Mas prepara su martirologio ante la querella criminal

Por el momento, el presidente de la Generalitat Artur Mas ha reaccionado de una forma muy vaga y prudente, a la decisión de la Fiscalía General del Estado, de presentar una querella ante el Tribunal Superior de Justicia de Cataluña (TSJC) contra él y contra dos de sus consejeros (la vicepresidente Joanna Ortega y la consejera de Educación Irene Riga) por cuatro delitos apreciados de forma indiciaria tanto por el propio fiscal general Eduardo Torres Dulce como por la Junta de Fiscales: desobediencia a la autoridad judicial, prevaricación continuada, malversación de fondos públicos y obstrucción a la Justicia, en relación con el sucedáneo de referéndum que se celebró el pasado 9 de Noviembre en Cataluña, a pesar de la prohibición expresa del Tribunal Constitucional.

El texto que presentó el miércoles Torres-Dulce anticipa, en gran medida, cómo será la querella que tendrá que ser examinada, tras ser presentada por el fiscal jefe de Cataluña, por la sala civil y penal del TSJ, una sala formada por cinco magistrados, presididos por Miguel Ángel Gimeno, que a su vez es el presidente del Tribunal Superior de Justicia de Cataluña desde 2010, cuando fue promocionado por el sector progresista del Consejo General del Poder Judicial en los tiempos de Cardos Divar.

En la querella se hará constar, según la redacción que ya está haciendo la Secretaria Técnica de la Fiscalía General, las actuaciones de la Generalitat, el mantenimiento de su página web sobre la consulta, el uso que se ha hecho de los colegios públicos para la votación, el nombramiento de la Comisión de control para ese 9 de Noviembre, las sucesivas llamadas a la participación y otros iniciativas que indican una clara desobediencia a lo ordenado por el Tribunal Constitucional y de otros delitos, entre ellos, la malversación de caudales públicos.

Dada la gravedad de la querella con la que el Fiscal General del Estado ha intentado restaurar la legalidad y el cumplimiento de la Ley (y en ese cumplimento de la ley, no puede haber excepciones sobre todo cuando afecta a la propia Constitución) sorprende la débil reacción del señor Mas que, al fin y al cabo, es el representante del Estado en Cataluña y es el primero que tiene que cumplir las leyes que le permiten ejercer la Presidencia de la Generalitat. Mas este jueves se ha limitado a expresar su decepción porque la reacción al intento de la Generalitat de escuchar la opinión del pueblo catalán, sea la actuación de los Tribunales y la Fiscalía.

Es probable que quiera conocer el texto de la querella o que quiera convertir el acto convocado para el día 25 donde piensa dar a conocer su nueva hoja de ruta en unos momentos en los que por la falta de apoyo de Esquerra y del PSC, puede verse obligado a una convocatoria electoral, una hoja de ruta en la que incluirá el martirologio de su necesaria comparecencia en los Tribunales como imputada de delitos de desobediencia, malversación de caudales públicos, obstrucción a la justicia y prevaricación continuada.

En su lugar, ha sido la vicepresidenta Ortega, de Unió, la que ha dado las pistas por dónde irá el martirologio: pedimos diálogo por carta y nos contestan con una querella criminal por escrito, cada vez nos empujan más fuera de España… Quieren inhabilitar a Mas y, en efecto así será, si lo estima la sala Civil y Penal que lo imputara en los próximos días. Que no facilita el diálogo, cada vez más imposible entre el Gobierno central y la Generalitat es evidente, pero también es evidente que la ley está para cumplirla y no se puede hacer ostentación de su incumplimiento, pensando que es el Gobierno el que no hace nada para defender esa legalidad, que es, al fin y al cabo, lo que se ha instalado en grandes sectores de la ciudadanía en Cataluña y en el resto de España.