Cataluña y la comedia de enredo de los fiscales

Diez días después del sucedáneo de consulta celebrada en Cataluña, presentada fuera de España como la prueba de que el pueblo catalán es partidario del derecho a decidir y en un importante porcentaje se muestra favorable a su escisión de España para convertirse en estado independiente, la situación es más complicada ahora, después del 9N que antes del 9N, a pesar de que se nos prometió que veinticuatro horas después de la jornada reivindicativa las aguas volverían a su cauce, y estaríamos ante una nueva situación.

¿Qué ha pasado que las aguas no han vuelto a su cauce?, y que la nueva situación en la que estamos es mucho peor que antes y que las aguas están a punto de desbordarse con unos efectos devastadores en la opinión pública, en el Gobierno, en el Partido Popular en Cataluña, en los fiscales del Tribunal Superior de Cataluña, en la Fiscalía General del Estado y, en la escena internacional, sorprendida por lo que está pasando en España y que les está llevando al argumento de que hay que dejar votar a los catalanes, aunque eso vaya en contra de la Constitución.

Es la tesis del muy influyente semanario The Economist, que después de lamentar la tragedia que sería para España como país, la escisión de Cataluña (a la que puede seguir Euskadi y Galicia), con el peligro que supone de riesgo evidente en lo que es la misma existencia de España. Sin embargo, es la tesis de The Economist, el vacío de propuestas del Ejecutivo nacional es tan notorio y patente, que el semanario que no apoya el independentismo, que no cree que una consulta produciría el efecto contrario al perseguido por el frente soberanista. Dice que esa sería la manera de parar las pulsiones secesionistas, porque en caso de que se produjera dicha votación legal, la mayoría de los catalanes optaría por mantenerse dentro de España. Paralelamente, entiende que Rajoy debería hacer algún tipo de oferta para desmovilizar el independentismo. Concretamente, habla de un acuerdo de carácter fiscal y de algún tipo de reforma de la Constitución, poniendo el ejemplo del federalismo alemán. “Con un gobierno imaginativo en el centro, Catalunya podría votar quedarse con España”.

Pero la tragedia es que diez días después del desafío de Artur Mas y de su mensaje chulesco dirigido a la Fiscalía reconociendo que el responsable del 9N y de su puesta en escena, es él, la política y la palabra del Presidente del Gobierno han quedado en entredicho; el Partido Popular de Cataluña ha perdido gran parte de su credibilidad ante su militancia y ante sus electores; el Tribunal Constitucional ha sido incapaz de que se cumplieran dos de sus prohibiciones, ya que ni siquiera se atrevió a advertir previamente, como le había pedido la Abogacía del Estado al Presidente de la Generalitat que si no obedecía, podría ser responsable de un delito castigado con la inhabilitación; los fiscales de Cataluña se han negado a presentar una querella por desobediencia, prevaricación y malversación de fondos públicos, enfrentándose directamente con el Fiscal General del Estado que, presionado por el Gobierno, tenía por misión sacarles las castañas del fuego a quienes, durante meses habían sido incapaces de elaborar un Plan para impedir lo que habían prometido, hasta la saciedad, al país. El 9 de Noviembre se actuó como normalmente se actúa en los registros: se tomó nota simplemente de algo que nunca debió producirse.

La comedia de enredo en que se ha convertido, para desprestigio del país, la actuación de los fiscales, tiene su tercer acto este miércoles en Madrid con la convocatoria que el fiscal general Eduardo Torres Dulce ha realizado de la Junta de Fiscales de Sala (el generalato de la carrera) y que jurídicamente se interpreta como la aplicación de un “mecanismos de corrección” previsto ante las discrepancias jurídicas detectadas entre la Fiscalía de Catalunya y la Fiscalía General del Estado. La postura de la Junta de Fiscales de Sala es, en todo caso, no vinculante, y la decisión última dependerá de Eduardo Torres Dulce, que trata con esta reunión, de obtener el respaldo de la cúpula del Ministerio Público en una actuación que ha merecido el rechazo, por unanimidad de la totalidad de los fiscales del Tribunal Superior de Justicia de Cataluña. Fuentes de la carrera fiscal aseguran que, si la Junta se opusiera a la acción penal, Torres Dulce, a pesar de las presiones del Gobierno desistiría de la presentación de la querella contra Mas y tres de sus colaboradores.