La infanta Cristina pone difícil el mensaje de Nochebuena del Rey

Cuarenta y ocho horas antes de que el nuevo rey Felipe VI pronuncie, en Nochebuena, su primer discurso de Nochebuena, en el que pretende pronunciarse sobre varios temas de actualidad, entre ellos temas relacionados con la Justicia y con la corrupción, el juez José Castro, que lleva cuatro años instruyendo el caso Nóos, en el que aparecen imputados la infanta Cristina, y sobre todo, su esposo Iñaki Urdangarin, ha decidido sentarla en el banquillo. Esta decisión judicial es algo inédito en la historia de la Monarquía española, ya que por primera vez, un miembro relacionado con la Familia Real tendrá que comparecer ante la Justicia y afrontar la posibilidad de ser condenada a ocho años como pide el sindicato Manos Limpias como acusación particular o, a cuatro años como solicita el juez Instructor, por dos delitos fiscales y blanqueo de capitales

En contra de los argumentos de la defensa de la infanta, la Fiscalía y la Abogacía del Estado, Castro ha considerado que la acusación popular que ejerce el sindicato Manos Limpias está legitimada para llevar a juicio, en solitario, a la hermana del Rey, para la que reclama 8 años de prisión. Es decir, el juez rechaza aplicar a la hermana del Rey la doctrina Botín, por la que la defensa de la Infanta solicitaba el sobreseimiento de la causa ya que ni la Fiscalía Antocorrupción -que se sumó a esa petición- ni la Abogacía del Estado, ni la parte perjudicada por los delitos presuntamente cometidos, la Agencia Tributaria, apuntan a la existencia de indicios criminales sobre Cristina de Borbón, aunque de hecho, su actuación haya causado unos efectos indudables en contra de la Hacienda pública, de los contribuyentes, y del Estado.

En el auto, el juez instructor hace un amplio análisis de por qué doña Cristina de Borbón debe sentarse en el banquillo de los acusados, se opone a la doctrina defendida por las otras partes, en tanto “Hacienda somos todos”, tira por tierra la ‘doctrina Botín’ del Supremo, y entiende que como Hacienda “somos todos”, existe un interés general y por tanto, se debe aplicar la ‘doctrina Atutxa’, una doctrina del Supremo que matiza la doctrina Botín por las primas únicas, por la que se permite llevar a juicio a una persona sólo con la acusación popular y aunque la Fiscalía y Abogacía del Estado no actúen.

En el auto el juez Castro le recuerda a la Fiscalía que la presunción de inocencia que tantas veces ha dicho que no se ha respetado para la Infanta, y que se ha aireado a los cuatro vientos que no existe en España, “no estriba en cerrar los ojos ante las sospechas que puedan darse sobre la comisión de un delito, sino continuar la investigación hasta que aquellas se desvanezcan o se tornen en indicios racionales”.

El juez Castro interpreta, con el respaldo del mandato de la Audiencia, que si la Fiscalía y Hacienda acusan por los mismos delitos a Urdangarin y a su socio Diego Torres e, incluso, a la esposa de Torres, no hay razón por la que no se pueda juzgar a la hermana del Rey. El magistrado sostiene y que si no prospera la acusación de doble delito fiscal, cabría declarar a la Infanta “partícipe a título lucrativo de los demás supuestos delitos” perpetrados por su marido “de los que su esposa haya podido lucrarse sin haber participado delictivamente en ellos”.

Castro pide que Urdangarin, a quien la Fiscalía le pide nueve años y medio de prisión, ya que hasta ahora no se ha llegado a ningún acuerdo de conformidad, le exige que deposite, en concepto de fianza de responsabilidad civil un total de 14.957.262 euros, y para su esposa reclama que pague 2.697.150 euros. El juez pide más de 90 millones de fianza en total por responsabilidad pecuniaria para las 17 personas que se sientan en el banquillo y cuyo juicio se abrirá probablemente a mediados de abril, en plena campaña electoral de las municipales y autonómicas.

Quien se sentará en el banquillo será la hermana del Rey, y no la Hija del Rey, aunque a pesar de todas las presiones se haya negado a renunciar a sus derechos a la Corona, unos derechos lejanos que están ahí, pero que por influencia de su marido, no ha querido prescindir por el momento de ellos. Sigue la presión institucional y durante estos meses de reinado, tanto el rey Felipe VI, como la reina Letizia, han hecho suficientes signos de alejamiento como para que se produzcan los menores daños colaterales posibles. Hasta ahora, han sido numerosos y suficientes.