Escándalo ERE: Chaves y Griñán, tocados

Gaspar Zarrías, José Antonio Griñán, Manuel Chaves y Mar Moreno | Foto: EFE

El Tribunal Supremo ha citado a declarar en el mes de abril, después de las elecciones autonómicas del día 22 de Marzo, a la plana mayor del PSOE de Andalucía que había solicitado su comparecencia para aclarar determinados extremos sobre el escándalo de los ERE. Entre los citados a declarar se encuentran los dos presidentes andaluces, Manuel Chaves y José Antonio Griñán y los consejeros de la Junta, José Antonio Viera, Gaspar Zarrias y Mar Moreno. Todos comparecerán como imputados, es decir acompañados de abogado, y de su declaración se deducirán si efectivamente salen imputados. En la actualidad, de acuerdo con las investigaciones judiciales son 227, el total de imputados por el caso de los ERE andaluces.

El caso de los ERE es, sin duda, el mayor escándalo de corrupción que, junto con el reparto de los fondos para la formación para el empleo, entre sindicatos, políticos, empresarios y ciudadanos privados, se ha dado en Andalucía en toda la historia de la Autonomía, gobernada por el PSOE desde 1980. El caso ERE que ha llevado la jueza Mercedes Alaya, con mano de hierro, acumulando imputados, investigaciones, Interrogatorios y diligencias, sin querer ceder en ningún momento a presiones para pasarlo a instancias superiores cuando han aparecido aforados (caso de los expresidentes de la Junta que han sido citados por el Supremo, o de consejeros de la misma Junta que también prestarán declaración, tras las elecciones del 22 de marzo) ha sido un desgaste para la actual Presidenta de Andalucía, aunque es verdad que ella no tiene ninguna responsabilidad en un escándalo que se desarrolló durante los mandatos de Manuel Chaves y de José Antonio Griñán, dos dirigentes socialistas que, además, llegaron a ser Presidentes del Partido.

La nombrada nueva presidenta de la Junta de Andalucía, Susana Díaz, por Griñán, aseguró el 14 de septiembre en una entrevista al periódico El País que le avergonzaba la corrupción “se llamase como se llamase. Sea ERE, Gürtel o Bárcenas”, y recordaba que cuando ostentaba el cargo de secretaria de Organización del PSOE-A, pidió perdón por el caso de los ERE, porque le causaba “dolor y vergüenza”, añadiendo que, como jefa del Ejecutivo andaluz, ahora y “siempre” pedirá perdón por el asunto.

La causa de los ERE, hay que buscarlas en un sistema que permitía rapidez en las ayudas, pero también corrupción generalizada. En el año 2001, después de los miles de despidos causados por las crisis industriales de los años noventa, la Junta de Andalucía, inició un procedimiento para respaldar económicamente tanto a empresas con problemas que presentasen expedientes de regulación de empleo (prejubilaciones o despidos), como a los trabajadores afectados por estos ERE. El objetivo era, mantener la paz social; y por otro, permitir a la Administración un mecanismo directo y eficaz de actuación ante conflictos laborales.

Hasta 2011, ese fondo había sido dotado con 721 millones de euros y, para su finalización, debería ampliarse hasta 1.217 millones. La Junta afirma que el procedimiento es legal, pero la oposición del Partido Popular lo niega, y mantiene que tanto el fondo como la utilización del dinero son irregulares. El procedimiento permitía rapidez en las ayudas, pero también opacidad y, por lo que la investigación ha ido revelando hasta ahora, una corrupción generalizada.

Tan generalizada que la jueza Alaya ha descubierto un supuesto “fondos de reptiles” en el que han aparecido prejubilaciones presuntamente “fraudulentas”, pagadas a personas que nunca habían trabajado en las empresas afectadas (12,3 millones de euros); subvenciones a empresas que no estaban presentando un ERE e, incluso, a personas que no llegaron a crear ninguna empresa (73,8 millones de euros) y comisiones, muy por encima del valor de mercado, a intermediarios entre la Junta y los trabajadores: aseguradoras, consultoras, bufetes de abogados y sindicalistas, (entre 50 y 68 millones). Todo eso habría constituido un fraude total de al menos 136 millones de euros que pueden llegar a 152 millones, sin descartar el pago de sobornos a cargos políticos de la Junta por parte de comisionistas.

Un auténtico despropósito y un fraude monumental del que no se han derivado por el momento, ningún tipo de responsabilidad política.