9N: un referéndum de juguete, y un Gobierno también de juguete

Este domingo 9 de noviembre a las ocho de la tarde-noche terminó lo que ha sido un simulacro de referéndum, un referéndum de juguete, sin las mínimas garantías de legalidad, y presentado como un “proceso de participación ciudadana” que indica solamente que algo más de dos millones de catalanes, casi los mismos que han participado en las tres últimas Diadas, los mismos que han venido votando a los partidos independentistas, quieren manifestar su opinión sobre el futuro de Cataluña, y sobre su eventual separación de España, para formar un Estado independiente.

Una consulta de juguete con la que ha tenido que enfrentarse también, un Gobierno de juguete, que ha venido prometiendo al país, a lo largo de casi un año, que en Cataluña no habría ningún tipo de consulta, que para que no la hubiese se había acudido, en dos ocasiones, al Consejo de Estado, y al Tribunal Constitucional, para demostrar que la ley está para cumplirla y que , una vez conseguida la prohibición del Constitucional, ese mismo Gobierno, se ha asustado y se ha visto sin fuerzas para hacer cumplir la Ley.

Hace 72 horas este cronista adelantaba que el llamado “proceso de participación ciudadana” se llevaría a cabo, dijese lo que dijese el Constitucional, porque dada la situación de extrema debilidad en la que se encuentra el Presidente del Gobierno, asediado por los casos de corrupción (el último, el caso del presidente extremeño José Antonio Monago, visitante asiduo de su novia en Santa Cruz de Tenerife, con los fondos económicos del Senado, y que  tarde o temprano, tendrá que salir de la Presidencia, a pesar del sorprendente apoyo de Rajoy) y por la situación general de su partido, no estaba en condiciones de afrontar un nuevo conflicto en Cataluña, para hacer cumplir, simplemente, las leyes que ordenan la convivencia.

De forma que han hecho el ridículo, a pesar de la participación en la jornada del 9N de dos millones de catalanes que no se merecen el cambalache en el que le han metido, el gobierno del señor Mas, el gobierno del señor Rajoy, la Fiscalía General del Estado, y todos los que han permitido que se llegara al extremo que se ha llegado, en lo que supone un auténtico desafío al Estado, según el análisis que hacen de la situación los principales medios de difusión de medio mundo. Lo que el Gobierno catalán y su Presidente han hecho, es echar un pulso al Estado y, es evidente, que lo han ganado, aunque el sucedáneo de consulta de este domingo haya sido un experimento inútil que no tiene validez, pero que tiene un valor testimonial. Una votación que no sirve para nada, según asegura Le Monde porque los partidarios del “No”, los dudosos, los numerosos andaluces que trabajan en Barcelona no hayan salido el domingo para una votación sin valor jurídico, que podría ensombrecer la propia idea de la elección de la independencia ante el resto de los españoles y de forma que han hecho el ridículo.

Horas después de que se diesen las urnas por cerradas, el presidente de la Generalitat Artur Mas, ha salido a dar la cara para advertir al Gobierno que el Estado debe tomar nota de lo ocurrido, ya que los ciudadanos han demostrado que “Catalunya quiere gobernarse a sí misma” y que se trata de “una aspiración que viene de hace muchos siglos, pero que se mantiene intacta”.

Por otra parte en un mensaje en inglés y francés ha reclamado ayuda a los gobiernos del mundo para que se reconozca el derecho a decidir de los catalanes. “Como Quebec y como Escocia, Catalunya también quiere decidir su futuro político. Cualquier nación tiene ese derecho. Ayuden al pueblo catalán a elegir su futuro político”. Frente a esa proclama, el silencio del Gobierno es tan clamoroso que, ni siquiera el Presidente del Gobierno se ha atrevido a comparecer en público para hacer una valoración de la jornada, algo que viene a ser la norma de actuación en el comportamiento de Mariano Rajoy. Lo ha hecho , eso sí, para salir del paso, un recién llegado, el ministro de Justicia Rafael Catalá que se ha limitado a decir una obviedad: que el proceso se ha llevado a cabo al margen de cualquier marco jurídico… y con unos resultados abrumadores para la independencia (algo más de un 80%), un escaso 10% a favor de seguir integrada en España y un No a ambas cuestiones un 4,55%.