gobierno no tiene nada que ver y de la que me enteré por la prensa”. La frase textual admite todo tipo de interpretaciones. ¿El disgusto, dice Rajoy, se produjo cuando supo la investigación de la Agencia Tributaria, o por el contario, fue cuando supo que se había ordenado la detención del exvicepresidente del Gobierno? ¿Conocía Rajoy, de antemano, la investigación que estaba realizando el ministro Montoro? ¿Es posible que Montoro iniciase una investigación contra Rato sin informar previamente, al Presidente del Gobierno? Es más, ¿es posible la puesta en marcha de un operativo de las consecuencias del de la semana pasada, sin la autorización previa del Presidente del Gobierno y del Palacio de la Moncloa? ¿Es cierto que el Presidente del Gobierno no estaba al tanto de la operación que se estaba desarrollando en el domicilio particular y en el despacho profesional del señor Rato?

El comportamiento de la Agencia Tributaria, después de que la Fiscalía Anticorrupción no apreciase indicios suficientes como para intervenir, y el recurso de acudir a la Fiscalía de Madrid, para que, en un plazo límite, dictase una orden de detención para evitar la destrucción de pruebas y la detención de quien no parece que tuviese intención de huir de la justicia, si bien estaba manejando su patrimonio en lo que la Agencia Tributaria cree que es un claro alzamiento de bienes, para liberarse de las responsabilidades de la salida a Bolsa de Bankia, introduce toda una serie de factores  que hacen que el caso Rato adquiera unas dimensiones de escándalo nacional.

En estos momentos nos encontramos en una situación de vacío jurídico ya que la Fiscalía Anticorrupción ha presentado un recurso de apelación en la Audiencia Provincial de Madrid, para que la causa abierta en un juzgado ordinario de la Plaza de Castilla, el exvicepresidente Rodrigo Rato, no pase a la Audiencia Nacional, donde se instruye, desde hace tres años un proceso por la salida a bolsa de Bankia, la gestión de sus directivos y consejeros, y últimamente, la utilización de las llamadas “tarjeras black”.

Anticorrupción entiende que los delitos por los que el exvicepresidente del Gobierno está siendo investigado ahora por fraude fiscal, blanqueo de capitales y alzamiento de bienes no son competencia de la Audiencia Nacional, por lo que ha presentado el recurso contra el auto que dictó el pasado lunes el juez de Plaza de Castilla encargado del caso.

Todo un entramado lio jurídico, fruto de la descoordinación y la improvisación del Gobierno y de la actuación del ministro de Hacienda Cristóbal Montoro, que, además, se niega a dar la cara, en un caso en el que aparece como el principal culpable.