Una reforma constitucional, antes de llegar a viejo

El Partido Popular ha acogido con frialdad y desconfianza la propuesta del secretario general del PSOE, Pedro Sánchez, de que se afronte cuanto antes una reforma de la Constitución. Ante el plan expuesto por el nuevo secretario general de Podemos, el recién elegido Pablo Iglesias, de que el objetivo principal del nuevo partido, es abrir el candado de 1978, y, terminar con la Constitución actual, que es la que ha proporcionado al país el mayor periodo de paz y de prosperidad de los últimos siglos, y ante el miedo del actual partido en el poder de abrir un melón de consecuencias imprevisibles, el dirigente socialista, con el visto bueno de todos los barones, ha lanzado la idea en una Convención celebrada en Zaragoza, de que se forme, cuanto antes, una Comisión especial integrada por expertos dentro de la Comisión Constitucional del Congreso de los Diputados, para afrontar, estudiar, y debatir, una reforma de la Constitución.

Simultáneamente Sánchez ha pedido al presidente del Gobierno, Mariano Rajoy, y a los partidos políticos la convocatoria de esa Comisión Constitucional del Congreso para comenzar ya el debate de la reforma de la Carta Magna y avanzar hacia un modelo federal, al tiempo que le ha reclamado que organice, de modo urgente, la conferencia de presidentes autonómicos, para impulsar medidas de regeneración democrática en todas las instituciones, revisar el sistema de financiación y reactivar la economía.

La propuesta de Sánchez, incluida en los llamados “papeles de Zaragoza” no aporta muchos datos sobre esa reforma constitucional, salvo la petición formal de la supresión del Título VIII de la Carta Magna (de la Organización Territorial del Estado), actualmente superado, y que debería substituirse por la enumeración de las competencias del Estado Central, de las Autonomías, e incluso, de las Administraciones locales. Es más, en algunos casos, hay la propuesta de blindar esas competencias en las Autonomías.

Aunque es verdad que las propuestas socialistas son vagas, debido quizás al temor de los que las proponen, de que se quemen antes siquiera de que puedan alcanzar un consenso mínimo, hay que señalar que dada la gravedad de la situación en la que se encuentra el país, dado el grado de deterioro que están sufriendo las instituciones, y conocidos, desde el fin de semana, los planes de Podemos de terminar y hacer tabla rasa de la Constitución de 1978, que el próximo mes de diciembre cumplirá 36 años, la propuesta socialista es, en principio, lo más razonable que se puede hacer si, además, se contempla el paisaje catalán, cada vez más radicalizado y más peligroso, y situado de nuevo, en un camino sin aparente salida.

Probablemente, se llega demasiado tarde y la larga y profunda crisis económica que ha puesto de manifiesto, con toda crudeza, las profundas contradicciones del sistema, ha ido devorando unos intentos de reforma que debieron realizarse en época de bonanza económica, cuando todavía una mayoría abrumadora de la ciudadanía se sentía orgullosa de la Constitución, de los avances que se habían producido, y de ese fenómeno político que se sigue estudiando como ejemplo de comportamiento cívico, en todo el mundo, y que se conoce como Transición.

Ahora, quienes la defienden, reconociendo que fue fruto de una época, y realizada con los condicionantes de esa época, son (somos) “viejos de corazón”, dándole a la expresión, como al término “casta”, todo el sentido peyorativo, e incluso ofensivo y descalificatorio, de la expresión que se echa a la cara casi como insulto. Decía Quevedo, con una cierta amargura, que “todos deseamos llegar a viejos, y todos negamos que hayamos llegado”. Lo terrible es haber llegado a viejo mucho antes de lo previsto, sin desearlo y al final, sin siquiera saberlo”.